/ miércoles 7 de agosto de 2019

Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos urge reforzar al SNA

"López Obrador aún no ha dado al Sistema Nacional Anticorrupción el respaldo político del que también careció durante el mandato de Peña Nieto", acusó el organismo autónomo

Para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de acabar con la corrupción, su gobierno debe implementar plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el esfuerzo del gobierno anterior para institucionalizar el combate a lo que él mismo ha denominado como el cáncer de la sociedad mexicana.

Así lo considera la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), en su informe “El futuro del Sistema Nacional de México: La lucha anticorrupción bajo el mandato del Presidente López Obrador”, en el que resalta que las reformas aprobadas en 2015 y publicadas en 2016 diseñaron un sistema de coordinación necesario entre las numerosas instituciones anticorrupción de todos los niveles del gobierno que anteriormente habían estado operando sin métodos claros de colaboración.

“Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que la corrupción es una prioridad de su gobierno, aún no se ha centrado en la implementación de las reformas como una estrategia clave”, detalla el informe.

Así mismo, el informe elaborado por Gina Hinojosa, asociada del Programa de México y Maureen Meyer, directora para México y Derechos Humanos de Migrantes, ambas de WOLA, sostiene que el reto principal de la actual administración devendrá cuando el presidente de la República investigue y sancione a uno de sus funcionarios o políticos afines a él.

“Los avances del gobierno mexicano en la investigación de casos anteriores de corrupción es una señal positiva, pero una prueba crítica de la autonomía política del Sistema Nacional Anticorrupción será si los futuros casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de López Obrador o su partido político se investiguen y sancionen adecuadamente”, afirma Gina Hinojosa.

De acuerdo con el informe de WOLA, la creación del SNA fue un paso positivo y debió estar operativo desde 2017, por lo que lleva dos años de retraso su implementación.

“Las instituciones débiles de México han sido un caldo de cultivo de la corrupción en todos los niveles de gobierno, por lo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue un paso positivo”, señala Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes en WOLA.

Funcionarios de Peña Nieto obstaculizaron al SNA

Foto: Cortesía

Sin embargo, el informe explica que el SNA ha tenido una serie de complicaciones dentro de la misma estructura gubernamental y política en México, pues durante el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los funcionarios obstaculizaron su implementación en varias áreas, al retrasar el nombramiento de varios actores clave del Sistema y al impedir el avance de varias importantes investigaciones contra la corrupción.

Así mismo, abunda en que, aun con los progresos alcanzados por el nuevo gobierno, que encabeza Andrés Manuel y su proyecto de la cuarta Transformación, existen otros aspectos de la implementación que permanecen estancados o se han retrasado.

Esto incluye el nombramiento de 18 nuevos magistrados anticorrupción para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual advierte está retrasando la sanción de docenas de casos corrupción, ya que la ausencia de estos magistrados, que tendrán jurisdicción exclusiva sobre faltas administrativas graves como el peculado y el lavado de dinero, no pueden ser evaluadas por el brazo sancionador del SNA.

“Si López Obrador realmente quiere acabar con la corrupción como lo ha prometido, debe comprometerse a abordar los vacíos en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye designar 18 magistrados anticorrupción que son idóneos para el cargo”, afirma el informe de WOLA.

SNA pendiente aún en la era de AMLO

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

En este sentido, WOLA denuncia que sin el apoyo pleno del gobierno, el Sistema Nacional Anticorrupción seguirá siendo vulnerable a la amenaza de ser privado de los recursos que necesita para ser exitoso. Ello, al señalar que los primeros siete meses del nuevo gobierno han planteado dudas acerca del compromiso del presidente de implementar adecuadamente el SNA y continuar el trabajo del Comité Coordinador.

“Si bien el gobierno de López Obrador aún no ha dado al Sistema Nacional Anticorrupción el respaldo político del que también careció durante el mandato de Peña Nieto, el Sistema aún podría producir resultados en el combate a la corrupción del país”, observa.

Señala que dentro de los próximos meses los indicadores claves para el nuevo gobierno serán designar a los magistrados anticorrupción, avanzar en la investigación de casos de corrupción ocurridos en el pasado, y, sobre todo, nuevos casos bajo el nuevo gobierno, incluidos aquellos en los que están implicados miembros de Morena; así como implementar la Política Nacional Anticorrupción.

“Todas estas acciones serán indicadores claves para medir si el gobierno de López Obrador será capaz de cumplir con su promesa de campaña de luchar contra la corrupción en el país”, acota.

Además, dicho informe de WOLA enmarca que si bien la estructura y organización del SNA se basan en gran parte en la premisa de que las organizaciones y expertos anticorrupción pueden desempeñar un importante papel en el monitoreo y la evaluación del Sistema, “el presidente ha criticado frecuentemente a este sector de la sociedad, descalificando su papel a la hora de brindar análisis y evaluar la eficacia de las políticas”.

El informe la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos también aplaude que desde que Morena asumió el cargo al frente de la Administración Pública Federal, algunos de los problemas dentro de la agenda anticorrupción se han abordado de manera efectiva.

Entre los avances destaca, el nombramiento de una fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, así como varias investigaciones contra la corrupción que dice, parecen estar avanzando.

