En los últimos diez años, el sector de turismo y restaurantero ha sido el más ligado a los cárteles de la droga en México bajo la denominada Ley Kingpin que Estados Unidos estableció en 1999 para bloquear y prohibir las transacciones con narcotraficantes y sus organizaciones alrededor del mundo.
De acuerdo con reportes del Departamento del Tesoro, actualizados al 16 de febrero pasado, de 2013 a 2023, un total de mil 813 empresas entre agencias de viajes, tiempos compartidos, hoteles y restaurantes han sido incorporadas en la “lista negra” de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por operaciones de narcotráfico y lavado de dinero ligadas a las organizaciones de los hermanos Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, Los Cuinis, La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Laredo, el de los Arriola Márquez, el de los Amezcua Contreras, Meza Flores, Ruelas Torres, Flores Hernández y los Zetas.
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Pertenecer a esta lista no sólo autoriza al Departamento de Estado bloquear cualquier activo en su país, también prohíbe a cualquier empresa o persona estadounidense hacer negocios con ellas.
Violar estas disposiciones contempla penas civiles de hasta 1.44 millones de dólares por cada violación, así como hasta 30 años de prisión para directivos de empresas y multas de hasta cinco millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión.
Assis Reality and Vacation Club S.A. de C.V., Axis Sale & Maintenance Buildings S.A. de C.V. y Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta S.A. de C.V. son algunas de las empresas dedicadas al turismo que la OFAC incluyó en su lista en el 2023.
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Todas fueron ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco y están ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de un esquema fraudulento de tiempo compartido el cual, como El Sol de México informó en marzo del año pasado, tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses en retiro. Sólo en el 2023, al menos 27 empresas ligadas a esta red fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro.
El restaurante Habaneros, llamado Conceptos Gastronómicos de Sonora S. de RL de CV, ubicado en Nogales, Sonora, es sólo un ejemplo de los más de 60 restaurantes incluidos en la lista negra del año pasado —la cifra más alta desde el 2018— por servir como operadores de los cárteles de este lado de la frontera.
Conceptos Gastronómicos de Sonora fue sancionado por el Departamento del Tesoro en noviembre junto a 13 personas, incluido un jefe de plaza del Cártel de Sinaloa conocido como Cacayo, y tres empresas más establecidas en ese estado del norte del país que, según la OFAC, operaban para los Chapitos en el tráfico de fentanilo y otras drogas a través de la frontera con la Unión Americana.
La lista completa contiene más de cinco mil compañías de toda clase de actividades, incluyendo gasolinerías, gaseras, clínicas de belleza, autódromos, farmacias, empresas de apoyo empresarial, editoras de revistas, casas de cambio, centros de entretenimiento, fábricas de juguetes y call center, entre otras.
Incluso la OFAC ha incluido a organizaciones de la sociedad civil, como fue en el caso del futbolista Rafael Márquez, quien en 2017 entró a la lista por su presunta relación con Raúl Flores Hernández, alias El Tío, en actividades ilícitas y lavado de dinero. Después de cuatro años, las autoridades de Estados Unidos retiraron de la lista al exseleccionado nacional, sus empresas y asociaciones civiles, entre las que se encontraban la escuela de Futbol Rafael Márquez A.C., Futbol y Corazón A.C., Grupo Deportivo Alver S.A de C.V y Grupo Terapéutico Puerto Vallarta S.A de C.V. entre otras.
De acuerdo con el abogado estadounidense, Charles Tocmon, por lo general las personas y empresas señaladas por la OFAC están efectivamente enredadas con grupos del crimen organizado, pero en muchas ocasiones involucran a inocentes.
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Consideró que el trámite para salir de la lista es de los más complicados y tardados en EU pues puede durar hasta cinco años, dependiendo de los señalamientos en su contra.
“El proceso inicia con la preparación de una solicitud de remoción, que se puede presentar directamente o a través de apoderados, pero no de cualquier abogado, éste necesita un permiso previo de OFAC para poder actuar; después, el señalado debe responder un cuestionario que envía la Oficina de Control, la revisión y análisis del cuestionario es lo tardado ya que puede durar años, ya que investigan puntualmente relaciones con personas o bienes en Estados Unidos, así como cada uno de los viajes que pudo haber realizado. Imagínese si se trata de empresas, investigan a cada socio. Finalmente OFAC envía una notificación con la decisión y cuando recibe esa notificación firmada, entonces retira a las personas o las empresas de la lista, se dice rápido pero el proceso casi nunca dura menos de dos años”, explicó.
