/ martes 8 de enero de 2019

Programas sociales operan sin reglas claras: ONG critica opacidad

La Secretaría de Hacienda catalogó a los proyectos como subsidios directos, por lo que sólo darán a conocer sus lineamientos

A pesar de que programas como Jóvenes Construyendo al Futuro o la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente recibieron 44 mil 300 millones de pesos y dos mil 550 millones, respectivamente, de pesos para este año, ninguno de los dos tienen ni reglas de operación, ni lineamientos para transparentar su uso, lo cual abre la posibilidad a un uso electoral.

De acuerdo con Alfredo Elizondo Rosales, coordinador de proyectos de la asociación civil Gestión Social (Gesoc), como la Secretaría de Hacienda catalogó a ambos programas como subsidios directos, no están obligados a publicar Reglas de Operación, sino Lineamientos, que hasta la fecha se desconocen.

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“Desde el punto de vista de transparencia lo ideal es que contaran con Reglas de Operación. El problema es que no hay una normativa en materia de programas de desarrollo social que obligue que estos programas tengan Reglas de Operación. Ojalá que se hagan públicos los Lineamientos, porque hasta el momento no se cuentan con ellos”, dijo.

En el caso de la Pensión para Discapacitados, a la fecha ni siquiera se tiene un censo de beneficiarios. Se sigue levantando el Censo del Bienestar, el cual también representa otro problema respecto a la transparencia.

Desde el periodo de transición se encargó este registro a personal del partido en el poder, Morena, lo cual estaría violando la ley y abriría la puerta a posible uso electoral de apoyos gubernamentales.

Elizondo Rosales recordó que para este tipo de tareas, el Estado mexicano cuenta con instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que fue ignorado.

Por su parte, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dijo que la inexistencia de Reglas de Operación abre la posibilidad de creación de clientelas electorales.

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“Hay un peligro importante que han advertido otras organizaciones que trabajan con el tema de juventud, es que usualmente estos programas que se han hecho en otras administraciones federales y estatales, cuando son opacos, y carecen de mecanismos de contraloría ciudadana se presta al uso electoral, porque obviamente los adultos jóvenes son una clientela que garantiza votos”, explicó el especialista en políticas de niñez y juventud.

Jóvenes Construyendo el Futuro está construyendo su padrón, esto por medio de un registro vía internet, donde los únicos requisitos son tener entre 18 y 29 años, no estar trabajando y querer recibir capacitación. De objetivos y transparencia, se carece de al menos lineamientos claros.

Pérez García añadió un cuestionamiento sobre Jóvenes Construyendo el Futuro. No es la primera vez que un gobierno, sea federal o local, implementa un programa de capacitación laboral, sin que hayan funcionado ya que recibir capacitación no significa incursión laboral.

Para apoyar a los jóvenes se requiere una verdadera política de Estado que incluya buenos salarios, apoyos fiscales a empresarios y la capacitación. “Un programa no es una política de Estado”, sentenció el director de la REDIM.

A pesar de que programas como Jóvenes Construyendo al Futuro o la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente recibieron 44 mil 300 millones de pesos y dos mil 550 millones, respectivamente, de pesos para este año, ninguno de los dos tienen ni reglas de operación, ni lineamientos para transparentar su uso, lo cual abre la posibilidad a un uso electoral.

De acuerdo con Alfredo Elizondo Rosales, coordinador de proyectos de la asociación civil Gestión Social (Gesoc), como la Secretaría de Hacienda catalogó a ambos programas como subsidios directos, no están obligados a publicar Reglas de Operación, sino Lineamientos, que hasta la fecha se desconocen.

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“Desde el punto de vista de transparencia lo ideal es que contaran con Reglas de Operación. El problema es que no hay una normativa en materia de programas de desarrollo social que obligue que estos programas tengan Reglas de Operación. Ojalá que se hagan públicos los Lineamientos, porque hasta el momento no se cuentan con ellos”, dijo.

En el caso de la Pensión para Discapacitados, a la fecha ni siquiera se tiene un censo de beneficiarios. Se sigue levantando el Censo del Bienestar, el cual también representa otro problema respecto a la transparencia.

Desde el periodo de transición se encargó este registro a personal del partido en el poder, Morena, lo cual estaría violando la ley y abriría la puerta a posible uso electoral de apoyos gubernamentales.

Elizondo Rosales recordó que para este tipo de tareas, el Estado mexicano cuenta con instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que fue ignorado.

Por su parte, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dijo que la inexistencia de Reglas de Operación abre la posibilidad de creación de clientelas electorales.

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“Hay un peligro importante que han advertido otras organizaciones que trabajan con el tema de juventud, es que usualmente estos programas que se han hecho en otras administraciones federales y estatales, cuando son opacos, y carecen de mecanismos de contraloría ciudadana se presta al uso electoral, porque obviamente los adultos jóvenes son una clientela que garantiza votos”, explicó el especialista en políticas de niñez y juventud.

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