El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, indicó que junto con el Poder Judicial de la Federación, representa un contrapeso y son la mejor garantía que tiene la sociedad mexicana de que la verdad y la justicia son posibles y accesibles para cualquier persona, “en México no puede haber poderes absolutos”, los poderes públicos deben sujetarse a la constitución, y corresponde al poder judicial de aplicar la ley.
Durante su informe anual de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ombudsman nacional refirió que nadie puede oponerse a que se revise las estructuras del poder, a que se investigue y sancionen los actos de corrupción, sin embargo, la consecuencia de estas metas, “no pueden implicar que se vulneren los derechos, que los contenidos de las leyes se vuelvan objeto de negociación para atender no al mayor y mejor interés de las personas sino a postulados o premisas políticas e ideologías”.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la presentación del informe de la CNDH como tradicionalmente se hacía, González Pérez recalco que pretender asumir los pronunciamientos del ombudsperson dentro de los actos ordinarios de autoridad, más que contribuir a fortalecer la legalidad en nuestro país contribuye un primer paso a que se haga nugatorio, en los hechos, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos previstos en la Constitución.
"Nuestro país requiere una institucionalidad fuente, que consolide nuestra democracia y fortalezca la unidad de la nación, la existencia o no de violaciones a los derechos humanos no es una cuestión que s epoda negociar o se deba interpretar a la luz de interese políticos o de preferencias ideológicas."
En su informe, refirió que durante 2018 un total de 158 mil 960 personas recurrieron a este Organismo Nacional para buscar apoyo, atención o asesoría. Se recibieron 44 mil 274 escritos, de los cuales, previo análisis y estudio de los mismos, derivaron en la apertura de 25 mil 889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas propiamente dichas, 7 mil 855 a orientaciones directas, 8 mil 395 remisiones y 637 inconformidades. Tan sólo estos asuntos, implicaron la atención de un total de 77 mil 404 personas agraviadas.
Recalcó que la autoridad que no acepta una recomendación o no atiende los puntos recomendatorios contenidos en la misma, da la espalda a los derechos humanos, a las víctimas de los mismos y contribuye a que en nuestro país subsista un entorno de impunidad, arbitrariedad y abuso de poder.
“La defensa y respeto de los derechos humanos no depende de ideologías, intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole. Toda autoridad, por el hecho de serlo, está obligada a asumir como premisa de su actividad el respeto y vigencia de los derechos humanos”.
