/ domingo 13 de octubre de 2019

Peligra protección de menores, alertan

Martín Pérez director de Redim dijo que ninguno de los tres niveles de gobierno tiene interés en aplicar el programa de cuidado de los niños

La política de protección a niñas, niños y adolescentes está en riesgo en México ante la falta de voluntad política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los gobernadores de los estados, ya que no dan muestras de que quieran cumplir con lo que se mandata en la ley en la materia, poniendo en riesgo a más del 30 por ciento de la población nacional, sostuvieron integrantes de la sociedad civil.

Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), sostuvo que el Programa Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2024 está en riesgo ya que “los tres niveles de gobierno no tienen la disposición de aplicarlo y esto queda de manifiesto ya que el jefe del Ejecutivo no asiste a las sesiones del SIPINNA.

En entrevista con El Sol de México, el promotor de los derechos de la infancia y la adolescencia, sostiene que también los gobernadores no dan muestras de proteger a la niñez, lo que representa “una muy mala señal porque da cuenta que es un tema que no se está considerando como prioritario en sus agendas”.

Si la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autoriza los recursos, en diciembre próximo deberá quedar aprobado el Programa Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2024, que entre otras cosas, pretende que este sector de la población esté libre de violencia, aducciones y pobreza.

De acuerdo con el anteproyecto, este Programa está centrado en cuatro objetivos base que son la de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes con la supervivencia y desarrollo.

Además, de proteger integralmente y restituir los derechos de este sector poblacional que han sido vulnerados o que han sido víctimas de delitos; así como el de generar un cambio cultural que garantice y proteja los derechos y el interés superior.

De aprobarse, este programa, por ley, “tiene que ser una guía para los programas estatales para la atención de niñas, niños y adolescentes, así como para los programas municipales”, sostuvo Ricardo Bucio Mujica, Secretario Ejecutivo del SIPINNA, en su presentación ante el consejo encargado de garantizar los derechos de la niñez.

El anteproyecto, contiene diversas estrategias para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que contempla la atención de servicios de salud, alimentación, salud mental, atención a la primera infancia y derechos sexuales.

Se hace especial énfasis en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, garantizar el acceso a la educación y crear entornos seguros, un medio ambiente saludable y viviendas dignas.

También establece acciones concretas en lo que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley, una vida libre de violencia en sus entornos; así como entornos familiares libres de violencia, además de establecer acciones en torno al trabajo infantil y adolescente.

Bucio Mujica expuso que los niños y niñas lo que están pidiendo es que “se garanticen sus derechos en mil formas”, de ahí que también en el programa se incluyan temas relacionados como la cultura, deporte, esparcimiento; acceso a las tecnologías de información y de comunicación.

Este ambicioso proyecto deberá ser revisado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, quien otorgará los recursos económicos, antes de que el presidente López Obrador y el Sistema lo aprueben para su publicación en enero próximo.

“La estructura de este programa está determinada por lo que establece la Secretaria de Hacienda para la aprobación de los programas especiales. Se publicará en enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, ya que tendrá una vigencia del 2020 al 2024”, refirió Ricardo Bucio.

NO HAY VOLUNTAD

Por su parte, Martín Pérez García, de la REDIM, advierte que aunque el Programa sea aprobado, no va a ser cumplido porque no hay relevancia, ni interés político de quienes son los responsables.

“Es muy claro que mientras no sea una prioridad política para el Jefe del Estado mexicano, que por ley está obligado a ser el presidente del Sistema de Protección Integral de NNA, los gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México lo desairen”, sentenció.

Pérez García urgió a los tres órdenes de gobierno a cumplir con la ley, ya que ésta mandata en el artículo 4 Constitucional que cualquier acto de autoridad debe tener siempre como interés superior a la niñez y eso hasta ahora no se está cumpliendo.

