Una juez federal con sede en Yucatán concedió a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun T’aan Maya, tres suspensiones definitivas en contra de la construcción del tramo tres del Tren Maya que comprende de Calkiní, Campeche hasta Izamal, Yucatán.
Con la resolución judicial, la juez Cuarto de Distrito en Yucatán, Miriam de Jesús Cámara Patrón, ordenó a las autoridades federales cesar los trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonos de los territorios del estado hasta que se resuelva en definitiva los juicios de amparo.
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La Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíimbal, está constituida por más de 30 comunidades de distintas partes de la Península de Yucatán para exigir que la implementación de los megaproyectos en su territorio sea apegada a los derechos de los pueblos originarios.
Desde el inició de la construcción del Tren Maya, habitantes de esta entidad han interpuesto amparos para frenar las obras de construcción.
Este miércoles, la juez Cámara Patrón considero que existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto que tendrá este proyecto, el cual tiene el potencial de trascender a las subsecuentes generaciones y no solo a quienes habitan en la zona, sino incluso a todo el mundo en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales.
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Subrayó que el principio de precaución opera ante la incertidumbre, lo que sirve de sustento para restringir una actuación estatal ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa.
Incluso, consideró que la mera existencia de una manifestación de impacto ambiental, no otorga certeza absoluta de que todas las variables han sido consideradas o si la interpretación sobre los efectos del actuar del Estado, en determinado proyecto, será efectivamente los plasmados en un documento de tal naturaleza.
El 19 de febrero pasado, esta misma juez concedió tres nuevas suspensiones provisionales para el Tramo Tres del Tren Maya, en el estado, que impide a las autoridades federales continuar con las obras de construcción del nuevo proyecto, hasta en tanto se resuelve la suspensión definitiva.
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Los tres juicios de amparo, presentados el pasado 20 de enero, por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, impugnan la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la construcción de esa obra.
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