/ lunes 28 de junio de 2021

Piden a ministros legalizar de forma general uso de marihuana

El Consejo Cannábico Mexicano pidió a la SCJN se normalice el uso de la planta cuando es sin fines de lucro o comercio

A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inicie la discusión sobre la despenalización del uso de la marihuana, el Consejo Cannábico Mexicano, pidió a los ministros, no les dé miedo a votar a favor de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI), simplemente por no saber las consecuencias de eliminar las prohibiciones administrativas al autocultivo de cannabis.

A través de un “Amicus Curae” (amigo de la corte), escrito donde dan su opinión técnica para aportan elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes al momento de que los ministros resuelvan el tema, el consejo cannábico expreso que la decisión que tomen será fundamental para el futuro de la nación, ya que estarán en la posibilidad de acabar con parte del paradigma de guerra contra las drogas que tanto daño ha hecho durante 101 años de política fallida.

De manera particular pidieron se normalice el uso de la planta cuando es sin fines de lucro o comercio. “Esto no implica libertinaje y que todo el mundo la consuma, sino que ya no se nos maltrate a las personas por usarla. La respuesta del Congreso después de más de un año de debate fue ofrecernos un mercado, que se pueda vender y comprar pero que se nos siga discriminando. Es indigno e inaceptable”.

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En su opinión técnica, señala que el proceso legislativo nunca debió haber tratado sobre una nueva ley, debió ser el inicio de un proceso de justicia transicional para acabar con aquello que cada día es más obvio: una discriminación institucional y sistémica por el Estado y la sociedad hacia ciudadanos adultos simplemente por la sustancia que decidimos consumir de manera responsable.

Reprocharon al Congreso de la Unión, escribir una nueva legislación, un trato diferenciado e injustificado ante la ley, para las personas que usan cannabis con fines personales. Lo hicieron ignorando el artículo 245 que establece dos cosas: si una sustancia es un peligro para la sociedad; y si tiene valor medicinal o no.

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Por ello pidieron al pleno de la corte modificar el artículo 245 de la Ley General de la Salud para que quede de la siguiente manera: “En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son: Tetrahidrocannabinol, y sus variantes estereoquímicas”.

Este lunes el Pleno de la Corte discutirán la despenalización del uso lúdico de la marihuana, que de aprobarse, eliminaría de la Ley General de Salud (LGS) la clasificación de la mariguana como droga ilícita, erradicaría los castigos penales en contra de quienes la consumen, y se obligaría nuevamente al Congreso de la Unión a legislar la materia.

Desde el 2019 la corte reconoció el derecho al libre desarrollo de la personalidad de personas usuarias de cannabis, por lo que pidió a la Cámara de Diputados y al Senado legislar sobre el tema, pero ante la falta de modificaciones legislativas, se invocó una Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI).

A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inicie la discusión sobre la despenalización del uso de la marihuana, el Consejo Cannábico Mexicano, pidió a los ministros, no les dé miedo a votar a favor de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI), simplemente por no saber las consecuencias de eliminar las prohibiciones administrativas al autocultivo de cannabis.

A través de un “Amicus Curae” (amigo de la corte), escrito donde dan su opinión técnica para aportan elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes al momento de que los ministros resuelvan el tema, el consejo cannábico expreso que la decisión que tomen será fundamental para el futuro de la nación, ya que estarán en la posibilidad de acabar con parte del paradigma de guerra contra las drogas que tanto daño ha hecho durante 101 años de política fallida.

De manera particular pidieron se normalice el uso de la planta cuando es sin fines de lucro o comercio. “Esto no implica libertinaje y que todo el mundo la consuma, sino que ya no se nos maltrate a las personas por usarla. La respuesta del Congreso después de más de un año de debate fue ofrecernos un mercado, que se pueda vender y comprar pero que se nos siga discriminando. Es indigno e inaceptable”.

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En su opinión técnica, señala que el proceso legislativo nunca debió haber tratado sobre una nueva ley, debió ser el inicio de un proceso de justicia transicional para acabar con aquello que cada día es más obvio: una discriminación institucional y sistémica por el Estado y la sociedad hacia ciudadanos adultos simplemente por la sustancia que decidimos consumir de manera responsable.

Reprocharon al Congreso de la Unión, escribir una nueva legislación, un trato diferenciado e injustificado ante la ley, para las personas que usan cannabis con fines personales. Lo hicieron ignorando el artículo 245 que establece dos cosas: si una sustancia es un peligro para la sociedad; y si tiene valor medicinal o no.

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Por ello pidieron al pleno de la corte modificar el artículo 245 de la Ley General de la Salud para que quede de la siguiente manera: “En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son: Tetrahidrocannabinol, y sus variantes estereoquímicas”.

Este lunes el Pleno de la Corte discutirán la despenalización del uso lúdico de la marihuana, que de aprobarse, eliminaría de la Ley General de Salud (LGS) la clasificación de la mariguana como droga ilícita, erradicaría los castigos penales en contra de quienes la consumen, y se obligaría nuevamente al Congreso de la Unión a legislar la materia.

Desde el 2019 la corte reconoció el derecho al libre desarrollo de la personalidad de personas usuarias de cannabis, por lo que pidió a la Cámara de Diputados y al Senado legislar sobre el tema, pero ante la falta de modificaciones legislativas, se invocó una Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI).

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