/ martes 24 de mayo de 2022

Sin denuncia ni permiso de padres, mujeres desde 12 años pueden abortar por violación

La Suprema Corte avaló la modificación realizada por la Secretaría de Salud que obliga a las instituciones públicas a realizar el aborto cuando una mujer víctima de violación lo solicite

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la modificación que la Secretaría de Salud (SSa) realizó a la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-46), que ordena a todos los hospitales públicos a practicar abortos a mujeres en casos de violación sin necesidad de que las victimas hayan presentando una denuncia penal por los hechos.

Las modificaciones realizadas en la NOM-46 permiten que incluso menores de entre 12 y 17 años de edad puedan acceder a la interrupción legal del embarazo sin la necesidad del permiso de sus tutores.

Con nueve votos a favor, el Pleno del Máximo Tribunal del país desechó dos controversias constitucionales promovidas por el Poder Legislativo de Aguascalientes (45/2016) y el Poder Ejecutivo de Baja California (53/2016) que buscaban frenar el cumplimiento de dicha norma al considerar que las modificaciones se realizaron sin respetar sus competencias locales.

En primer lugar, las entidades habían argumentado violaciones de procedimiento en la reforma a la NOM, esto porque ha establecido que basta la declaración bajo protesta de decir verdad de la mujer o adolescente afectada para que el hospital o clínica queden obligados a realizar el aborto, sin intervención del Poder Judicial.

Por otra parte, se quejaron de que existe una invasión a las facultades de sus congresos estatales, pues afirman que el Gobierno Federal legisló en materia de delitos del fuero civil como patria potestad y limitó la intervención de padres o tutores sólo en casos de niñas o personas gestantes menores de 12 años.

Sin embargo, en su proyecto de sentencia el ministro Aguilar Morales determinó reconocer la validez de las modificaciones a la NOM que habla de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, mismas que aseguró estuvieron apegadas a los lineamientos previstos en la Ley General de Víctimas de 2013.

El ministro Arturo Zaldívar fue uno los que votaron a favor de la modificación a la NOM 46, al considerar que “fue emitida por una autoridad competente, no invade competencias locales en materia penal, patria potestad, y aplica correctamente el principio de buena fe con que actúan las víctimas”.

“Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo producto de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género”, agregó.

Desde agosto de 2019 la Corte discutió proyectos del ministro Jorge Pardo, quien propuso invalidar la reforma a la NOM porque no se cumplió el procedimiento previsto en la Ley Federal de Metrología y Normalización para los cambios en este tipo de regulaciones.

Sin embargo, como en aquella ocasión, dichos argumentos fueron rechazados por la mayoría de los integrantes del Pleno, que consideraron, como la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que “el derecho que tienen todas las personas de denunciar los hechos ante la representación social de ningún modo puede constituirse como una obligación o requisito indispensable para que se brinde a las mujeres y adolescentes un servicio médico como es la interrupción del embarazo”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la modificación que la Secretaría de Salud (SSa) realizó a la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-46), que ordena a todos los hospitales públicos a practicar abortos a mujeres en casos de violación sin necesidad de que las victimas hayan presentando una denuncia penal por los hechos.

Las modificaciones realizadas en la NOM-46 permiten que incluso menores de entre 12 y 17 años de edad puedan acceder a la interrupción legal del embarazo sin la necesidad del permiso de sus tutores.

Con nueve votos a favor, el Pleno del Máximo Tribunal del país desechó dos controversias constitucionales promovidas por el Poder Legislativo de Aguascalientes (45/2016) y el Poder Ejecutivo de Baja California (53/2016) que buscaban frenar el cumplimiento de dicha norma al considerar que las modificaciones se realizaron sin respetar sus competencias locales.

En primer lugar, las entidades habían argumentado violaciones de procedimiento en la reforma a la NOM, esto porque ha establecido que basta la declaración bajo protesta de decir verdad de la mujer o adolescente afectada para que el hospital o clínica queden obligados a realizar el aborto, sin intervención del Poder Judicial.

Por otra parte, se quejaron de que existe una invasión a las facultades de sus congresos estatales, pues afirman que el Gobierno Federal legisló en materia de delitos del fuero civil como patria potestad y limitó la intervención de padres o tutores sólo en casos de niñas o personas gestantes menores de 12 años.

Sin embargo, en su proyecto de sentencia el ministro Aguilar Morales determinó reconocer la validez de las modificaciones a la NOM que habla de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, mismas que aseguró estuvieron apegadas a los lineamientos previstos en la Ley General de Víctimas de 2013.

El ministro Arturo Zaldívar fue uno los que votaron a favor de la modificación a la NOM 46, al considerar que “fue emitida por una autoridad competente, no invade competencias locales en materia penal, patria potestad, y aplica correctamente el principio de buena fe con que actúan las víctimas”.

“Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo producto de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género”, agregó.

Desde agosto de 2019 la Corte discutió proyectos del ministro Jorge Pardo, quien propuso invalidar la reforma a la NOM porque no se cumplió el procedimiento previsto en la Ley Federal de Metrología y Normalización para los cambios en este tipo de regulaciones.

Sin embargo, como en aquella ocasión, dichos argumentos fueron rechazados por la mayoría de los integrantes del Pleno, que consideraron, como la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que “el derecho que tienen todas las personas de denunciar los hechos ante la representación social de ningún modo puede constituirse como una obligación o requisito indispensable para que se brinde a las mujeres y adolescentes un servicio médico como es la interrupción del embarazo”.

Sociedad

México supera por primera vez los 30 mil contagios de Covid-19

En las últimas 24 horas se identificaron 31 mil 116 nuevas infecciones, para llegar a un total de 6 millones 152 mil 924 de casos

Finanzas

FMI advierte sobre recesión mundial en 2023

El panorama de la economía mundial se ha "oscurecido significativamente" desde abril, afirmó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

Sociedad

Fallece segundo mexicano tras tiroteo durante desfile en Illinois, EU

La SRE confirmó el deceso mediante el consúl General de México en Chicago, quién da su apoyo a más afectados

Sociedad

Asesinan a elemento de la Metropol en la capital zacatecana

Son ya 26 elementos asesinados en lo que va del año

Política

Preocupa en EU el cambio de horario

El Departamento de Comercio explicó que el desfase de horas dificultaría las operaciones de intercambio en la frontera

Mundo

ONU: 800 millones sufren de hambre en el mundo

Aumentó en 2021, afirman cinco agencias; alertan de una catástrofe inminente

Mundo

UE se alista para fin del gas ruso

Tropas rusas lanzan bombardeos masivos en la región de Donetsk y Ucrania evacua a miles; muere una francotiradora brasileña

CDMX

“Los leones vivían mejor conmigo”, dice exdueño que los tenía en la azotea de su casa

Del total de los animales, 80 por ciento está en malas condiciones, pues presentan cuadros de deshidratación, bajo peso o mutilaciones, dice especialista

Finanzas

Piden 491 mdp para planta de catalizadores

El catalizador de hidrotratamiento es necesario para producir gasolinas y diésel, afirmó el IMP