Ante los millonarios daños económicos y las graves consecuencias que causan los cierres de vías de comunicación, la diputada Marcela Guerra Castillo del PRI, propone reformas para que sea prisión preventiva oficiosa a infractores, y así desincentivar que manifestantes o grupos criminales ejecuten estas acciones, además, que se considere ésta en el ámbito estatal y municipal.
La legisladora presentó reformas al artículo 19 de la Constitución Política para adicionar, en el capítulo de cierre de vías de comunicación terrestre, en los ámbitos federal, estatal y municipal al catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
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La propuesta que ya está ante la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen expresa que en los últimos meses se han presentado cierres arbitrarios de vías de comunicación a lo largo del país, ya sea por contingentes de manifestantes, o grupos de la delincuencia organizada.
Los mismos no solo ponen en riesgo la movilidad y la seguridad de las personas, sino también representan pérdidas económicas millonarias para el comercio mexicano, tanto para grandes empresas, como pequeños y medianos comerciantes, así como para quienes deben esperar por horas la liberación de las vías incomunicadas.
En tanto, las acciones realizadas por el gobierno federal y los gobiernos locales no son suficientes, por lo que es necesario buscar mecanismos que permitan salvaguardar las vías de comunicación terrestre y el flujo de mercancías, para evitar seguir golpeando a empresas y comerciantes, pequeños y medianos, que experimentan grandes pérdidas por estas acciones.
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Recordó el cierre de vías del tren en Michoacán, que, de acuerdo con la Asociación de Industriales de esa capital, conlleva una pérdida de más de 150 millones de pesos.
Asimismo, la pérdida económica por la toma de casetas en los primeros dos años del gobierno federal se estimó en siete mil millones de pesos, según datos de empresas privadas concesionarias de autopistas y carreteras de cuota, así como, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y en promedio se perdieron dos mil millones de pesos por interrupciones en las cadenas de suministro.
“Ante tales circunstancias, las acciones realizadas por el gobierno federal no han sido suficientes para recuperar la operación de las plazas de cobro, pues prevalecen todavía incentivos perversos, que seguramente propiciarán que los grupos sigan tomando casetas, en diversas entidades de la República Mexicana”, dijo.
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