Tengo la teoría de que el gobierno de la República, marcadamente el presidente López Obrador, es adicto al bullying.
Con una "oposición" sin ideas, raigambre popular y moralmente postrada, la Cuarta Transformación se ubica como el maestro de ceremonias en el México actual; dicta la agenda, controla la narrativa y reparte papeles de ganadores y perdedores.
Por eso sorprende que con frecuencia esté bajo fuego. Han sido contadas las semanas en las que no surjan en la agenda pública temas que le generen puntos negativos, algunos iniciados por voces en desacuerdo al régimen, pero la mayoría son hechura del gobierno mismo.
Y es que el peor opositor de la Cuarta, es la Cuarta.
La Organización Editorial Mexicana (OEM) dio buena cuenta de ello la semana pasada en la que informó que durante el primer cuatrimestre de 2020 el gobierno federal y Pemex habían obtenido préstamos por 19 mil 407 millones de pesos; cantidad no vista desde la crisis de 2009.
La Secretaría de Hacienda rápidamente envió un comunicado explicando que la colocación de deuda se debía ante la incertidumbre y mayor aversión al riesgo generadas por la pandemia del Covid-19 y la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo, que provocaron una salida importante de flujos de inversionistas extranjeros en el mercado local. Así, el dinero irá a financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año y hacer frente al pago de amortizaciones.
Ya el Consejo Coordinador Empresarial le había solicitado al gobierno federal el considerar adquirir deuda para contrarrestar el impacto de la pandemia en la economía nacional. "Que ni lo sueñen", les respondió.
Pues bueno, en la mejor tradición chimoltrufiesca el gobierno federal terminó haciendo lo que dijo que no haría con el agravante de hacerlo por debajo del agua y justificándolo a medias.
El principal problema del gobierno, en mi opinión, es uno de comunicación. Yo no sé esa necesidad de colocarse en una posición vulnerable teniendo el control de la narrativa nacional. Parece que les gusta ser golpeteados.
En el marco de sus atribuciones, los derechos humanos y la democracia, el gobierno de la República tiene el legítimo derecho de tomar decisiones de Estado para lograr sus objetivos.
La pandemia cambió al mundo de la noche a la mañana y los supuestos de enero de 2020 han perdido vigencia cinco meses después. El gobierno debe tener la capacidad de responder con agilidad sin importar las posturas pre-covid.
La recesión mundial, la propia crisis nacional, el petróleo que no levanta, los programas sociales ambiciosos, los proyectos de infraestructura y los gastos asociados a seguridad tienen contra la pared presupuestal al lopezobradorismo.
Quizá se tenga que recurrir a deuda, quizá tengamos que hacer una reforma fiscal, quizá haya que cancelar las refinerías, quizá haya que rescatar a empresas, quizá haya que dejar de echarle culpas a la cleptocracia nacional. Pero el gobierno no parece que vaya a hacerlo para no desdecir al tlatoani.
Aún peor, las presiones presupuestales tienen al Presidente queriendo sacar dinero de las piedras y golpeteando a instituciones que, dice él, gastan mucho y trabajan poco. Ahí están el Conapred, el INE y los Centros de Investigación que recientemente salieron raspados en la retórica presidencial.
De esta manera es que el gobierno es prisionero de las declaraciones del presidente López Obrador, quien no ha terminado de ser caudillo.
El ejercicio del poder debe venir acompañado de ajustes al afrontar nuevas realidades. Nadie serio puede culpar al Presidente por desdecirse de sus viejas promesas sobre el gasto público, pues el mundo en el que las hizo ya no existe.
Aquí puedes leer más del autor ⬇