Esto incluye el escándalo que involucra a la empresa constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado al menos 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para obtener contratos públicos durante el gobierno de Peña Nieto, se lee en el informe.

Para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de acabar con la corrupción, su gobierno debe implementar plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el esfuerzo del gobierno anterior para institucionalizar el combate a lo que él mismo ha denominado como el cáncer de la sociedad mexicana.

Así lo considera la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), en su informe “El futuro del Sistema Nacional de México: La lucha anticorrupción bajo el mandato del Presidente López Obrador”, en el que resalta que las reformas aprobadas en 2015 y publicadas en 2016 diseñaron un sistema de coordinación necesario entre las numerosas instituciones anticorrupción de todos los niveles del gobierno que anteriormente habían estado operando sin métodos claros de colaboración.

“Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que la corrupción es una prioridad de su gobierno, aún no se ha centrado en la implementación de las reformas como una estrategia clave”, detalla el informe.

Así mismo, el informe elaborado por Gina Hinojosa, asociada del Programa de México y Maureen Meyer, directora para México y Derechos Humanos de Migrantes, ambas de WOLA, sostiene que el reto principal de la actual administración devendrá cuando el presidente de la República investigue y sancione a uno de sus funcionarios o políticos afines a él.

“Los avances del gobierno mexicano en la investigación de casos anteriores de corrupción es una señal positiva, pero una prueba crítica de la autonomía política del Sistema Nacional Anticorrupción será si los futuros casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de López Obrador o su partido político se investiguen y sancionen adecuadamente”, afirma Gina Hinojosa.

De acuerdo con el informe de WOLA, la creación del SNA fue un paso positivo y debió estar operativo desde 2017, por lo que lleva dos años de retraso su implementación.

“Las instituciones débiles de México han sido un caldo de cultivo de la corrupción en todos los niveles de gobierno, por lo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue un paso positivo”, señala Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes en WOLA.

Funcionarios de Peña Nieto obstaculizaron al SNA

Foto: Cortesía

Sin embargo, el informe explica que el SNA ha tenido una serie de complicaciones dentro de la misma estructura gubernamental y política en México, pues durante el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los funcionarios obstaculizaron su implementación en varias áreas, al retrasar el nombramiento de varios actores clave del Sistema y al impedir el avance de varias importantes investigaciones contra la corrupción.

Así mismo, abunda en que, aun con los progresos alcanzados por el nuevo gobierno, que encabeza Andrés Manuel y su proyecto de la cuarta Transformación, existen otros aspectos de la implementación que permanecen estancados o se han retrasado.

Esto incluye el nombramiento de 18 nuevos magistrados anticorrupción para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual advierte está retrasando la sanción de docenas de casos corrupción, ya que la ausencia de estos magistrados, que tendrán jurisdicción exclusiva sobre faltas administrativas graves como el peculado y el lavado de dinero, no pueden ser evaluadas por el brazo sancionador del SNA.

“Si López Obrador realmente quiere acabar con la corrupción como lo ha prometido, debe comprometerse a abordar los vacíos en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye designar 18 magistrados anticorrupción que son idóneos para el cargo”, afirma el informe de WOLA.

SNA pendiente aún en la era de AMLO

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

En este sentido, WOLA denuncia que sin el apoyo pleno del gobierno, el Sistema Nacional Anticorrupción seguirá siendo vulnerable a la amenaza de ser privado de los recursos que necesita para ser exitoso. Ello, al señalar que los primeros siete meses del nuevo gobierno han planteado dudas acerca del compromiso del presidente de implementar adecuadamente el SNA y continuar el trabajo del Comité Coordinador.

“Si bien el gobierno de López Obrador aún no ha dado al Sistema Nacional Anticorrupción el respaldo político del que también careció durante el mandato de Peña Nieto, el Sistema aún podría producir resultados en el combate a la corrupción del país”, observa.

Señala que dentro de los próximos meses los indicadores claves para el nuevo gobierno serán designar a los magistrados anticorrupción, avanzar en la investigación de casos de corrupción ocurridos en el pasado, y, sobre todo, nuevos casos bajo el nuevo gobierno, incluidos aquellos en los que están implicados miembros de Morena; así como implementar la Política Nacional Anticorrupción.

“Todas estas acciones serán indicadores claves para medir si el gobierno de López Obrador será capaz de cumplir con su promesa de campaña de luchar contra la corrupción en el país”, acota.

Además, dicho informe de WOLA enmarca que si bien la estructura y organización del SNA se basan en gran parte en la premisa de que las organizaciones y expertos anticorrupción pueden desempeñar un importante papel en el monitoreo y la evaluación del Sistema, “el presidente ha criticado frecuentemente a este sector de la sociedad, descalificando su papel a la hora de brindar análisis y evaluar la eficacia de las políticas”.

El informe la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos también aplaude que desde que Morena asumió el cargo al frente de la Administración Pública Federal, algunos de los problemas dentro de la agenda anticorrupción se han abordado de manera efectiva.

Entre los avances destaca, el nombramiento de una fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, así como varias investigaciones contra la corrupción que dice, parecen estar avanzando.

Esto incluye el escándalo que involucra a la empresa constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado al menos 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para obtener contratos públicos durante el gobierno de Peña Nieto, se lee en el informe.

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