/ martes 12 de febrero de 2019

Demandan al SNA por nuevos formatos para declaraciones 3 de 3

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación aseguró que los nuevos formatos obstaculizarán la rendición de cuentas de los más de dos millones de funcionarios públicos

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación demandó al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción la revisión de los nuevos formatos de las declaraciones 3 de 3, aprobados el pasado 16 de noviembre del 2018.

Advirtieron que los nuevos formatos obstaculizarán la rendición de cuentas de los más de dos millones de funcionarios públicos que deberán transparentar sus bienes patrimoniales y conflictos de interés en más de 781 reactivos.

“Compartimos el posicionamiento de la Secretaría de la Función Pública, expresado por su Titular en la sesión ordinaria del Comité Coordinador del SNA sobre el citado Acuerdo. Ahí, la secretaria Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló una serie de consideraciones técnico-jurídicas que de no revisarse, no sólo obstaculizarán la implementación de los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses en la fecha establecida en el Acuerdo, sino que también se pone en riesgo la utilidad de estos formatos para detectar el enriquecimiento ilícito de las personas servidoras públicas”, señalaron en un comunicado.

Reclaman que no existe una institución en el SNA que interprete las normas publicadas, además, hay inconsistencia entre las instrucciones y la ejecución de los nuevos formatos.

Además, la segmentación de los servidores públicos en tres grupos es ambigua ineficiente, en tanto que, trabajadores que sólo realizan actividades operativas y no están expuestos a actos de corrupción, deberán llenar 781 reactivos.

Propusieron coadyuvar con los integrantes del Comité Coordinador del SNA, para la revisión de los formatos, para garantizar los principios de prevención, detección y sanción de ilícitos.

“Manifestamos nuestra voluntad y disposición de colaborar con el Comité Coordinador del SNA en la revisión de los nuevos formatos, con el fin de realizar una adecuada implementación de los mismos, que contribuya a prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito y el conflicto de interés”, concluyeron.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación demandó al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción la revisión de los nuevos formatos de las declaraciones 3 de 3, aprobados el pasado 16 de noviembre del 2018.

Advirtieron que los nuevos formatos obstaculizarán la rendición de cuentas de los más de dos millones de funcionarios públicos que deberán transparentar sus bienes patrimoniales y conflictos de interés en más de 781 reactivos.

“Compartimos el posicionamiento de la Secretaría de la Función Pública, expresado por su Titular en la sesión ordinaria del Comité Coordinador del SNA sobre el citado Acuerdo. Ahí, la secretaria Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló una serie de consideraciones técnico-jurídicas que de no revisarse, no sólo obstaculizarán la implementación de los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses en la fecha establecida en el Acuerdo, sino que también se pone en riesgo la utilidad de estos formatos para detectar el enriquecimiento ilícito de las personas servidoras públicas”, señalaron en un comunicado.

Reclaman que no existe una institución en el SNA que interprete las normas publicadas, además, hay inconsistencia entre las instrucciones y la ejecución de los nuevos formatos.

Además, la segmentación de los servidores públicos en tres grupos es ambigua ineficiente, en tanto que, trabajadores que sólo realizan actividades operativas y no están expuestos a actos de corrupción, deberán llenar 781 reactivos.

Propusieron coadyuvar con los integrantes del Comité Coordinador del SNA, para la revisión de los formatos, para garantizar los principios de prevención, detección y sanción de ilícitos.

“Manifestamos nuestra voluntad y disposición de colaborar con el Comité Coordinador del SNA en la revisión de los nuevos formatos, con el fin de realizar una adecuada implementación de los mismos, que contribuya a prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito y el conflicto de interés”, concluyeron.

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