Detalló que la ley también establece que el Jefe del Ejecutivo y los gobernadores son los que tienen que presidir y coordinar las sesiones del Sistema de Protección Integral y esto no se está dando.

La política de protección a niñas, niños y adolescentes está en riesgo en México ante la falta de voluntad política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los gobernadores de los estados, ya que no dan muestras de que quieran cumplir con lo que se mandata en la ley en la materia, poniendo en riesgo a más del 30 por ciento de la población nacional, sostuvieron integrantes de la sociedad civil.

Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), sostuvo que el Programa Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2024 está en riesgo ya que “los tres niveles de gobierno no tienen la disposición de aplicarlo y esto queda de manifiesto ya que el jefe del Ejecutivo no asiste a las sesiones del SIPINNA.

En entrevista con El Sol de México, el promotor de los derechos de la infancia y la adolescencia, sostiene que también los gobernadores no dan muestras de proteger a la niñez, lo que representa “una muy mala señal porque da cuenta que es un tema que no se está considerando como prioritario en sus agendas”.

Si la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autoriza los recursos, en diciembre próximo deberá quedar aprobado el Programa Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2024, que entre otras cosas, pretende que este sector de la población esté libre de violencia, aducciones y pobreza.

De acuerdo con el anteproyecto, este Programa está centrado en cuatro objetivos base que son la de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes con la supervivencia y desarrollo.

Además, de proteger integralmente y restituir los derechos de este sector poblacional que han sido vulnerados o que han sido víctimas de delitos; así como el de generar un cambio cultural que garantice y proteja los derechos y el interés superior.

De aprobarse, este programa, por ley, “tiene que ser una guía para los programas estatales para la atención de niñas, niños y adolescentes, así como para los programas municipales”, sostuvo Ricardo Bucio Mujica, Secretario Ejecutivo del SIPINNA, en su presentación ante el consejo encargado de garantizar los derechos de la niñez.

El anteproyecto, contiene diversas estrategias para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que contempla la atención de servicios de salud, alimentación, salud mental, atención a la primera infancia y derechos sexuales.

Se hace especial énfasis en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, garantizar el acceso a la educación y crear entornos seguros, un medio ambiente saludable y viviendas dignas.

También establece acciones concretas en lo que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley, una vida libre de violencia en sus entornos; así como entornos familiares libres de violencia, además de establecer acciones en torno al trabajo infantil y adolescente.

Bucio Mujica expuso que los niños y niñas lo que están pidiendo es que “se garanticen sus derechos en mil formas”, de ahí que también en el programa se incluyan temas relacionados como la cultura, deporte, esparcimiento; acceso a las tecnologías de información y de comunicación.

Este ambicioso proyecto deberá ser revisado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, quien otorgará los recursos económicos, antes de que el presidente López Obrador y el Sistema lo aprueben para su publicación en enero próximo.

“La estructura de este programa está determinada por lo que establece la Secretaria de Hacienda para la aprobación de los programas especiales. Se publicará en enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, ya que tendrá una vigencia del 2020 al 2024”, refirió Ricardo Bucio.

NO HAY VOLUNTAD

Por su parte, Martín Pérez García, de la REDIM, advierte que aunque el Programa sea aprobado, no va a ser cumplido porque no hay relevancia, ni interés político de quienes son los responsables.

“Es muy claro que mientras no sea una prioridad política para el Jefe del Estado mexicano, que por ley está obligado a ser el presidente del Sistema de Protección Integral de NNA, los gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México lo desairen”, sentenció.

Pérez García urgió a los tres órdenes de gobierno a cumplir con la ley, ya que ésta mandata en el artículo 4 Constitucional que cualquier acto de autoridad debe tener siempre como interés superior a la niñez y eso hasta ahora no se está cumpliendo.

Detalló que la ley también establece que el Jefe del Ejecutivo y los gobernadores son los que tienen que presidir y coordinar las sesiones del Sistema de Protección Integral y esto no se está dando.

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