/ martes 25 de agosto de 2020

ONU exige investigar fuerza letal del Ejército contra civiles en Tamaulipas

La ONU-DH pidió investigar el vídeo que exhibe a elementos de la Sedena "haciendo uso de la fuerza letal" en una persecución que dejó 12 civiles muertos

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió indagar el "uso de la fuerza letal" del Ejército mexicano contra 12 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La ONU-DH pidió investigar "conforme a los más altos estándares internacionales" el vídeo que exhibe a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "haciendo uso de la fuerza letal" en una persecución que dejó 12 civiles muertos, incluyendo tres víctimas de secuestro.

"Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de Sedena son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos", expresó en un comunicado.

El organismo internacional "saludó el mensaje positivo" del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien este lunes ordenó indagar el caso de un soldado que presuntamente remató a un delincuente herido tras el enfrentamiento con el Ejército en Tamaulipas.

"Es importante que se investigue el uso de la fuerza letal por parte de los elementos de Sedena, para determinar si esta fue justificada y, de ser así, si su actuación se apegó a los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego", consideró la ONU-DH.

Acabar con los ejecuciones extrajudiciales del Ejército ha sido una de las principales promesas de López Obrador, quien tiene como uno de sus principales lemas "abrazos no balazos".

Foto: captura de pantalla

Sin embargo, el presidente ha recibido críticas por la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que sustituyó a la Policía Federal.

Además, el Gobierno publicó el 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública".

El texto, con vigencia hasta marzo de 2024, "ordena" a estos cuerpos militares participar "de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional".

Los hechos de Nuevo Laredo "evidencian la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas ocurra en forma extraordinaria" como "lo establecen la Constitución mexicana y los principios internacionales", remarcó la ONU-DH.

"La investigación pronta y efectiva de estos hechos puede romper con prácticas que en el pasado obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares", subrayó el organismo.

Foto: captura de pantalla

Hay una falta de control sobre fuerzas armadas: México Unido contra la Delincuencia

La difusión de un video donde se escucha a un soldados pedir que rematen a un civil tras un enfrentamiento, demuestra la falta de control sobre las Fuerzas Armadas y la irresponsabilidad y retraso del Congreso de la Unión al no regular las tareas del Ejército y la Marina, señaló la organización México Unido contra la Delincuencia.

Destacó que es necesario la construcción de instituciones policiacas civiles, suficientes y efectivas, y no militares patrullando las calles.

Mencionó que la ejecución extra judicial que tuvo lugar el 03 de julio de 2020 por parte de soldados del ejército mexicano en Tamaulipas, “no deben tener lugar en un país democrático. La privación deliberada y arbitraria de la vida a una persona en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza, es una violación grave de derechos humanos que constituye responsabilidad internacional para el Estado que la comete o la posibilita”.

La organización civil agregó que tristemente, la acción de los militares se suma a una larga lista de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de las que el Estado mexicano es el principal responsable.

Desde 2006, la militarización de la seguridad ha sido la principal causa del dramático aumento de las violencias y de las violaciones a los derechos humanos. Además, la adscripción casi exclusiva de elementos castrenses a la Guardia Nacional y el Acuerdo Militarista del 11 de mayo de 2020, son elementos de una estrategia que solo abonan a un clima de inseguridad.

Por ello, México Unido contra la Delincuencia, hizo un llamado al Congreso de la Unión a legislar una tarea aún pendiente, que permita regular la participación de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad pública, de tal modo que se garantice su subordinación, complementariedad, fiscalización y extraordinariedad.

“A más de un año de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, sigue haciendo falta una regulación que ponga orden a las acciones de las Fuerzas Armadas en territorio Nacional, y permita el retiro gradual y definitivo del Ejército y la Marina de toda tarea correspondiente a la esfera civil”, destacó.

