La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que las nuevas evidencias de tortura en el caso Ayotzinapa reafirman la urgencia de investigar a funcionarios que incurrieron en violaciones a derechos humanos y obstruyeron la búsqueda de la justicia y verdad.
El viernes pasado se difundió el video que expone la tortura en contra de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, Carlos Canto Salgado, por tres individuos y en donde se muestra a Salgado ojos vendados, maniatado, sometido a asfixia, toques eléctricos, golpes y vejaciones mientras es interrogado por funcionarios públicos.
En este contexto, la ONU-DH condeno categóricamente tales actos de tortura y reitera el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura. “Tal como lo mencionó la Alta Comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, en su reciente visita a México, la tortura no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”, recordó Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México.
La tortura a Canto fue documentado por la ONU-DH en su informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.
Canto fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (SEMAR) y su caso es uno de los 34 en que la ONU-DH encontró fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a derechos humanos. Este caso también se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en febrero de 2017 en el Informe de seguimiento a su misión a México del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez.
“El video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso. Las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas en contra Canto y, a pesar de ello, no actuaron debidamente. Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”, agregó Jan Jarab.
La ONU-DH reitera su llamado al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del informe “Doble Injusticia”. De igual forma, la ONU-DH insta al Estado a implementar medidas de protección para el Sr. Canto, sus familiares y su abogado defensor.
Destaca que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción.
A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el Gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos.
