/ viernes 26 de agosto de 2022

Presupuesto militar va a proyectos de AMLO

Casi uno de cada diez pesos que recibe la Sedena por parte de la Federación se destina a las obras insigna del gobierno de la cuatroté

Un total de 404 mil 363 millones 955 mil 863 pesos le han sido aprobados de presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2019 y junio de 2022, de los cuales han sido apartados para los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, un total de 53 mil 137 millones 903 mil 137 pesos.

Es decir, que uno de cada diez pesos que el Ejército ha recibido para realizar todas sus labores desde que inició la llamada Cuarta Transformación ha terminado en las obras insignia del Gobierno federal, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o para la Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional en Tulum, Quintana Roo.

En el primer año del sexenio, por ejemplo, la Sedena recibió 93 mil 670 millones de pesos. Dentro de ese presupuesto, si bien no tenía aprobado ni un solo peso para este fin, destinó cuatro mil 702 millones 480 mil pesos para los estudios de preinversión y la construcción del AIFA.

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Dentro de ese mismo presupuesto anual, aprobó 15 mil millones para un proyecto de nombre “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y conectividad” en el Estado de México. Sin embargo, no reportó haber gastado un solo peso de ese dinero.

Un año después, el Ejército recibió 94 mil 28 millones de pesos, de los que apartó un total de cinco mil 372 millones 242 mil 103 pesos nuevamente para la construcción del AIFA, que para ese entonces ya tenía algunos meses de haber arrancado sus obras, aunque al final del año reportó haber gastado solo 537 millones.

Ya en el año 2021, la Sedena recibió 112 mil 557 millones de pesos, la cifra más alta registrada en lo que va del sexenio, en la que se apartaron 21 mil 314 millones de pesos para Santa Lucía. En otra partida, si bien no presupuestó recursos para este fin, también terminó gastando 194 millones 323 mil pesos para la administración del mismo aeropuerto.

Es a partir de este año que el Gobierno puso a cuenta de la Sedena otro proyecto de la administración de la Cuatroté: la construcción de una Base Aérea Militar y un Aeropuerto en Tulum, Quintana Roo. Para este fin, si bien la Cámara de Diputados tampoco aprobó dinero, el Ejercitó terminó gastando 557 millones 377 mil pesos tanto para estudios de preinversión como para la construcción de la nueva terminal aérea.

Ahora, para este 2022, a la Sedena le fueron aprobados 104 mil 107 millones de pesos. De este monto, 11 mil 450 millones están dirigidos para otro programa llamado “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y conectividad” en Quintana Roo y para la administración del AIFA, aunque solo se han gastado hasta el momento 342 millones de pesos.

Dinero de seguridad en aeropuertos

Al hacer una revisión a las bases de datos de la Secretaría de Hacienda sobre el presupuesto de la Sedena, se pudo evidenciar que durante los tres primeros años del sexenio, la dependencia militar ejerció un total de 17 mil 612 millones 63 mil 514 pesos que en teoría debieron dirigirse a la defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional y la seguridad interior, pero que en la práctica fueron utilizados para los proyectos antes mencionados.

Trimestre tras trimestre, el Gobierno federal publica en la plataforma Transparencia Presupuestaria el avance del gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para dar a conocer cómo y en qué han usado las dependencias de la Administración Pública Federal los recursos que se les destinan. En estas bases Hacienda divide el gasto en tres grandes grupos funcionales: Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Gobierno.

En el caso de la Sedena, desde 2019 el primer grupo funcional ha sido empleado única y exclusivamente para sus funciones de transporte; el segundo para la educación y salud de los integrantes de las fuerzas armadas y sus familiares; mientras que en el último grupo se han concentrado los recursos de “justicia” y “seguridad nacional”.

Por su parte, en la página de Finanzas Públicas, el Gobierno publica diversos informes sobre la situación económica del país, donde también informa sobre el avance físico y financiero de los Programas y Proyectos de Inversión. Un cruce de datos realizado por El Sol de México en ambas plataformas da cuenta de que es justo en el grupo de Gobierno donde las autoridades han colocado los proyectos relacionados al AIFA y el aeropuerto de Tulum desde 2019 y hasta 2021.

Bajo el pretexto de clasificar estas mismas obras como proyectos de “seguridad nacional”, las autoridades han omitido subir la información de estos aeropuertos a la Cartera de Inversión de Hacienda, lo que evita conocer los estudios técnicos de los proyectos que integran “la evaluación costo y beneficio” de cada obra o que estos se vean reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En entrevista con El Sol de México, expertos en gasto público aseguran que con esta decisión se pone en riesgo la calidad del gasto, pues se impide que ciudadanos, periodistas, organizaciones civiles y hasta otro tipo de funcionarios puedan saber realmente en qué y cómo se está gastando el dinero.

“Entonces permite opacidad y eso permite discrecionalidad. Es decir, a mejor lo gastan bien, pero a lo mejor no”, explica Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa.

A esta opinión se suma la de Juan Ortiz, experto en gestión pública, que refiere que la obligación de registrar cada programa y proyecto de inversión ante Hacienda está establecida en el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que indica que las dependencias deben registrar la evaluación costo-beneficio de sus proyectos a fin de que puedan ser tomados en cuenta para el proyecto del PEF.

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Aunque en este caso la Sedena puede estar utilizando el artículo 109 de la misma ley que establece que se registran todos los proyectos “con excepción de aquella que, por su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada”, es decir, de seguridad nacional, lo que abre espacios a la corrupción.