Finalmente, urgió a las autoridades federales a que esclarezcan lo ocurrido en este operativo, y un llamado al sistema de justicia a que se conduzca una investigación profesional, transparente y apegada a estándares internacionales de derechos humanos, para que se sancione en la línea de mando militar correspondiente, a los responsables de estos actos atroces.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió indagar el "uso de la fuerza letal" del Ejército mexicano contra 12 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La ONU-DH pidió investigar "conforme a los más altos estándares internacionales" el vídeo que exhibe a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "haciendo uso de la fuerza letal" en una persecución que dejó 12 civiles muertos, incluyendo tres víctimas de secuestro.

"Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de Sedena son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos", expresó en un comunicado.

El organismo internacional "saludó el mensaje positivo" del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien este lunes ordenó indagar el caso de un soldado que presuntamente remató a un delincuente herido tras el enfrentamiento con el Ejército en Tamaulipas.

"Es importante que se investigue el uso de la fuerza letal por parte de los elementos de Sedena, para determinar si esta fue justificada y, de ser así, si su actuación se apegó a los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego", consideró la ONU-DH.

Acabar con los ejecuciones extrajudiciales del Ejército ha sido una de las principales promesas de López Obrador, quien tiene como uno de sus principales lemas "abrazos no balazos".

Foto: captura de pantalla

Sin embargo, el presidente ha recibido críticas por la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que sustituyó a la Policía Federal.

Además, el Gobierno publicó el 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública".

El texto, con vigencia hasta marzo de 2024, "ordena" a estos cuerpos militares participar "de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional".

Los hechos de Nuevo Laredo "evidencian la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas ocurra en forma extraordinaria" como "lo establecen la Constitución mexicana y los principios internacionales", remarcó la ONU-DH.

"La investigación pronta y efectiva de estos hechos puede romper con prácticas que en el pasado obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares", subrayó el organismo.

Foto: captura de pantalla

Hay una falta de control sobre fuerzas armadas: México Unido contra la Delincuencia

La difusión de un video donde se escucha a un soldados pedir que rematen a un civil tras un enfrentamiento, demuestra la falta de control sobre las Fuerzas Armadas y la irresponsabilidad y retraso del Congreso de la Unión al no regular las tareas del Ejército y la Marina, señaló la organización México Unido contra la Delincuencia.

Destacó que es necesario la construcción de instituciones policiacas civiles, suficientes y efectivas, y no militares patrullando las calles.

Mencionó que la ejecución extra judicial que tuvo lugar el 03 de julio de 2020 por parte de soldados del ejército mexicano en Tamaulipas, “no deben tener lugar en un país democrático. La privación deliberada y arbitraria de la vida a una persona en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza, es una violación grave de derechos humanos que constituye responsabilidad internacional para el Estado que la comete o la posibilita”.

La organización civil agregó que tristemente, la acción de los militares se suma a una larga lista de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de las que el Estado mexicano es el principal responsable.

Desde 2006, la militarización de la seguridad ha sido la principal causa del dramático aumento de las violencias y de las violaciones a los derechos humanos. Además, la adscripción casi exclusiva de elementos castrenses a la Guardia Nacional y el Acuerdo Militarista del 11 de mayo de 2020, son elementos de una estrategia que solo abonan a un clima de inseguridad.

Por ello, México Unido contra la Delincuencia, hizo un llamado al Congreso de la Unión a legislar una tarea aún pendiente, que permita regular la participación de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad pública, de tal modo que se garantice su subordinación, complementariedad, fiscalización y extraordinariedad.

“A más de un año de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, sigue haciendo falta una regulación que ponga orden a las acciones de las Fuerzas Armadas en territorio Nacional, y permita el retiro gradual y definitivo del Ejército y la Marina de toda tarea correspondiente a la esfera civil”, destacó.

Finalmente, urgió a las autoridades federales a que esclarezcan lo ocurrido en este operativo, y un llamado al sistema de justicia a que se conduzca una investigación profesional, transparente y apegada a estándares internacionales de derechos humanos, para que se sancione en la línea de mando militar correspondiente, a los responsables de estos actos atroces.

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