/ lunes 30 de octubre de 2017

SIP denuncia "conducta de persecución" contra la prensa al concluir su asamblea anual en Salt Lake City

La organización que integra a más de mil 200 medios de comunicación de la región sesionó en la capital del estado de Utah, Estados Unidos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que a través del hemisferio se ha consolidado un patrón de agresiones que afecta el ejercicio del periodismo y que proviene tanto del crimen organizado como de autoridades y gobiernos.

 

 

La organización que integra a más de 1.200 medios de comunicación de la región sesionó en la capital del estado de Utah, Estados Unidos del 27 al 30 de octubre. Tras la revisión del comportamiento semestral de la libertad de prensa, país por país, la SIP emitió la siguiente Conclusión:

 

 

La violencia en contra de los periodistas y de los medios, la proliferación de leyes y de proyectos que intentan controlar la actividad periodística, unidos a las presiones de parte de las autoridades y a la falta de acceso a las informaciones oficiales, constituyen los principales obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano, según los informes de cada país que se han conocido durante la 73ª. Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa reunida en Salt Lake City, Utah.

 

Durante el año 2017 parece haberse consolidado un patrón de conducta de agresiones en contra de la prensa, tanto de parte del crimen organizado como de las autoridades y los gobiernos. Esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato. Así, se han registrado embestidas en Bolivia, en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. En Argentina se registró un caso de claro intento de asesinato de un periodista. Y en México y en Honduras, desde la reunión anterior de la SIP en el mes de abril, desgraciadamente los crímenes dejaron 10 periodistas muertos, siete en México y tres en Honduras. En lo que va del año 2017 ya son 18 los comunicadores que han caído víctimas de un crimen. Los asesinatos son la expresión máxima de brutalidad que puede alcanzar la censura. Pero no termina ahí la persecución a los profesionales de la comunicación, puesto que luego de cometidos los crímenes sus autores, en casi todos los casos, quedan en la impunidad más absoluta. Las investigaciones rara vez logran capturarlos y cuando lo hacen, sólo logran identificar a los autores materiales, pero quienes planifican el crimen no logran ser detectados. Va pasando el tiempo y el delito prescribe, con lo cual quienes han organizado esta acción consiguen sus objetivos: han silenciado a un periodista, han enviado un mensaje amenazador y no han recibido castigo alguno.

 

El hostigamiento a la prensa se manifiesta también en las legislaciones y los proyectos de leyes que se discuten en diversos países del continente. En muchos de ellos, las autoridades procuran inmiscuirse en los contenidos editoriales, como en Venezuela, El Salvador o en Colombia donde un fallo de la Corte Constitucional ordena a los medios a actualizar de oficio la información que publiquen en internet. En Ecuador, aún se mantiene vigente la estructura legal heredada del gobierno anterior que creó un sistema procesal y una Superintendencia de Comunicación que actúan en contra de la libertad de prensa. En muchos países, como Barbados, aún no se dicta una ley que garantice el acceso a las fuentes públicas de información o si se ha dictado, no se ha reglamentado con lo cual no es más que letra muerta. En Argentina es el Ejecutivo el encargado de dictar el reglamento y en Honduras, Nicaragua y República Dominicana, existen disposiciones legales que impiden el acceso a la información o, simplemente, aunque existe una ley, se ponen trabas a su cumplimiento.

 

Por otra parte, los ataques contra los medios de prensa apelando al término "fake news" o "noticias falsas" parecen ganar cada vez más espacio en la región. Detrás de esta arremetida contra la labor de los periodistas por parte de funcionarios o gobiernos hay una clara intención de desacreditar el trabajo de los informadores, especialmente cuando se trata de notas o reportes que no les son favorables. El riesgo de estos ataques es que justamente están enfilados contra uno de los pilares de la democracia y, en casos particulares como el de Estados Unidos, han servido para crear desconfianza en los informadores e incluso alentar actitudes agresivas hacia ellos. En este particular, es de notar que en Estados Unidos, que tiene desde su Constitución una defensa de la labor de la prensa y el derecho a la libre expresión, tan solo en el año que culmina se han registrado 31 agresiones físicas contra periodistas. Más de 30 reporteros fueron detenidos por agentes de la policía mientras realizaban su trabajo. Los medios en Estados Unidos, en general, permanecen bajo el asedio de una fuerte retórica contra ellos liderada por el presidente Donald Trump.

