El Gobierno de México no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave indispensables para lograr la eliminación de la trata de personas en el país, concluyó el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en su último informe sobre Tráfico de Personas 2021.
De acuerdo con la instancia estadounidense, si bien las autoridades mexicanas obtuvieron más condenas, estas no proporcionaron datos completos sobre los esfuerzos de enjuiciamiento, lo que se suma al hecho de que no procesó ni condenó a ningún funcionario público por complicidad en delitos de trata.
Además, especificó que “la corrupción relacionada con trata siguió siendo motivo de preocupación. Algunos funcionarios del gobierno se confabularon con los traficantes o participaron en delitos de trata”.
También concluyó que el gobierno mexicano tomó medidas limitadas para investigar y enjuiciar los delitos de trabajo forzoso. Un ejemplo de ello es que el gobierno identificó que los estados de Veracruz, Tlaxcala y Guerrero tenían una alta prevalencia de trata, pero las autoridades de estos estados no condenaron a ningún traficante en 2020.
Además, aseguró que no asignó fondos de asistencia a las víctimas requeridos por la Ley, lo que se sumó al hecho de que empleó de manera sistemática un enfoque centrado en las víctimas, por lo que los servicios generales para ellas fueron inadecuados.
Finalmente, respecto a las prácticas de contratación fraudulenta, el gobierno estadounidense concluyó que estas continuaron siendo generalizadas, lo que se mantuvo debido a que las autoridades mexicanas no tomaron medidas para responsabilizar a los reclutadores o agentes laborales.
Pese a lo anterior, el informe reconoció que México está haciendo “esfuerzos importantes” para eliminar el delito de trata de personas a pesar de las limitaciones de la pandemia por el Covid-19, razón por la cual permaneció en Nivel 2.
Estos esfuerzos incluyeron el aumento de acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recopilar inteligencia en apoyo de las investigaciones y enjuiciamientos de la trata de personas, lo que “condujo a la emisión de órdenes de arresto para presuntos traficantes en varios estados”.
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También reconoció que el gobierno arrestó a dos exfuncionarios públicos por presunta complicidad en dos casos de trata de personas que las autoridades no abordaron durante varios años, en una clara alusión a Mario N., exgobernador de Puebla acusado de mandar a torturar a la periodista Lydia Cacho, y Cuauhtémoc N. exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, ambos acusados por el delito de trata de personas.
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