/ lunes 14 de junio de 2021

SCJN otorga a IFT suspensión parcial contra padrón de telefonía móvil

De acuerdo al IFT echar a andar el padrón le costaría 109 millones 864 mil pesos de inicio, más 88 millones 584 mil pesos anuales para mantenerlo funcionando

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y otorgó al órgano regulador suspensión parcial.

En sus argumentos el IFT señala que el Congreso de la Unión afecta e invade sus atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos, al obligarle a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles.

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Además de que no cuenta con los recursos para poner en marcha el registro del PANAUT con cargo a su presupuesto, señala que el Congreso lo obliga a emitir las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del PANAUT, en términos contrarios al objeto para el cual fue creado el propio Instituto.

Fue la ministra Norma Piña Hernández quien concedió la suspensión al órgano regulador, sin embargo, aún no se hacen públicos que tendrá la medida cautelar.

“Se niega la suspensión en los términos solicitados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, bajo los argumentos contenidos en el cuerpo del presente acuerdo. Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído” señala el acuerdo publicado la noche del lunes.

Es de recordar que en mayo pasado, la ministra Piña Hernández rechazó suspender el decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante el cual se crea el PANAUT.

La ministra explica que el posible daño a los derechos humanos a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma.

De acuerdo al IFT echar a andar el padrón le costaría 109 millones 864 mil pesos de inicio, más 88 millones 584 mil pesos anuales para mantenerlo funcionando.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y otorgó al órgano regulador suspensión parcial.

En sus argumentos el IFT señala que el Congreso de la Unión afecta e invade sus atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos, al obligarle a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles.

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Además de que no cuenta con los recursos para poner en marcha el registro del PANAUT con cargo a su presupuesto, señala que el Congreso lo obliga a emitir las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del PANAUT, en términos contrarios al objeto para el cual fue creado el propio Instituto.

Fue la ministra Norma Piña Hernández quien concedió la suspensión al órgano regulador, sin embargo, aún no se hacen públicos que tendrá la medida cautelar.

“Se niega la suspensión en los términos solicitados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, bajo los argumentos contenidos en el cuerpo del presente acuerdo. Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído” señala el acuerdo publicado la noche del lunes.

Es de recordar que en mayo pasado, la ministra Piña Hernández rechazó suspender el decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante el cual se crea el PANAUT.

La ministra explica que el posible daño a los derechos humanos a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma.

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