La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
De acuerdo con la tercera entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, esta situación provocó que “no se propiciarán la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas entre las instituciones federales, ni tampoco el impulso a su papel estratégico de vigilancia y control”.
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Es este sentido, según el informe de auditoría de cumplimiento y desempeño 2019-0-27100-21-0077-2020, en materia de controles establecidos para verificar la evolución patrimonial, la Auditoría encontró que la Función Pública careció de mecanismos y controles eficientes que le permitieran comprobar el cumplimiento de esta obligación, así como la verificación del contenido de la información en las declaraciones.
Esta situación se reflejó en dos mil 420 declaraciones en las que se encontró una serie de irregularidades y discrepancias en la información estadística en contraste con la presentada en el informe de labores de la Secretaría respecto a las bases de datos, por un total de 21 mil 126 declaraciones.
Respecto a las investigaciones de evolución patrimonial de servidores públicos, se identificó que durante el 2019 la SFP realizó únicamente 92 investigaciones, es decir el 0.02 por ciento del total de declaraciones presentadas, mismas que fueron realizadas sin contar con una “política, lineamiento o metodología que estableciera las bases y justificara la selección de servidores públicos sujetos a investigación”, lo que propició condiciones favorables para realización de actos de discrecionalidad.
Además, estas se realizaron sin que la SFP aportara información respecto a si culminaron en denuncias presentadas, en sanciones a los servidores públicos, o en resarcimientos económicos a favor del estado mexicano por los 93 millones 51 mil pesos que se determinaron como montos por aclarar.
Finalmente respecto a la quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas en contra de servidores públicos federales y de aquellas personas que manejaron o aplicaron recursos públicos, la Auditoria concluyó que la SFP no contó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas durante 2019.
Además, se comprobó que la información del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados no fue actualizada desde el ejercicio fiscal 2018, lo que “denotó la falta de transparencia, integridad, existencia, veracidad, eficacia y eficiencia en la gestión de las actividades relacionadas a informar sobre los servidores públicos sancionados”.