Un total de 404 mil 363 millones 955 mil 863 pesos le han sido aprobados de presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2019 y junio de 2022, de los cuales han sido apartados para los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, un total de 53 mil 137 millones 903 mil 137 pesos.

Es decir, que uno de cada diez pesos que el Ejército ha recibido para realizar todas sus labores desde que inició la llamada Cuarta Transformación ha terminado en las obras insignia del Gobierno federal, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o para la Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional en Tulum, Quintana Roo.

En el primer año del sexenio, por ejemplo, la Sedena recibió 93 mil 670 millones de pesos. Dentro de ese presupuesto, si bien no tenía aprobado ni un solo peso para este fin, destinó cuatro mil 702 millones 480 mil pesos para los estudios de preinversión y la construcción del AIFA.

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Dentro de ese mismo presupuesto anual, aprobó 15 mil millones para un proyecto de nombre “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y conectividad” en el Estado de México. Sin embargo, no reportó haber gastado un solo peso de ese dinero.

Un año después, el Ejército recibió 94 mil 28 millones de pesos, de los que apartó un total de cinco mil 372 millones 242 mil 103 pesos nuevamente para la construcción del AIFA, que para ese entonces ya tenía algunos meses de haber arrancado sus obras, aunque al final del año reportó haber gastado solo 537 millones.

Ya en el año 2021, la Sedena recibió 112 mil 557 millones de pesos, la cifra más alta registrada en lo que va del sexenio, en la que se apartaron 21 mil 314 millones de pesos para Santa Lucía. En otra partida, si bien no presupuestó recursos para este fin, también terminó gastando 194 millones 323 mil pesos para la administración del mismo aeropuerto.

Es a partir de este año que el Gobierno puso a cuenta de la Sedena otro proyecto de la administración de la Cuatroté: la construcción de una Base Aérea Militar y un Aeropuerto en Tulum, Quintana Roo. Para este fin, si bien la Cámara de Diputados tampoco aprobó dinero, el Ejercitó terminó gastando 557 millones 377 mil pesos tanto para estudios de preinversión como para la construcción de la nueva terminal aérea.

Ahora, para este 2022, a la Sedena le fueron aprobados 104 mil 107 millones de pesos. De este monto, 11 mil 450 millones están dirigidos para otro programa llamado “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y conectividad” en Quintana Roo y para la administración del AIFA, aunque solo se han gastado hasta el momento 342 millones de pesos.

Dinero de seguridad en aeropuertos

Al hacer una revisión a las bases de datos de la Secretaría de Hacienda sobre el presupuesto de la Sedena, se pudo evidenciar que durante los tres primeros años del sexenio, la dependencia militar ejerció un total de 17 mil 612 millones 63 mil 514 pesos que en teoría debieron dirigirse a la defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional y la seguridad interior, pero que en la práctica fueron utilizados para los proyectos antes mencionados.

Trimestre tras trimestre, el Gobierno federal publica en la plataforma Transparencia Presupuestaria el avance del gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para dar a conocer cómo y en qué han usado las dependencias de la Administración Pública Federal los recursos que se les destinan. En estas bases Hacienda divide el gasto en tres grandes grupos funcionales: Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Gobierno.

En el caso de la Sedena, desde 2019 el primer grupo funcional ha sido empleado única y exclusivamente para sus funciones de transporte; el segundo para la educación y salud de los integrantes de las fuerzas armadas y sus familiares; mientras que en el último grupo se han concentrado los recursos de “justicia” y “seguridad nacional”.

Por su parte, en la página de Finanzas Públicas, el Gobierno publica diversos informes sobre la situación económica del país, donde también informa sobre el avance físico y financiero de los Programas y Proyectos de Inversión. Un cruce de datos realizado por El Sol de México en ambas plataformas da cuenta de que es justo en el grupo de Gobierno donde las autoridades han colocado los proyectos relacionados al AIFA y el aeropuerto de Tulum desde 2019 y hasta 2021.

Bajo el pretexto de clasificar estas mismas obras como proyectos de “seguridad nacional”, las autoridades han omitido subir la información de estos aeropuertos a la Cartera de Inversión de Hacienda, lo que evita conocer los estudios técnicos de los proyectos que integran “la evaluación costo y beneficio” de cada obra o que estos se vean reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En entrevista con El Sol de México, expertos en gasto público aseguran que con esta decisión se pone en riesgo la calidad del gasto, pues se impide que ciudadanos, periodistas, organizaciones civiles y hasta otro tipo de funcionarios puedan saber realmente en qué y cómo se está gastando el dinero.

“Entonces permite opacidad y eso permite discrecionalidad. Es decir, a mejor lo gastan bien, pero a lo mejor no”, explica Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa.

A esta opinión se suma la de Juan Ortiz, experto en gestión pública, que refiere que la obligación de registrar cada programa y proyecto de inversión ante Hacienda está establecida en el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que indica que las dependencias deben registrar la evaluación costo-beneficio de sus proyectos a fin de que puedan ser tomados en cuenta para el proyecto del PEF.

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Aunque en este caso la Sedena puede estar utilizando el artículo 109 de la misma ley que establece que se registran todos los proyectos “con excepción de aquella que, por su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada”, es decir, de seguridad nacional, lo que abre espacios a la corrupción.

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