El derecho de acceso a la información y la fiscalización tienen una gran relevancia para generar estrategias efectivas en la erradicación del fenómeno de la corrupción, problemática que, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, generó un costo aproximado de 12 mil 770 millones de pesos en 2019, señaló Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
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Al participar en el panel Auditoría social en América Latina: participación ciudadana en contextos de crisis de la FIL de Guadalajara 2020, Ibarra Cadena resaltó la importancia de los organismos garantes que exigen a los sujetos obligados entregar información, aunque reconoció que esto no implica necesariamente que existan sanciones.
“No somos ajenos a que muchas ocasiones están limitados principalmente en los municipios o entidades federativas, lo sabemos, y naturalmente hay ejemplos donde se basan solo en cumplir las obligaciones de transparencia y no se da ese siguiente paso que tiene que ser identificar la información que realmente se requiere en ese momento y propiciar acciones y políticas de transparencia proactiva” dijo.
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Por ello, llamó a poner atención en las capacidades y restricciones de las unidades de transparencia locales, velar por el adecuado funcionamiento de las instituciones de impartición y procuración de justicia, y activar los ejercicios de participación ciudadana, de rendición de cuentas y de contraloría social, que pueden exhibir actos de discrecionalidad.
En ese sentido, Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que hoy se lanzó la Auditoría Cooperativa de Cumplimiento sobre Transparencia, Rendición de Cuentas e Inclusión que coordina México en el grupo de desastres la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y que cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el cual tiene como objetivo “contar con insumos para mejorar la fiscalización de la gestión de recursos en tiempos de emergencia”.
Además, también resaltó la importancia de la participación ciudadana a través de las denuncias, así como la obligación de las autoridades para tomar medidas preventivas o correctivas para cerrar los espacios a la corrupción.
“Las instituciones de fiscalización superior tampoco pueden quedarse cruzadas de manos pensando solo en el ejercicio de los parámetros que los legisladores establecen al construir las normas que regulan la fiscalización, sino también estar atentos a lo que se exige a su realidad”, dijo.
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