/ sábado 11 de septiembre de 2021

¿Qué es peculado? El delito por el que acusan a Inés Gómez Mont y su esposo

La corrupción es un sistema creado por distintas redes de colusión entre funcionarios y particulares.

Recientemente se dio a conocer sobre una supuesta orden de aprehensión que un juez giró en contra del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez Mont, quienes están casados, por presuntamente haber cometido el delito de peculado, ilícito por el que se suele perseguir a políticos, pero ¿Qué es el delito de peculado? Acá te lo explicamos.

Primero cabe aclarar que este delito forma parte de lo que conocemos como “corrupción”, que no es propiamente un delito, sino un sistema criminal que integra a varios delitos como la extorsión, el cohecho, el ejercicio ilícito del servicio público, entre otros, que en su conjunto o de manera individual producen el fenómeno de la corrupción.

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“La corrupción es un sistema creado por distintas redes de colusión entre funcionarios y particulares. La corrupción no es un fenómeno que suceda de manera individual, salvo muy excepcionalmente, tan excepcionalmente que yo no he logrado identificar ningún caso”, explicó Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y uno de los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción en una entrevista posterior con El Sol de México.

Ahora sí, explicado lo anterior ¿Quién puede cometer el delito de peculado?

De acuerdo con artículo 223 del Código Penal Federal (CPF), comete este delito todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona, ya sea física o moral, desvié de sus atribuciones dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado y las reciba en administración, depósito, posesión o por otra causa.

También lo comete todo servidor que utilice fondos públicos o haga uso ilícito de sus atribuciones o facultades “con el objetivo de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero” con la finalidad de denigrar a una persona o cualquier persona que solicite o acepte realizar dichas promociones o denigraciones a cambio de fondos públicos o de beneficios de este acto.

Sobre las personas que pueden ser señaladas por cometer este delito está una última cláusula: comete este delito cualquier persona, sin ser necesariamente servidor público federal, que tenga bajo su control la custodia, administración o aplicación de recursos públicos y que los utilice con fines propios o le dé una aplicación distinta a su finalidad.

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¿Cómo se sanciona y multa este delito?

El mismo CPF indica que las sanciones pueden ser de tres meses a dos años de prisión y de 30 a 100 días de multa cuando los fondos desviados no exceden las 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA, que actualmente equivale a 89.62 pesos) o no sea valuable, mientras que puede imponer de dos a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa cuando el dinero utilizado indebidamente supere las 500 UMAS.

Una especificación que es es que cuando los recursos desviados “sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicarán hasta un tercio más de las penas señaladas”.

¿Por qué me suena tanto este delito?

Como ya lo explicamos con anterioridad, este delito suele ser escuchado frecuentemente en medios de comunicación o en la propia arena política debido a que con este delito se suele señalar a diversos políticos o funcionarios públicos que están o estuvieron en la Administración Pública Federal.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en las pasadas elecciones por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien acusó al mandatario por presuntamente usar recursos públicos con fines electorales.

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Sin embargo, otras figuras públicas relevantes en la actualidad están siendo perseguidos o lo fueron por presuntamente cometer este delito.

En esta lista se encuentran personajes como el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca señalado por la UIF por supuesto desvíos de recursos en la entidad; el exgobernador de Nayarit señalado por la Fiscalía de su estado por irregularidades en la distribución de un programa alimentario del estado; el exjefe de gobierno y actual canciller mexicano Marcelo Ebrard por diversas irregularidades en la construcción de la línea 12 del metro, entre otros.

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Recientemente se dio a conocer sobre una supuesta orden de aprehensión que un juez giró en contra del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez Mont, quienes están casados, por presuntamente haber cometido el delito de peculado, ilícito por el que se suele perseguir a políticos, pero ¿Qué es el delito de peculado? Acá te lo explicamos.

Primero cabe aclarar que este delito forma parte de lo que conocemos como “corrupción”, que no es propiamente un delito, sino un sistema criminal que integra a varios delitos como la extorsión, el cohecho, el ejercicio ilícito del servicio público, entre otros, que en su conjunto o de manera individual producen el fenómeno de la corrupción.

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“La corrupción es un sistema creado por distintas redes de colusión entre funcionarios y particulares. La corrupción no es un fenómeno que suceda de manera individual, salvo muy excepcionalmente, tan excepcionalmente que yo no he logrado identificar ningún caso”, explicó Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y uno de los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción en una entrevista posterior con El Sol de México.

Ahora sí, explicado lo anterior ¿Quién puede cometer el delito de peculado?

De acuerdo con artículo 223 del Código Penal Federal (CPF), comete este delito todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona, ya sea física o moral, desvié de sus atribuciones dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado y las reciba en administración, depósito, posesión o por otra causa.

También lo comete todo servidor que utilice fondos públicos o haga uso ilícito de sus atribuciones o facultades “con el objetivo de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero” con la finalidad de denigrar a una persona o cualquier persona que solicite o acepte realizar dichas promociones o denigraciones a cambio de fondos públicos o de beneficios de este acto.

Sobre las personas que pueden ser señaladas por cometer este delito está una última cláusula: comete este delito cualquier persona, sin ser necesariamente servidor público federal, que tenga bajo su control la custodia, administración o aplicación de recursos públicos y que los utilice con fines propios o le dé una aplicación distinta a su finalidad.

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¿Cómo se sanciona y multa este delito?

El mismo CPF indica que las sanciones pueden ser de tres meses a dos años de prisión y de 30 a 100 días de multa cuando los fondos desviados no exceden las 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA, que actualmente equivale a 89.62 pesos) o no sea valuable, mientras que puede imponer de dos a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa cuando el dinero utilizado indebidamente supere las 500 UMAS.

Una especificación que es es que cuando los recursos desviados “sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicarán hasta un tercio más de las penas señaladas”.

¿Por qué me suena tanto este delito?

Como ya lo explicamos con anterioridad, este delito suele ser escuchado frecuentemente en medios de comunicación o en la propia arena política debido a que con este delito se suele señalar a diversos políticos o funcionarios públicos que están o estuvieron en la Administración Pública Federal.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en las pasadas elecciones por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien acusó al mandatario por presuntamente usar recursos públicos con fines electorales.

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Sin embargo, otras figuras públicas relevantes en la actualidad están siendo perseguidos o lo fueron por presuntamente cometer este delito.

En esta lista se encuentran personajes como el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca señalado por la UIF por supuesto desvíos de recursos en la entidad; el exgobernador de Nayarit señalado por la Fiscalía de su estado por irregularidades en la distribución de un programa alimentario del estado; el exjefe de gobierno y actual canciller mexicano Marcelo Ebrard por diversas irregularidades en la construcción de la línea 12 del metro, entre otros.

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