La pasividad que muestran las instituciones involucradas directa o indirectamente en el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa se convierte en un suicidio para las mismas, advirtieron especialistas en Derecho.
En la Mesa de Diálogo que convocó México Justo, ¿Título o Cédula, cuál de los dos habilita el ejercicio de una profesión?, los expertos coincidieron en el sentido de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Fiscalía General de la República (FRG), la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso el Congreso de la Unión, dañan su imagen al mostrar casi total pasividad en este caso de plagio.
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“El suicidio institucional de estos organismos es un asunto que los ciudadanos no debemos permitir, porque a final de cuentas se trata de las instituciones de la gente, por lo que la sociedad misma debe exigir que esos organismos busquen una alternativa para que la ministra Yasmín Esquivel deje su cargo ante la evidencia de plagio en su tesis profesional" explicaron los especialistas.
Alejandro Zeind Chávez, socio del despacho Zeind&Zeind y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que la Universidad Nacional Autónoma de México deberá resolver los vacíos normativos que tienen ante la insuficiencia en su reglamentación para darle solución a este caso.
“La foto que se tiene hoy de la normatividad interna de la UNAM es insuficiente para resolver esta situación, aunque en un país decente, ya debía la ministra haber renunciado”, dijo.
Consideró pertinente que en la construcción de las propias normas de la UNAM se le den facultades al Tribunal Universitario o al Rector, para que puedan actuar ante este tipo de situaciones, con el fin de salvaguardar el prestigio de la institución educativa, una de las más serias de nuestro país.
El bogado egresado de la UNAM, Ramón Cabrera, afirmó que el caso Esquivel Mossa tiene una considerable cantidad de incidencias de Derecho, sociales e incluso de propiedad intelectual, que deben analizarse para encontrar la sanción apegada a la norma.
Aseguró que la sanción de la ministra Yasmín Esquivel debe ser jurídica, conforme a las diversas leyes involucradas en este tema.
"La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el momento tendrá la autoridad legal para ejercer su trabajo, pero carecerá de la legitimidad suficiente para hacerlo”, manifestó Ramón Cabrera.
La presencia de la ministra Esquivel Mossa en la SCJN desprestigia al máximo tribunal
El asesor en Derecho Fiscal, José Lee Hidalgo manifestó que la presencia de la ministra Esquivel Mossa en la SCJN no solo desprestigia la profesión de la abogacía sino también al máximo tribunal, al resto de los ministros y al Poder Judicial en su conjunto.
“Por lo anterior, deberían los propios ministros tomar cartas en el asunto y ejercer la presión necesaria para que la ministra deje su cargo cuanto antes", expresó.
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En esta Mesa de Diálogo, los especialistas analizaron una serie de alternativas legales con base en la Ley Reglamentaria de la UNAM y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, con el fin de conocer si es el título o la cédula profesional, la que habilita para ejercer una profesión como la abogacía en México, en especial, en un cargo de tanta relevancia como el de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Los expertos coincidieron en el sentido de que puede haber diversos caminos legales, sin descartar incluso la opción ética, que permitirían anular el título de la abogada Yasmín Esquivel y, en consecuencia, su cédula profesional.
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Coincidieron en que el Estado de Derecho en México venía en un proceso de desarrollo lento, pero ascendente. Pero ahora, existe una sensación de impunidad, en donde no pasa nada, en donde corromperse es más importante que cumplir la ley, en donde las influencias son más importantes que la sociedad misma que ha sido desdeñada.
En donde una Corte, que como poder se ha visto rebasada por un escándalo, que en otras circunstancias habría sido de una fácil solución con la salida forzada de la ministra o una Fiscalía capitalina inoperante al servicio del proyecto gubernamental actual, concluyeron los abogados.
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