/ miércoles 3 de abril de 2019

Por tortura y violencia sexual, CNDH emite recomendación a la SSP

La CNDH pide que se incluya una compensación en términos de la Ley General de Víctimas para que al afectado se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, por violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad, seguridad personal y legalidad por la inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual en agravio de una persona del sexo masculino.

La recomendación también es para el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y Presidente Municipal de Iguala, Guerrero, Antonio Salvador Jaimes Herrera, por la violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, con motivo de hechos acontecidos en el año 2015.

En sus investigaciones, el organismo nacional calificó como graves las violaciones a los derechos humanos de la víctima respecto a la actuación de los elementos de la Policía Federal quienes, de acuerdo con las opiniones especializadas en medicina y psicología de la CNDH, le provocaron a la víctima alteración en su integridad física y emocional con motivo de la tortura y violencia sexual infligida posterior a su detención.

La CNDH concluyó que las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República omitieron la remisión del desglose de la averiguación previa al área correspondiente de esa institución para que se iniciara la investigación con motivo de la denuncia del delito de tortura que la víctima realizó cuando declaró ministerialmente.

Mientras que personal de la actual Fiscalía General de la República, omitió el seguimiento a las diligencias ordenadas por una agente del Ministerio Público de la Federación en la averiguación previa iniciada a petición de un Juzgado de Distrito, por el delito de tortura, lo cual generó perjuicio al agraviado a quien se le hizo nugatoria la posibilidad de justicia en su favor.

Un médico legista de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Vialidad Municipal, quien certificó el estado físico de la víctima de manera posterior a su detención, indicó que no presentaba lesiones a pesar de la notable alteración en su integridad física.

Por ello, la CNDH recomienda al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que en coordinación con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas repare integralmente el daño al agraviado y a su esposa; asimismo incluya una compensación en términos de la Ley General de Víctimas para que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y de requerirlo, se les brinde atención psicológica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, por violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad, seguridad personal y legalidad por la inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual en agravio de una persona del sexo masculino.

La recomendación también es para el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y Presidente Municipal de Iguala, Guerrero, Antonio Salvador Jaimes Herrera, por la violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, con motivo de hechos acontecidos en el año 2015.

En sus investigaciones, el organismo nacional calificó como graves las violaciones a los derechos humanos de la víctima respecto a la actuación de los elementos de la Policía Federal quienes, de acuerdo con las opiniones especializadas en medicina y psicología de la CNDH, le provocaron a la víctima alteración en su integridad física y emocional con motivo de la tortura y violencia sexual infligida posterior a su detención.

La CNDH concluyó que las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República omitieron la remisión del desglose de la averiguación previa al área correspondiente de esa institución para que se iniciara la investigación con motivo de la denuncia del delito de tortura que la víctima realizó cuando declaró ministerialmente.

Mientras que personal de la actual Fiscalía General de la República, omitió el seguimiento a las diligencias ordenadas por una agente del Ministerio Público de la Federación en la averiguación previa iniciada a petición de un Juzgado de Distrito, por el delito de tortura, lo cual generó perjuicio al agraviado a quien se le hizo nugatoria la posibilidad de justicia en su favor.

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