/ lunes 6 de enero de 2020

Ministro propone que Pemex se haga cargo de reparar daños a la ecología

Plantean que la empresa del Estado repare deterioros por derrames causados por los huachicoleros

El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá propone que Petróleos Mexicanos (Pemex) se haga cargo de reparar los daños ecológicos que cause el derrame de combustible de sus ductos, aun cuando éstos hayan sido originados por actividades delictivas de terceros, como es el caso de los huachicoleros.

El proyecto de sentencia de amparo, elaborada por el ministro González Alcántara Carrancá, va en contrasentido a lo que aprobó la Segunda Sala en 2017, donde se eximió a Petróleos Mexicanos del pago de daños por el derrame de gasolina producto de una extracción ilegal del combustible.

En esa ocasión, la Sala traslado a las autoridades de seguridad pública la responsabilidad de prevenir la comisión del robo de hidrocarburos y en su caso realizar la investigación y persecución de los responsables, y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la reparación ‘‘subsidiaria’’ del daño ecológico causado.

El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá se refiere al amparo directo 26/2019, sobre la omisión en que habría incurrido Pemex para llevar a cabo las medidas correctivas determinadas por la autoridad ambiental, con motivo del derrame de combustible ocasionado por una toma clandestina en un poliducto de Culiacán, Sinaloa.

Se trata de un derrame provocado por huachicoleros en 2015, que afectó 48 metros cuadrados de un terreno en proceso de urbanización, cercano al fraccionamiento Valle Alto, cuya contaminación ponía en riesgo los asentamientos humanos vecinos.

Alcántara Carrancá propone revisar este criterio y argumenta que Pemex debe asumir en estos casos su parte de responsabilidad, pues el carácter de empresa productiva del Estado no es motivo suficiente para soslayar el mandato constitucional de preservar el medio ambiente y acatar las disposiciones emitidas por las autoridades competentes en la materia.

Para que la SCJN cambie de criterio en este tema, será necesario que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá cuente con cuando menos tres votos de los cinco ministros de la primera sala.

El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá propone que Petróleos Mexicanos (Pemex) se haga cargo de reparar los daños ecológicos que cause el derrame de combustible de sus ductos, aun cuando éstos hayan sido originados por actividades delictivas de terceros, como es el caso de los huachicoleros.

El proyecto de sentencia de amparo, elaborada por el ministro González Alcántara Carrancá, va en contrasentido a lo que aprobó la Segunda Sala en 2017, donde se eximió a Petróleos Mexicanos del pago de daños por el derrame de gasolina producto de una extracción ilegal del combustible.

En esa ocasión, la Sala traslado a las autoridades de seguridad pública la responsabilidad de prevenir la comisión del robo de hidrocarburos y en su caso realizar la investigación y persecución de los responsables, y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la reparación ‘‘subsidiaria’’ del daño ecológico causado.

El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá se refiere al amparo directo 26/2019, sobre la omisión en que habría incurrido Pemex para llevar a cabo las medidas correctivas determinadas por la autoridad ambiental, con motivo del derrame de combustible ocasionado por una toma clandestina en un poliducto de Culiacán, Sinaloa.

Se trata de un derrame provocado por huachicoleros en 2015, que afectó 48 metros cuadrados de un terreno en proceso de urbanización, cercano al fraccionamiento Valle Alto, cuya contaminación ponía en riesgo los asentamientos humanos vecinos.

Alcántara Carrancá propone revisar este criterio y argumenta que Pemex debe asumir en estos casos su parte de responsabilidad, pues el carácter de empresa productiva del Estado no es motivo suficiente para soslayar el mandato constitucional de preservar el medio ambiente y acatar las disposiciones emitidas por las autoridades competentes en la materia.

Para que la SCJN cambie de criterio en este tema, será necesario que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá cuente con cuando menos tres votos de los cinco ministros de la primera sala.

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