Por “pretender justificar que se niegue u omita un servicio médico de calidad” y poner en riesgo la vida de 57 millones de mexicanos, la organización Justicia que Transforma a México presentó un amparo en contra de la iniciativa del gobierno de la 4T en la que se pretende eliminar 35 normas oficiales que regulan la atención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como cánceres de mama, cérvico uterino, próstata y diabetes u obesidad.
Tal como lo dio a conocer El Sol de México la semana pasada, la organización que encabeza Guillermo Rivera Millán, ingresó la demanda en el tiempo previsto para su impugnación, ello ante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación la demanda de amparo en contra de las normas sujetas a cancelación.
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Con el número de folio 5182739/2023 un juez de distrito Baja California ingresó ayer al recurso en el que se impugna el contenido del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, publicado en el Diario oficial de la Federación el pasado 1 de junio.
Entre los argumentos que presentó la asociación civil está una “omisión y negativa de brindar una adecuada atención médica de calidad a los distintos grupos vulnerables”.
En aquel momento Guillermo Rivera dijo que se pretende cancelar la única posibilidad que tienen las personas sin seguridad social en el país de tener un piso mínimo básico en la atención médica.
Explicó que incluso para quienes acuden a servicios médicos dependientes de las Secretarías de Salud en las entidades, los del Instituto de Salud para el Bienestar e incluso los de los servicios particulares, los del IMSS e ISSSTE deben existir criterios que permitan hacer homogénea la atención.
Rivera Millán también consideró que al cancelar las normas oficiales en la atención de diversos padecimientos el gobierno federal quiere quitar una herramienta jurídica mediante la cual se pueden iniciar denuncias, negligencias u omisiones del servicio médico.
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Según especialistas de la Barra Mexicana de Abogados la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que encabeza Hugo López-Gatell Ramírez cuenta con un plazo de 30 días para poder justificar la cancelación de las 35 normas propuestas para su cancelación.