 

La situación en Cuba no puede ser peor. A las agresiones contra los periodistas se han agregado ahora sus familiares y los usuarios de las redes sociales. Las restricciones provienen de la propia Constitución que señala que la prensa debe estar conforme a los fines de la revolución socialista y prohíbe la propiedad privada de los medios de comunicación. No es posible ejercer el periodismo legalmente si no se ha pertenecido desde antes de ingresar a la universidad a la Unión de Jóvenes Comunistas. Aún así, se castiga a quien pudiera haber indagado secretos del Estado, con lo cual queda eliminada toda posibilidad de acceso a información que debiera ser pública. Continúa restringido el acceso a internet y quienes se dedican al periodismo sufren detenciones arbitrarias y condenas absolutamente inaceptables.

 

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro multiplica los mecanismos de censura. En la actualidad el solo hecho de cubrir una manifestación contra el gobierno puede ser calificado de terrorismo y el periodista queda sometido a los tribunales militares. El cierre de plantas televisoras y radiodifusoras ha continuado, así como las llamadas inspecciones técnicas a las emisoras de radio y televisión. Varias señales de cable internacionales, incluida CNN en español, han sido prohibidas en razón de sus líneas editoriales. A los periodistas extranjeros con frecuencia se les prohíbe la entrada al país sin motivo y los periodistas venezolanos deben sufrir las agresiones de civiles armados y de una Guardia Nacional bien equipada y dispuesta a utilizar la violencia indiscriminadamente para controlar desordenes. Son comunes los robos de los implementos de trabajo. Enseguida, enfrentan las dificultades para publicar sus trabajos por la falta de papel prensa o por los cierres de las emisoras. Y si logran hacerlo, corren el riesgo de verse enfrentados a una demanda judicial por motivos inexplicables.

 

Junto a este panorama de debilitamiento de la libertad de prensa, se reportan algunos hechos de connotación positiva, como el dictado de sentencias en contra de los autores materiales de asesinatos de periodistas en Colombia y Guatemala, un clima de mayor respeto a la libertad de expresión en Ecuador y la posibilidad casi cierta de una mejor protección del secreto de la fuente en Canadá.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que a través del hemisferio se ha consolidado un patrón de agresiones que afecta el ejercicio del periodismo y que proviene tanto del crimen organizado como de autoridades y gobiernos.

 

 

La organización que integra a más de 1.200 medios de comunicación de la región sesionó en la capital del estado de Utah, Estados Unidos del 27 al 30 de octubre. Tras la revisión del comportamiento semestral de la libertad de prensa, país por país, la SIP emitió la siguiente Conclusión:

 

 

La violencia en contra de los periodistas y de los medios, la proliferación de leyes y de proyectos que intentan controlar la actividad periodística, unidos a las presiones de parte de las autoridades y a la falta de acceso a las informaciones oficiales, constituyen los principales obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano, según los informes de cada país que se han conocido durante la 73ª. Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa reunida en Salt Lake City, Utah.

 

Durante el año 2017 parece haberse consolidado un patrón de conducta de agresiones en contra de la prensa, tanto de parte del crimen organizado como de las autoridades y los gobiernos. Esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato. Así, se han registrado embestidas en Bolivia, en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. En Argentina se registró un caso de claro intento de asesinato de un periodista. Y en México y en Honduras, desde la reunión anterior de la SIP en el mes de abril, desgraciadamente los crímenes dejaron 10 periodistas muertos, siete en México y tres en Honduras. En lo que va del año 2017 ya son 18 los comunicadores que han caído víctimas de un crimen. Los asesinatos son la expresión máxima de brutalidad que puede alcanzar la censura. Pero no termina ahí la persecución a los profesionales de la comunicación, puesto que luego de cometidos los crímenes sus autores, en casi todos los casos, quedan en la impunidad más absoluta. Las investigaciones rara vez logran capturarlos y cuando lo hacen, sólo logran identificar a los autores materiales, pero quienes planifican el crimen no logran ser detectados. Va pasando el tiempo y el delito prescribe, con lo cual quienes han organizado esta acción consiguen sus objetivos: han silenciado a un periodista, han enviado un mensaje amenazador y no han recibido castigo alguno.

