Marielle N, esposa de Emilio N, recibió un revés por el Poder Judicial de la Federación luego que la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, le negó un amparo en contra de la orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa relacionados con el caso de Odebrecht.
Robledo Magaña argumento que el acto reclamado es debidamente fundado y motivado, ya que para su emisión, en el sistema penal acusatorio y oral, ya no es necesario ni se exige la acreditación de la existencia del cuerpo del delito y su probable responsabilidad, sino que sólo es necesario establecer que se ha cometido un delito.
En su decisión, la impartidora de justicia, refirió que tampoco le asiste la razón a la cónyuge del exdirector de Pemex, quien argumentó que la orden de aprehensión viola el principio de presunción de inocencia.
Es decir, -explico- el objeto de un mandamiento de captura, el cual si bien restringe la libertad de la persona, esta es provisional y tiene la finalidad de conducirla al proceso, por lo cual no es necesario un citatorio y orden de comparecencia, para que en la audiencia inicial y ante la presencia judicial, la fiscalía le informe el hecho atribuido, su clasificación jurídica y los datos de prueba que sustentan la imputación.
Contra Hellene N y Gilda N, hermana de Emilio N, pesan acusaciones de formar parte de una red de lavado de dinero, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que hay órdenes de aprehensión en contra de ellas.
Las investigaciones señalan que el 5 de agosto de 2013 hubo una transferencia de un millón 200 mil dólares como parte del pago por la adquisición del bien inmueble ubicado en territorio nacional, la cual fue adquirida mediante un fideicomiso, por ser una propiedad en litoral mexicano, por un precio total de un millón 900 mil dólares.
Este caso tiene que ver con los supuestos pagos que representantes de Odebrecht le dieron a Lozoya Austín a cambio de contratos, dinero que asciende a seis millones de dólares, para obtener resultados favorables en la adjudicación del contrato para el aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo, conocido como Tula.
El 28 de enero de 2014, se emitió el dictamen de adjudicación directa y el contrato de obra pública por la cantidad de un billón 436 millones 398 mil pesos.
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