De 2000 a 2016, tres millones 413 mil mexicanas fueron atendidas en hospitales, salas de urgencias y servicios públicos del sector salud del país por aborto, según reveló la organización internacional Ipas en compañía de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Estas cifras engloban, por primera vez, las atenciones en todos los niveles de salud —del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), IMSS-PROSPERA, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), primer nivel de atención, centro de salud y urgencias— se dieron a conocer en la presentación de la Base de Datos de Políticas de Aborto Legal que desarrolló la OMS.
“Esta es la herramienta informativa más importante sobre aborto que se haya desarrollado en el siglo XXI ya que permite un diagnóstico puntual de la situación que guarda cada entidad en materia de aborto”, refirió Ipas.
Otro dato revelador fue que de todos los casos de muertes maternas y por aborto, en 13 por ciento fueron de niñas y adolescentes.
"Estas muertes son particularmente injustas y deberían ser prevenibles, porque las adolescentes y niñas no deberían enfrentar un aborto en edades tan tempranas, no deberían morirse”, señaló Raffaela Schiavon Ermani, consultora en Salud reproductiva para Ipas.
Por otra parte, también dio a conocer que las atenciones que reciben las mexicanas en los casos de aborto “no son parejas en todo el país”, pues existe un menor acceso en la zona sur sureste y uno mayor en la región central del país.
“Esto significa que el riesgo de morir por aborto no es parejo por país. Donde hay menos atención existe más riesgo de morir y el riesgo se concentra en la región sur, sureste del país y en algunas entidades del norte”, concluyó Fernanda Días León, quien es coordinadora de Políticas Públicas y Abogacía.
Las entidades que registraron mayor tasa de letalidad por aborto de 2000 a 2016 fueron Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Chihuahua.
En el evento, Ipas y la OMS hicieron un llamado al gobierno federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo actualicen los lineamientos legales para la práctica del aborto que existen en el país, así como que emitan una reglamentación “adecuada” para estandarizar la práctica, tomando en cuenta los lineamientos de la OMS.
