/ martes 22 de octubre de 2019

Presos podrán votar en elección de 2024

La organización AsiLegal señala que es un derecho para que los reclusos se reintegren a la sociedad

Para los comicios 2024, las personas que se encuentran en prisión y que no han sido sentenciadas podrán ejercer el derecho al voto, debido a que están amparadas por el principio de presunción de inocencia, sostuvo la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), que actualmente impulsa que este derecho sea también para los reclusos sentenciados.

En entrevista con El Sol de México, Verónica Garzón, coordinadora del área de Incidencia Internacional de la organización, sostiene que la propuesta tiene dos objetivos: cumplir el derecho a la reinserción social y garantizar a las personas privadas de la libertad un grado de pertenencia a la comunidad para no despojarlas arbitrariamente de derechos adicionales que los de la pena privativa.

Con esto, AsiLegal sostiene que el derecho al voto cobra suma importancia para generar una verdadera sociedad democrática en la que todos sus miembros, sin distinción, “tienen derecho a participar en la vida política del país”.

“Privar del voto constituye un trato discriminatorio inocuo, que no encuentra su cauce en un sistema respetuoso de los derechos humanos. No hay motivo, ni objetivo, ni razonable para restringir a las personas condenadas su derecho al sufragio universal”.

Verónica Garzón dice que hablar de la reinserción social, “es hablar de un derecho para las personas y sobre todo de cómo el Estado garantiza todos los derechos que se dejaron de tener, incluso desde antes de entrar al centro penitenciario, en el sentido de que en México el delito es un fenómeno multifacético y cuando ellos entran a los centros penitenciarios y se les arrebata el derecho al sufragio universal, se despoja a la persona de pertenecer a un comunidad y tomar decisiones, en conjunto con los demás, ya que también les competen a ellos”.

“Las personas privadas de su libertad tienen el derecho de decidir quiénes van a ser sus representantes y esos representantes aboguen por mejorar las condiciones de internamiento, que es una de las principales violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.

Puntualiza que con el derecho al voto no solamente se garantiza que no va a romper o no va a ser alienada de esta sociedad, a pesar de estar en un contexto de privación de libertad, pero “se garantiza un vínculo en el cual se siga sintiendo parte de esa sociedad”.

EL PAPEL DEL INE

De acuerdo con la resolución del expediente SUP-JDC-352/2018, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.

Con esta sentencia, el TEPJF sostiene que se busca ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad y con ello se salvaguarda el derecho de las personas en prisión preventiva.

Por lo anterior, el máximo órgano de justicia electoral del país determinó, que para 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que implementar una etapa de prueba antes de ese año, en la que se establezca el cómo y cuándo se ejercerá el derecho a votar de las personas que se encuentran en reclusión, con el objetivo de que “puedan practicar este derecho en las elecciones que se llevarán a cabo ese año”.

La Sala Superior determinó que el INE definirá si el ejerció del derecho al voto se aplicará solamente en la elección presidencial o en elecciones locales, esto a partir de las necesidades y posibilidades administrativas y financieras que se requieran, además de fijar el mecanismo que se implementará para que las personas puedan sufragar en prisión, incluido el voto por correspondencia.

Para cumplimentar esta sentencia, el INE deberá de coordinarse con las autoridades penitenciarias competentes o con aquellas que considere necesarias para llevar a cabo la prueba inicial, además de abarcar todas las circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios.

SIN POLITIZAR PENALES

De acuerdo con Verónica Garzón de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, su propuesta abarca para que todos los internos en prisiones puedan tener el derecho al voto y no solo los que no tienen sentencia, de ahí que trabajarán de la mano del Senado de la República para modificar las leyes y se concrete una reforma que garantice a los presos este derecho.

“Nosotros buscamos que los legisladores comiencen a trabajar en eliminar esa restricción. Ese es nuestro objetivo y es hacer alianzas con el Senado para movilizarlo porque ellos son los que tienen las facultades de decidir sobre el tema”, sentenció Garzón.

