El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena asumió la atracción del amparo que promovido el investigador Sergio Aguayo Quezada, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación del daño moral al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés es violatoria de la libertad de expresión.
Ortiz Mena deberá elaborar y presentar un proyecto a sus compañeros de la primera sala donde exponga las razones de importancia y trascendencia del caso que motivarían que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajera el caso.
“Esta decisión del Ministro Gutiérrez es el primer paso para que el asunto sea finalmente resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Ministro que asume la atracción debe presentar un proyecto donde exponga las razones de importancia y trascendencia que motivarían que la Suprema Corte resolviera el asunto” informó la SCJN.
Corresponderá, por tanto, a la Primera Sala la decisión final sobre si la Suprema Corte tomará el caso o si lo dejará a cargo del Tribunal Colegiado originalmente competente.
El caso
En junio de 2016, Aguayo fue demandado el exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, luego de que publicara en enero de ese año una columna en la que habla de la detención del exmandatario en España durante 2011 y opina sobre la relación con la corrupción.
"Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana", escribió Aguayo.
Finalmente, Moreira fue exonerado. Según él, Aguayo escribió ese texto para "ofender, insultar, calumniar y propinar injurias", lo que atentaba contra sus "sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación".
El también ex gobernador demandó al investigador, y tras varios años de litigio, en octubre pasado, la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) ordenó a Aguayo el pago de 10 millones de pesos a Moreira y ante el incumplimiento, el ex mandatario estatal, solicitó y obtuvo del juez 16 de lo Civil, Francisco Castillo González, embargar los bienes del académico.
Limita la discusión pública
Ante estos hechos, Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19 dijo que este tipo de demandas contra periodistas buscan inhibir el debate público. Y consideró todavía más "lamentable" la exorbitante suma de dinero que debe pagar Aguayo.
"Se quiere sancionar el pensamiento de una persona sobre otra", expuso Ruelas, quien explicó que en lo estándares internacionales esto "es impensable".
Explicó que se puede cuestionar la información, si es falsa o verdadera o si hubo intención de hacer daño "pero en este caso se está cuestionando el pensar de Aguayo".
Ruelas dijo que esa resolución sienta "un muy mal precedente" y "preocupa mucho" porque el "acoso o intimidación" del Estado se suma al ambiente de violencia en el que se ejerce el periodismo en México.
El martes, Aguayo informó a través de Twitter que ya pagó 450 mil pesos como garantía para frenar el embargo de sus propiedades tras la multimillonaria condena, y acusó una red de apoyo a Moreira en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
"La amenaza de embargo ha sido conjurada. Hace minutos transferí los 450 mil pesos exigidos como garantía. Con eso aplacaré (por un tiempo al menos) a Humberto Moreira", dijo.
Aguayo señaló el martes en una entrevista radiofónica que el magistrado que ordenó embargar sus propiedades tendría vínculos con la familia Moreira, lo que significaría "un conflicto de interés".
El periodista esperó que el caso llegue a la justicia federal donde se dijo convencido de que su caso "será visto como lo que es: un acoso a la libertad de expresión", expuso.
Otra reforma amenaza la libertad de expresión
Hace dos semanas, el subdirector de Artículo 19 en México, Leopoldo Maldonado, advirtió sobre una reforma penal que criminalizaría la libertad de expresión de los mexicanos al revivir delitos como la injuria, la calumnia, la difamación y la ofensa a las instituciones
En entrevista con Efe, Maldonado informó que estos crímenes, que se han despenalizado a nivel federal y en la mayoría de los estados desde 2006, se tipifican de nuevo en un Código Penal único, una iniciativa adjudicada a la Fiscalía General de la República (FGR) cuyo borrador obtuvo Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión e información.
Este miércoles, la reputada politóloga y columnista Denise Dresser cuestionó en la conferencia matutina sobre este hecho al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
"Estoy aquí por Sergio Aguayo. Un juez lo quiere obligar a pagar 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares) por escribir una opinión crítica sobre Moreira como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor", expuso Dresser.
La periodista hizo comprometer al mandatario a que su Gobierno y su partido el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas.
"No tengo nada que ver con la supuesta reforma", respondió López Obrador, pero Dresser le dijo que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sí.
"En caso de que sea cierto, el fiscal es autónomo, creo que eso si lo sabes, y ya no es el tiempo de antes, de la simulación", retomó el presidente.
Dresser presionó a López Obrador a que si el fiscal presenta el 1 de febrero dichas medidas, él en primera persona las condene.
Ante la periodista, el presidente aceptó, pues dijo que su gobierno busca defender la libertad de expresión y el derecho a disentir.
Distintas organizaciones mostraron su solidaridad a Aguayo, entre ellas Artículo 19, Amnistía Internacional México y Fundar, organización dedicada al análisis presupuestario, la transparencia, defensa y promoción de derechos humanos.
Todos coincidieron en señalar que este tipo de resoluciones representan un ataque a la libertad de expresión del periodista y académico y vulneran el derecho a la información de toda la sociedad mexicana.
Con información de EFE
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