Los gobiernos de México y Estados Unidos proyectaron que en las próximas horas aumentará el número de centroamericanos deportados a la franja norte del país, que se calcula sumará para agosto 60 mil personas retornadas al territorio mexicano en espera de que el gobierno de Trump les dé asilo. Sin embargo, gobernadores y alcaldes de los estados fronterizos del norte advirtieron que desconocen el plan de acción de la Federación y la ruta de coordinación para garantizar cobijo a los migrantes.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que el gobierno federal ha diseñado una serie de acciones para enfrentar el incremento de deportados, como un mayor número de albergues y garantizar su alimentación.
México pactó con Washington bajar el flujo migratorio en 45 días para evitar la imposición de aranceles de 5 por ciento a las mercancías mexicanas. De acuerdo con proyecciones de Estados Unidos si la tendencia continuaba como hasta ahora, hacia finales del año habrían llegado un millón 600 mil centroamericanos a este país. Por lo que exigieron tomar cartas en el asunto.
Los gobernadores de Chihuahua y Sonora, Javier Corral y Claudia Pavlovich, denunciaron que los estados no cuentan con recursos para atender estas deportaciones. Recordó que el gobierno federal recortó más de 100 millones de pesos para el tratamiento de este tema, por ello, el mandatario, enviará una misiva al gobierno federal para solicitar la restitución inmediata de estos fondos.
La gobernadora Pavlovich coincidió con Corral y alertó que Sonora no tiene la capacidad para brindar servicios a los migrantes retornados.
La Organización Editorial Mexicana (OEM) también consultó a los alcaldes de los municipios fronterizos, quienes coincidieron en que la Federación no ha aterrizado hasta ahora la ruta para la atención de los centroamericanos deportados.
El presidente municipal, Armando Cabada aseguró que Ciudad Juárez no cuenta con infraestructura y servicios, por lo que se convertiría en un problema más para la ciudad.
Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, dijo que lo que hay que procurar con el gobierno federal es construir en equipo un protocolo para atender la problemática que se va a venir. Y lamentó que los acuerdos sólo los conozcan por los medios de comunicación y no en una sesión de trabajo conjunta.
“Nuestro inconveniente es que no sea a cargo del presupuesto de los tijuanenses como debemos solventar la problemática que el gobierno federal nos genera. Necesitamos un protocolo, eso significa acciones y procesos, cómo y cuándo debe participar la autoridad municipal, sin ese protocolo vamos a seguir batallando con una migración desorganizada, que no viene a sumarse al esfuerzo de todos los tijuanenses”, dijo.
También reclamó que por cuidar más la frontera sur con Guatemala, la Guardia Nacional deje de atender al norte del país, azotado por el crimen organizado.
También habló el alcalde de Nogales, Jesús Antonio Pujol, quien declaró que no se cuenta con la instalaciones suficientes para dar albergar a grandes cantidades de migrantes de este lado de la frontera. En este municipio, detalló, sólo con cinco albergues con capacidad para entre 50 y 100 personas, además que están gestionando con Sedatu la construcción de un Centro Especial para Migrantes.
“Van a estar llegando a la frontera, obviamente nunca se ha tenido el recurso suficiente para tender a todos los migrantes, ahora menos, con todos los ocho mil migrantes que están en Estados Unidos y que los van a regresar al lado mexicano. Vamos a tener que ir viendo cómo resolvemos el tema”.
El alcalde mencionó que mientras se resuelve el tema del apoyo presupuestal, su gobierno emplearía acciones, como la de conseguirles empleo en la industria maquiladora, donde desde hace tiempo hay alrededor de mil 500 vacantes. “Vamos a aprovechar el tema de la gente que va a ir llegando, para cubrir todas vacantes”, dijo. (Con información de Guillermo Saucedo y Eliud Ávalos)
