Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), indicó que una de las principales batallas en la lucha feminista es combatir la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, para lo cual diversos informes evidencian que es fundamental contar con organismos y mecanismos de transparencia y acceso a la información.
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Así lo indicó al participar en el conservatorio “Feminismo, acceso a la información y derechos digitales, ¿qué tienen en común?", donde señaló que un ejemplo se encuentra en el informe Justicia en trámite: el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, realizado por el colectivo Luchadoras, a lado de las organizaciones integrantes de la coalición Internet es nuestra, mismo que evidenció cómo el acceso a la información puso en evidencia las alternativas implementadas por las entidades federativas para combatir la violencia digital contra las mujeres.
Mediante un rastreo histórico de las reformas para sancionar la difusión de imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento en México, los colectivos realizaron 219 solicitudes de acceso a la información en 24 estados de la república, donde se habían aprobado leyes en la materia hasta febrero de 2020 y relativas a 73 delitos como amenazas, extorsión, pornografía infantil, entre otros.
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“A través de las solicitudes realizadas a fiscalías estatales se obtuvo información sobre el número de denuncias presentadas, carpetas de investigación abiertas, número y género de las víctimas, el tipo de plataforma tecnológica utilizada para perpetrar la agresión, el estado de las carpetas de investigación, así como el número de aquellas carpetas que ya habían sido concluidas en delitos cibernéticos”, explicó.
Adicionalmente, en otros seis estados se realizaron requerimientos de información sobre denuncias presentadas, donde no solo se pidió información a las fiscalías sino también a los poderes judiciales de los estados, donde se pedía el tipo de tecnología utilizada, el número y género de las víctimas, cuántas vinculaciones a proceso existían y si estaban concretadas.
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Esto ejemplifica cómo el “derecho de acceso a la información es una llave para ejercer otros derechos”, donde el estado mexicano y particularmente los órganos garantes “tenemos un amplio compromiso con las mexicanas para brindar instituciones transparentes, pero también instituciones sensibles y responsables que garanticen que cualquier medida acción o política sea legal, proporcionada, necesaria y muy importante no discriminatoria”.
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