/ jueves 21 de mayo de 2020

Proponen que Centros de Justicia para Mujeres dejen de ser "el patito feo" de las Fiscalías

La Comisión de Igualdad de Género busca que éstas tengan su propia personalidad jurídica

Los Centros de Justicia para las Mujeres deben estar descentralizados de las Fiscalías de las entidades federativas para que tengan personalidad jurídica y patrimonio propio, además de autonomía técnica e independencia presupuestal. Es decir, que dejen de ser “el patito feo” de las Fiscalías.

En el país hay 48 de estos centros. Y algunas entidades no tienen estos espacios con las características adecuadas, lo cual deja en estado de vulnerabilidad a las víctimas de violencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 30.7 millones de mujeres han enfrentado algún tipo de violencia, por lo que es fundamental que estos organismos sean eficaces.

Así se puso de manifiesto en el Parlamento virtual en la materia, que organizó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena).

La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, consideró que las reformas planteadas permitirán que los Centros de Justicia adquieran un estatuto jurídico, tengan recursos propios, reconocimiento total; que sus titulares no queden a decisión del Fiscal y que los Consejos Ciudadanos se integren por personas calificadas.

Es fundamental que estos espacios dejen de ser “el patito feo” de las Fiscalías, por lo que la incorporación de su figura en la ley garantizará su estabilidad y reconocimiento. Sugirió que tengan personal comisionado de manera permanente y se les etiquete presupuesto específico. En la actualidad, estos órganos dependen de las Fiscalías.

La fiscal general de Justicia de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, manifestó que los Centros de Justicia para Mujeres no se pueden usar como “caja chica”. Habló de la necesidad de reforzar el ámbito cultural de los servidores públicos que atienden este rubro, a fin de brindar una atención con perspectiva de género.

Es fundamental que estos Centros de Justicia se incluyan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque requieren presupuesto específico para erradicar este problema. “Esta política se debe diseñar de forma integral y respaldada con recursos públicos”, consideró la coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo, Margarita Cabrera Román.

Isabel Erreguerena de “Equis, Justicia para Mujeres”, comentó que durante el confinamiento, aumentaron las agresiones de género. La violencia hacia la mujer es el segundo delito más denunciado en el ámbito familiar.

Y en cuanto a los Centros de Justicia, dijo que no tienen la infraestructura suficiente y su personal no está capacitado para atender a mujeres con alguna discapacidad o a las que usan sustancias tóxicas.

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Los Centros de Justicia para las Mujeres deben estar descentralizados de las Fiscalías de las entidades federativas para que tengan personalidad jurídica y patrimonio propio, además de autonomía técnica e independencia presupuestal. Es decir, que dejen de ser “el patito feo” de las Fiscalías.

En el país hay 48 de estos centros. Y algunas entidades no tienen estos espacios con las características adecuadas, lo cual deja en estado de vulnerabilidad a las víctimas de violencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 30.7 millones de mujeres han enfrentado algún tipo de violencia, por lo que es fundamental que estos organismos sean eficaces.

Así se puso de manifiesto en el Parlamento virtual en la materia, que organizó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena).

La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, consideró que las reformas planteadas permitirán que los Centros de Justicia adquieran un estatuto jurídico, tengan recursos propios, reconocimiento total; que sus titulares no queden a decisión del Fiscal y que los Consejos Ciudadanos se integren por personas calificadas.

Es fundamental que estos espacios dejen de ser “el patito feo” de las Fiscalías, por lo que la incorporación de su figura en la ley garantizará su estabilidad y reconocimiento. Sugirió que tengan personal comisionado de manera permanente y se les etiquete presupuesto específico. En la actualidad, estos órganos dependen de las Fiscalías.

La fiscal general de Justicia de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, manifestó que los Centros de Justicia para Mujeres no se pueden usar como “caja chica”. Habló de la necesidad de reforzar el ámbito cultural de los servidores públicos que atienden este rubro, a fin de brindar una atención con perspectiva de género.

Es fundamental que estos Centros de Justicia se incluyan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque requieren presupuesto específico para erradicar este problema. “Esta política se debe diseñar de forma integral y respaldada con recursos públicos”, consideró la coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo, Margarita Cabrera Román.

Isabel Erreguerena de “Equis, Justicia para Mujeres”, comentó que durante el confinamiento, aumentaron las agresiones de género. La violencia hacia la mujer es el segundo delito más denunciado en el ámbito familiar.

Y en cuanto a los Centros de Justicia, dijo que no tienen la infraestructura suficiente y su personal no está capacitado para atender a mujeres con alguna discapacidad o a las que usan sustancias tóxicas.

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