El Gobierno de México ha emprendido medidas para reducir los casos de maltrato a detenidos, aunque "queda mucho por hacer para que la tortura y otros tratos crueles sean erradicados", admitió hoy en Ginebra la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado.
En el primer día del examen periódico de este país ante el Comité contra la Tortura de la ONU, Delgado aseguró que el nuevo Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador no es ajeno a "las condiciones que enfrentan las personas privadas de su libertad en México y la falta de sanciones efectivas para quienes cometen tortura".
Además, "escuchamos inquietudes manifestadas por la conformación de la Guardia Nacional", nuevo cuerpo de elite propuesto por López Obrador que algunos grupos de derechos humanos ven con temor, ya que consideran que puede militarizar aún más las fuerzas de seguridad y con ello aumentar los abusos a los detenidos.
Sobre esta controversia, Delgado señaló al comité que durante la reciente visita a México de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se firmó un acuerdo entre su oficina y el Gobierno mexicano para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación de este cuerpo.
Ante las acusaciones de que la Ley General contra la Tortura, en vigor desde 2017, no se aplica todavía en buena parte de México, la representante de la Cancillería argumentó "dificultades en materia de coordinación y homologación de políticas" debido a la estructura federal del país, con amplia autonomía para cada estado.
Desapariciones forzadas
Delgado prometió que el Gobierno de México trabajará para la adopción general de esta ley como uno de los pilares fundamentales para reducir la tortura, y otra herramienta será "la transición de una Procuraduría General de la República, dependiente del Poder Ejecutivo, a una Fiscalía General con plena autonomía".
En el turno posterior de preguntas, el presidente del Comité contra la Tortura, Jens Modvig, recordó que estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informaron de 7 mil 869 denuncias por tortura y que en ellas el perpetrador más frecuente era la misma Procuraduría General.
También aludió a los casos de desapariciones forzadas -un drama que con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 generó una amplia condena internacional- y señaló que según el Ministerio del Interior de México todavía se desconoce el paradero de 37 mil 400 personas desaparecidas desde 2006.
Destacó que incidentes similares continúan produciéndose, como la desaparición el pasado año de una treintena de personas en Nuevo Laredo (noreste), por lo que "preocupa que el Estado (mexicano) no haya logrado investigarlo, y sobre todo los limitados esfuerzos de búsqueda".
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En el examen periódico, que concluye mañana viernes, un centenar de organizaciones de derechos humanos mexicanas presentarán un informe en el que se denuncian múltiples abusos cometidos por el Estado mexicano entre 2012 y 2019, especialmente en detenciones realizadas por el Ejército y la Marina.
El documento denuncia que un 86 % de los detenidos por el Ejército que fueron encuestados por los autores del informe dijeron haber sido torturados, y un 41 % de las mujeres detenidas por la Marina dijeron haber sido víctimas de violación.
También lamenta la impunidad de esos abusos de los derechos humanos, ya que de las 8 mil 335 investigaciones abiertas desde 2015 la Procuraduría mexicana sólo ha presentado cargos en 17 casos.
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