 

El hostigamiento a la prensa se manifiesta también en las legislaciones y los proyectos de leyes que se discuten en diversos países del continente. En muchos de ellos, las autoridades procuran inmiscuirse en los contenidos editoriales, como en Venezuela, El Salvador o en Colombia donde un fallo de la Corte Constitucional ordena a los medios a actualizar de oficio la información que publiquen en internet. En Ecuador, aún se mantiene vigente la estructura legal heredada del gobierno anterior que creó un sistema procesal y una Superintendencia de Comunicación que actúan en contra de la libertad de prensa. En muchos países, como Barbados, aún no se dicta una ley que garantice el acceso a las fuentes públicas de información o si se ha dictado, no se ha reglamentado con lo cual no es más que letra muerta. En Argentina es el Ejecutivo el encargado de dictar el reglamento y en Honduras, Nicaragua y República Dominicana, existen disposiciones legales que impiden el acceso a la información o, simplemente, aunque existe una ley, se ponen trabas a su cumplimiento.

 

Por otra parte, los ataques contra los medios de prensa apelando al término "fake news" o "noticias falsas" parecen ganar cada vez más espacio en la región. Detrás de esta arremetida contra la labor de los periodistas por parte de funcionarios o gobiernos hay una clara intención de desacreditar el trabajo de los informadores, especialmente cuando se trata de notas o reportes que no les son favorables. El riesgo de estos ataques es que justamente están enfilados contra uno de los pilares de la democracia y, en casos particulares como el de Estados Unidos, han servido para crear desconfianza en los informadores e incluso alentar actitudes agresivas hacia ellos. En este particular, es de notar que en Estados Unidos, que tiene desde su Constitución una defensa de la labor de la prensa y el derecho a la libre expresión, tan solo en el año que culmina se han registrado 31 agresiones físicas contra periodistas. Más de 30 reporteros fueron detenidos por agentes de la policía mientras realizaban su trabajo. Los medios en Estados Unidos, en general, permanecen bajo el asedio de una fuerte retórica contra ellos liderada por el presidente Donald Trump.

 

La situación en Cuba no puede ser peor. A las agresiones contra los periodistas se han agregado ahora sus familiares y los usuarios de las redes sociales. Las restricciones provienen de la propia Constitución que señala que la prensa debe estar conforme a los fines de la revolución socialista y prohíbe la propiedad privada de los medios de comunicación. No es posible ejercer el periodismo legalmente si no se ha pertenecido desde antes de ingresar a la universidad a la Unión de Jóvenes Comunistas. Aún así, se castiga a quien pudiera haber indagado secretos del Estado, con lo cual queda eliminada toda posibilidad de acceso a información que debiera ser pública. Continúa restringido el acceso a internet y quienes se dedican al periodismo sufren detenciones arbitrarias y condenas absolutamente inaceptables.

 

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro multiplica los mecanismos de censura. En la actualidad el solo hecho de cubrir una manifestación contra el gobierno puede ser calificado de terrorismo y el periodista queda sometido a los tribunales militares. El cierre de plantas televisoras y radiodifusoras ha continuado, así como las llamadas inspecciones técnicas a las emisoras de radio y televisión. Varias señales de cable internacionales, incluida CNN en español, han sido prohibidas en razón de sus líneas editoriales. A los periodistas extranjeros con frecuencia se les prohíbe la entrada al país sin motivo y los periodistas venezolanos deben sufrir las agresiones de civiles armados y de una Guardia Nacional bien equipada y dispuesta a utilizar la violencia indiscriminadamente para controlar desordenes. Son comunes los robos de los implementos de trabajo. Enseguida, enfrentan las dificultades para publicar sus trabajos por la falta de papel prensa o por los cierres de las emisoras. Y si logran hacerlo, corren el riesgo de verse enfrentados a una demanda judicial por motivos inexplicables.

 

Junto a este panorama de debilitamiento de la libertad de prensa, se reportan algunos hechos de connotación positiva, como el dictado de sentencias en contra de los autores materiales de asesinatos de periodistas en Colombia y Guatemala, un clima de mayor respeto a la libertad de expresión en Ecuador y la posibilidad casi cierta de una mejor protección del secreto de la fuente en Canadá.

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