Olimpia, Ingrid, Matilde y Malena son mujeres mexicanas que tienen una cosa en común: las cuatro sufrieron violencia de género y, gracias a la lucha feminista y al activismo, hoy sus nombres respaldan leyes que protegen intereses y derechos específicos de mujeres en México.
Olimpia Coral Melo, que en 2021 fue considerada una de las mujeres más influyentes del mundo según la revista Time, impulsó en México una ley que tipifica y castiga la violencia digital, que incluye principalmente la difusión de material íntimo sin consentimiento.
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Coral Melo, originaria de Puebla, fue víctima de esta violencia cuando tenía 18 años, pues material íntimo de su persona fue difundido sin consentimiento; cuando acudió al Ministerio Público a denunciar, sólo le respondieron que no había delito que perseguir.
La “Ley Olimpia” es en realidad un conjunto de reformas legislativas que vieron la luz en 2018, puede ser aplicada actualmente en 29 estados del país a personas de cualquier género y se busca que sea replicada en otras partes de Latinoamérica.
Por otra parte, el caso de Ingrid Escamilla fue la razón por la que se impulsó la “Ley Ingrid” creada para detener la divulgación de las fotografías de los cuerpos de las víctimas de asesinato, esto después de que los medios de comunicación mostraran imágenes de quien fue víctima de feminicidio en la Ciudad de México en 2020.
La divulgación masiva de las imágenes filtradas del expediente de la Fiscalía capitalina conmocionó a la sociedad, por lo que se exigió que fueran eliminadas; en respuesta a esto, la propia dependencia de seguridad impulsó una serie de reformas que busca, entre otras cosas, tipificar conductas que vulneren los derechos de las víctimas.
La “Ley Ingrid” también corresponde a una serie de reformas que busca evitar la exposición de las personas ante los medios y de esta forma, proteger la dignidad de las víctimas y sus familiares.
Recientemente fue invalidada en el Congreso del Estado de México por ambigüedad en la redacción que podría vulnerar el derecho a la libre expresión, pero actualmente se encuentra aprobada en Ciudad de México, Oaxaca y Colima.
Ambos casos han servido como ejemplo para que más reformas sean impulsadas en pro de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, como es el caso de la “Ley Malena”, promovida por la diputada Aurora Sierra y aprobada en el Congreso de Puebla, que tipifica las agresiones con ácidos o sustancias corrosivas contra mujeres como tentativa de feminicidio, lo cual implica una pena de 20 a 40 años de prisión.
Fue llamada así en honor la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue agredida con ácido en 2019 por órdenes de su expareja, el exdiputado Juan Vera Carrizal, quien al momento no ha recibido una sentencia a pesar de ser el autor intelectual del delito.
Del mismo modo, la “Ley Matilde” está saliendo a la luz al ser promovida recientemente por la diputada federal del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar quien padeció la muerte de su madre a causa de un feminicidio, el cual no fue investigado.
En este caso, dicha iniciativa que fue nombrada así en honor a su madre, Matilde Gil, buscaría responsabilizar a las fiscalías por las omisiones cometidas en las investigaciones de feminicidios.
De esta forma, las historias de distintas mujeres han sido el impulso para que otras puedan recibir justicia, todo esto, bajo un contexto en el que la lucha feminista permea de manera insistente en México.
