No existe voluntad o intención de los gobiernos federal y estatales por hacer que la libertad de expresión se garantice a través de una política de Estado, advierte Artículo 19, que señala al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por hacer de su palabra “un instrumento y un arma de gobierno”.
En el informe anual Disonancia: voces en disputa, de la organización que lidera Ana Cristina Ruelas en México, se da cuenta que a un año de la entrada del gobierno morenista al poder se registraron 609 agresiones contra periodistas, de las cuales 10 fueron asesinatos.
Esto es, un aumento del 12 por ciento a lo ocurrido en el año 2018, en el que acontecieron 544 ataques y casi el 100 por ciento respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, donde sucedieron 330 agresiones para el gremio periodístico.
“’Lo feo’ es que este gobierno cuenta con todas las herramientas legales e institucionales, así como con el apoyo del pueblo y, aun así, hasta hoy, en lo que respecta a justicia, parece que ha optado por quedarse a la mitad del camino, en una justicia a medias, por cambiar de a poco y para unos cuantos. Y por el desdén”, apunta el informe.
Con la entrada del actual gobierno, la inversión en publicidad oficial disminuyó sin consolidarse como mayor independencia editorial, pues apunta que el Presidente concentra sus esfuerzos en controlar la agenda mediática a través de conferencias de prensa diarias, que también se han convertido en tribunas usadas para aleccionar a periodistas y medios críticos con su gobierno.
Entre los comentarios del titular ejecutivo hacía la prensa y cualquiera que no sea afín a su política y visión, Artículo 19 identificó 12 casos en los que éste realizó un comentario hostil público en contra de un o una periodista, con una reacción inmediata en las redes sociales, que se llenan de insultos y amenazas dirigidas a quien haya formulado críticas al gobierno.
“Después de un año de gobierno, lo que queda claro es que aquellos actores de la sociedad sean del sector que sean e incluso de cualquier clase social, que no toman una postura política a favor de lo que el presidente llama la Cuarta Transformación (4T) se convierten en adversarios. Con tal de ganar e imponer la narrativa en la opinión pública, ha llegado al punto de sacrificarlos”, informa.
En el espacio digital y las redes sociales el gobierno logra colocarse en el epicentro de la política mexicana y han generado discursos violentos que fijan fronteras entre bandos debido a viejas prácticas, como el uso de cuentas automatizadas en Twitter o una articulación coordinada y sostenida para favorecer la imagen del gobierno y reducir el alcance de las voces críticas.
“Lo malo radica en los absolutos que polarizan a la sociedad y la anulación de aquellos a quienes se considera “adversarios”, lo que inhibe la posibilidad de mirar el verdadero camino del cambio”, advierte.
Al destacar que el periodismo se encuentra entre la estigmatización y la desidia, Artículo 19 también ubicó que el discurso presidencial “envalentona o legitima la acción en contra de la prensa, o bien a la profundización de un ambiente polarizado que busca identificar a ‘los buenos’ y ‘los malos’, o a ‘los liberales’ y ‘los conservadores’”.
En este sentido, menciona que entre el 49 y 53 por ciento de las agresiones en contra de periodistas venían de agentes del Estado, sin embargo, las amenazas de particulares y actores no identificados han aumentado de manera vertiginosa.
Durante 2019, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) logró encausar las investigaciones contra los presuntos autores materiales del crimen contra la periodista Lydia Cacho, sin que la justicia llegue a ella y por lo que renunció a su vida en México para procurar su seguridad pues, hasta ahora, el Estado ha sido incapaz de aprehender a todos los responsables y de avanzar hacia la verdad, la reparación y la no repetición.
Como su caso, la FEADLE tiene en su responsabilidad aclarar el 99 por ciento de crímenes contra periodistas que siguen sin resolverse, así como los mil 614 casos en trámite.
Desde la creación de la FEADLE, en 2010, sólo se han logrado 14 sentencias, en su mayoría en contra de los autores materiales de la agresión, sin lograr vincular a aquellos que dieron la orden de agredir, lo cual se atribuye a la falta de un Plan de Persecución General y la reproducción por parte de la Fiscalía General de la República de las peores prácticas en la investigación de crímenes, como son el no contar con planes de trabajo idóneos, el retardar diligencias sin justificación alguna y el dar un trato revictimizante a quienes han sufrido delitos.
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