Para los comicios 2024, las personas que se encuentran en prisión y que no han sido sentenciadas podrán ejercer el derecho al voto, debido a que están amparadas por el principio de presunción de inocencia, sostuvo la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), que actualmente impulsa que este derecho sea también para los reclusos sentenciados.

En entrevista con El Sol de México, Verónica Garzón, coordinadora del área de Incidencia Internacional de la organización, sostiene que la propuesta tiene dos objetivos: cumplir el derecho a la reinserción social y garantizar a las personas privadas de la libertad un grado de pertenencia a la comunidad para no despojarlas arbitrariamente de derechos adicionales que los de la pena privativa.

Con esto, AsiLegal sostiene que el derecho al voto cobra suma importancia para generar una verdadera sociedad democrática en la que todos sus miembros, sin distinción, “tienen derecho a participar en la vida política del país”.

“Privar del voto constituye un trato discriminatorio inocuo, que no encuentra su cauce en un sistema respetuoso de los derechos humanos. No hay motivo, ni objetivo, ni razonable para restringir a las personas condenadas su derecho al sufragio universal”.

Verónica Garzón dice que hablar de la reinserción social, “es hablar de un derecho para las personas y sobre todo de cómo el Estado garantiza todos los derechos que se dejaron de tener, incluso desde antes de entrar al centro penitenciario, en el sentido de que en México el delito es un fenómeno multifacético y cuando ellos entran a los centros penitenciarios y se les arrebata el derecho al sufragio universal, se despoja a la persona de pertenecer a un comunidad y tomar decisiones, en conjunto con los demás, ya que también les competen a ellos”.

“Las personas privadas de su libertad tienen el derecho de decidir quiénes van a ser sus representantes y esos representantes aboguen por mejorar las condiciones de internamiento, que es una de las principales violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.

Puntualiza que con el derecho al voto no solamente se garantiza que no va a romper o no va a ser alienada de esta sociedad, a pesar de estar en un contexto de privación de libertad, pero “se garantiza un vínculo en el cual se siga sintiendo parte de esa sociedad”.

EL PAPEL DEL INE

De acuerdo con la resolución del expediente SUP-JDC-352/2018, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.

Con esta sentencia, el TEPJF sostiene que se busca ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad y con ello se salvaguarda el derecho de las personas en prisión preventiva.

Por lo anterior, el máximo órgano de justicia electoral del país determinó, que para 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que implementar una etapa de prueba antes de ese año, en la que se establezca el cómo y cuándo se ejercerá el derecho a votar de las personas que se encuentran en reclusión, con el objetivo de que “puedan practicar este derecho en las elecciones que se llevarán a cabo ese año”.

La Sala Superior determinó que el INE definirá si el ejerció del derecho al voto se aplicará solamente en la elección presidencial o en elecciones locales, esto a partir de las necesidades y posibilidades administrativas y financieras que se requieran, además de fijar el mecanismo que se implementará para que las personas puedan sufragar en prisión, incluido el voto por correspondencia.

Para cumplimentar esta sentencia, el INE deberá de coordinarse con las autoridades penitenciarias competentes o con aquellas que considere necesarias para llevar a cabo la prueba inicial, además de abarcar todas las circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios.

SIN POLITIZAR PENALES

De acuerdo con Verónica Garzón de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, su propuesta abarca para que todos los internos en prisiones puedan tener el derecho al voto y no solo los que no tienen sentencia, de ahí que trabajarán de la mano del Senado de la República para modificar las leyes y se concrete una reforma que garantice a los presos este derecho.

“Nosotros buscamos que los legisladores comiencen a trabajar en eliminar esa restricción. Ese es nuestro objetivo y es hacer alianzas con el Senado para movilizarlo porque ellos son los que tienen las facultades de decidir sobre el tema”, sentenció Garzón.

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