Los más de 40 mil policías militares y navales que conformarán la Guardia Nacional estarán facultados para intervenir comunicaciones y desarrollar actividades de espionaje en delitos como, trata de personas, lavado de dinero, tráfico de drogas, extorsión, homicidio, secuestro, robo de autos, entre otros.
Para su óptimo funcionamiento, en operaciones encubiertas de inteligencia, sus integrantes serán rigurosamente seleccionados a través de procesos de evaluación de control, de confianza, por lo que se prohibirá el ingreso de elementos penalmente condenados, sujetos o vinculados a procesos penales, con orden de aprehensión, presentación o comparecencia a cuesta. Tampoco aquellos que sean consumidores de narcóticos, que fueran removidos como servidores públicos o de alguna otra institución de seguridad pública, no solo de policía, sino también de centros de readaptación social.
De acuerdo al proyecto de iniciativa de Ley de la Guardia Nacional elaborado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, enviada al Senado para su discusión y aprobación, la ausencia de estos controles de confianza, hizo posible que algunas instituciones de policía se viera integradas y dirigidas por personas cuestionadas en su vocación de servicio público, por decir lo menos.
El nuevo ordenamiento a discutirse, también faculta a los elementos de la Guardia a cumplir con órdenes de aprehensión y a realizar operaciones encubiertas de inteligencia en las 266 regiones del país, donde el reto radica principalmente en atender tres puntos principales.
El primero, el sentir legítimo y el hartazgo de la sociedad, su indignación y reclamo ante la inseguridad que impera en el país. Hacerle frente con honestidad y sensibilidad.
El segundo, combatir la corrupción y la impunidad, particularmente en el ámbito de la seguridad, ya que la actividad criminal basa sus acciones bajo la protección de algún cuerpo de seguridad. Y finamente, trascender diferencias políticas con el objetivo de trabajar juntos en seguridad, en el que no se centren las diferencias políticas e ideológicas propias de una democracia. A la par de la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional, también la acompañan las leyes secundarias del Uso de la Fuerza y el Registro Nacional de Detenidos, y adecuaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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