/ miércoles 26 de mayo de 2021

México no cuenta con Ley de Carrera Judicial: México Evalúa

Si bien existen algunos reglamentos o acuerdos en la materia, ninguna entidad cuenta con esta Ley, indispensable para la correcta impartición de justicia

En México, si bien los poderes judiciales han emitido algunos reglamentos o acuerdos específicos en la materia, ninguna de las 32 entidades federativas cuenta con una ley de carrera judicial, indispensable para la impartición de justicia, señaló la organización México Evalúa.

Por ello, para fortalecer y consolidar la carrera judicial en el país, la organización elaboró 20 recomendaciones con las que buscan, principalmente, tener la certeza de que las personas que imparten justicia cuentan con un perfil idóneo para hacerlo.

“Vamos a tener buenos jueces haciendo su trabajo cuando se seleccionen, se promuevan y se premien de acuerdo a sus competencias y desempeño. Cuando la carrera judicial se asiente en un marco legal pertinente y se desarrollen políticas para su buen funcionamiento. Cuando los Consejos de la Judicatura –algunos ya lo hacen– asuman esta función a cabalidad, reconociendo la enorme relevancia que tienen”, señaló Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

Por su parte, Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa, señaló que la importancia de hablar del tema radica en la reciente aprobación de una reforma al Poder Judicial, que contiene, entre otras cosas, una Ley de Carrera Judicial, misma que debe contar con un asiento legal sólido, articularse desde una política integral y evaluarse periódicamente.

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“Es importante decir que, si queremos que la labor judicial se desarrolle de manera independiente y eficiente, lo cual es la clave para el fortalecimiento de la administración de justicia en el Estado de derecho, los funcionarios judiciales deben ser seleccionados, promovidos, capacitados, evaluados, adscritos y removidos, en caso de ser necesario, mediante mecanismos claros y transparentes”, indicó.

Uno de los principales hallazgos del estudio hace referencia a los procesos de designación de magistrados, mismos que en su mayoría “se realizaron con un amplio margen de discrecionalidad y opacidad”. A nivel nacional solo 10 estados tienen alguna evaluación de méritos para los candidatos a magistrado, situación que se agrava tomando en cuenta que en todos los casos la designación se realiza con la intervención del Poder Legislativo y a veces hasta del Ejecutivo.

Por ello la organización recomendó que la evaluación de estos debe abarcar todos los puestos jurisdiccionales, obtenerse mediante cursos-concursos de oposición públicos y abiertos, y que estos criterios de evaluación sean pertinentes y vinculados con la función del cargo. Además, deben incluir mecanismos para valorar la integridad de los funcionarios, ser confiables, transparentes y recurrentes.

Por otro lado, respecto a la capacitación de los magistrados, el estudio arrojó que no todos los programas de capacitación cumplen con el objetivo de profesionalización y existen diversos obstáculos para ejercerlos, sumado al hecho de que no hay una evaluación del impacto de las capacitaciones. Por ello recomendaron que la evaluación y capacitación vayan de la mano y sean accesibles.

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Estas recomendaciones fueron realizadas a partir de un análisis basado en una revisión normativa en los 32 poderes judiciales del país, y cuatro estudios de caso en los poderes judiciales de Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Yucatán, mismos en los que se encontró que la carrera judicial ha tenido un impacto positivo en la profesionalización de los funcionarios judiciales, aseguró la organización.



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En México, si bien los poderes judiciales han emitido algunos reglamentos o acuerdos específicos en la materia, ninguna de las 32 entidades federativas cuenta con una ley de carrera judicial, indispensable para la impartición de justicia, señaló la organización México Evalúa.

Por ello, para fortalecer y consolidar la carrera judicial en el país, la organización elaboró 20 recomendaciones con las que buscan, principalmente, tener la certeza de que las personas que imparten justicia cuentan con un perfil idóneo para hacerlo.

“Vamos a tener buenos jueces haciendo su trabajo cuando se seleccionen, se promuevan y se premien de acuerdo a sus competencias y desempeño. Cuando la carrera judicial se asiente en un marco legal pertinente y se desarrollen políticas para su buen funcionamiento. Cuando los Consejos de la Judicatura –algunos ya lo hacen– asuman esta función a cabalidad, reconociendo la enorme relevancia que tienen”, señaló Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

Por su parte, Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa, señaló que la importancia de hablar del tema radica en la reciente aprobación de una reforma al Poder Judicial, que contiene, entre otras cosas, una Ley de Carrera Judicial, misma que debe contar con un asiento legal sólido, articularse desde una política integral y evaluarse periódicamente.

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“Es importante decir que, si queremos que la labor judicial se desarrolle de manera independiente y eficiente, lo cual es la clave para el fortalecimiento de la administración de justicia en el Estado de derecho, los funcionarios judiciales deben ser seleccionados, promovidos, capacitados, evaluados, adscritos y removidos, en caso de ser necesario, mediante mecanismos claros y transparentes”, indicó.

Uno de los principales hallazgos del estudio hace referencia a los procesos de designación de magistrados, mismos que en su mayoría “se realizaron con un amplio margen de discrecionalidad y opacidad”. A nivel nacional solo 10 estados tienen alguna evaluación de méritos para los candidatos a magistrado, situación que se agrava tomando en cuenta que en todos los casos la designación se realiza con la intervención del Poder Legislativo y a veces hasta del Ejecutivo.

Por ello la organización recomendó que la evaluación de estos debe abarcar todos los puestos jurisdiccionales, obtenerse mediante cursos-concursos de oposición públicos y abiertos, y que estos criterios de evaluación sean pertinentes y vinculados con la función del cargo. Además, deben incluir mecanismos para valorar la integridad de los funcionarios, ser confiables, transparentes y recurrentes.

Por otro lado, respecto a la capacitación de los magistrados, el estudio arrojó que no todos los programas de capacitación cumplen con el objetivo de profesionalización y existen diversos obstáculos para ejercerlos, sumado al hecho de que no hay una evaluación del impacto de las capacitaciones. Por ello recomendaron que la evaluación y capacitación vayan de la mano y sean accesibles.

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