/ martes 29 de junio de 2021

UDLAP exige liberación inmediata de instalaciones tras "invasión" de Fundación Mary Street Jenkins

La Universidad responsabilizó también a las autoridades del estado de Puebla de cualquier daño en las instalaciones y documentos de la institución

PUEBLA. Policías estatales tomaron ayer las instalaciones de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP) en cumplimiento de una orden judicial que le quita el control de la institución a la Fundación Mary Mary Street Jenkins y se lo otorga a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, que preside Horacio Magaña Martínez.

La Fundación Mary Mary Street Jenkins fue la encargada de donar fondos en 1966 para establecer el campus de la UDLAP en Cholula, el cual inició actividades en 1970. Desde entonces, esta fundación, cuyo patrimonio asciende a 720 millones de dólares, se ha encargado del control jurídico y administrativo de la institución.

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El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, calificó esta intervención como ilegal y como un mensaje peligroso para México, pues se utilizó la fuerza pública armada “como en el 68” para cometer un acto de humillación y de intimidación a la comunidad universitaria.

En una conferencia de prensa virtual, Derbez refirió que hace dos meses la Junta para el Cuidado de las Instituciones Privadas del estado de Puebla, organismo desconcentrado del gobierno local, nombró a Horacio Magaña Martínez como el titular de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, situación que generó la inconformidad de las autoridades de la UDLAP y de la Fundación Mary Street Jenkins ante la justicia federal, lo que derivó en un amparo en contra de ese nombramiento.

El rector de la UDLAP dijo desconocer quién es Horacio Magaña Martínez, de quien no pudo obtener su trayectoria e incluso cuestionó que fuera originario de Puebla.

Adalberto Ramos, quien se ostentó como integrante del nuevo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, aseguró que un juez dictó como medida cautelar el aseguramiento y devolución de las instalaciones de la universidad para así recuperar parte del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.

Con lo anterior, afirmó, se avanza en un proceso legal en el que incluso ya se han girado órdenes de aprehensión contra algunos integrantes de la familia Jenkins, salvaguardando parte del patrimonio de la fundación.

Sin embargo, Virgilio Rincón Salas, abogado de la Fundación Mary Street Jenkins aseguró que la toma del campus ubicado en Cholula fue un atropello grave al estado de derecho, ya que un juez federal ordenó que no se integrará un nuevo patronato para la Universidad de las Américas Puebla.

Dijo que la orden de suspensión concedida a nivel federal garantiza que Margarita Jenkins de Landa sigue siendo la presidenta del patronato de la , por lo que procederán a interponer un amparo ante un juez federal.

"Reina una confusión, nosotros tenemos resoluciones judiciales federales que dicen que nuestros patronos no deben ser retirados de su cargo y para nosotros esa es la verdad, porque es una verdad federal".

Por su parte, la defensa legal de Guillermo Jenkins de Landa, a quien en un inicio se le atribuyen las acciones que motivaron la toma de la UDLAP, deslindó a su cliente de los hechos.

Carlos Serna, el abogado del hijo primogénito de la familia Jenkins, señaló que los hechos ocurridos en Cholula nada tienen que ver con las demandas que su representado presentó en contra de los integrantes de la familia que auspician la fundación Jenkins.

PLEITO FAMILIAR

La familia Jenkins lleva casi 10 años en un pleito interno por el control del patronato de la fundación Mary Street Jenkins, que controlaba hasta ayer la UDLAP, los cuales van desde embargos y restricciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hasta órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de varios integrantes de la familia.

La fundación fue creada en 1954 por el empresario multimillonario William Oscar Jenkins Biddle, estadounidense que hizo su fortuna en México a través de empresas textiles, azucareras, de alcohol y de salas de cine. La gran mayoría de sus obras benéficas las realizó en el estado de Puebla.

En 2013, Guillermo Jenkins de Landa, nieto de William Oscar Jenkins y primogénito de la actual familia, fue expulsado del patronato de la fundación. Un año después interpuso una demanda ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, en la que, además de buscar su restitución, denunció que dicha fundación donó el 30 de abril de 2014, todo su patrimonio –valuado en 720 millones de dólares– a la beneficencia Bienestar de Filantropía, con sede en la isla Barbados.

El SAT revocó en 2015 el permiso a la Fundación Jenkins como donataria autorizada que le permitía deducir impuestos y en 2017 embargó el campus de la UDLAP, derivado de la investigación que se realizaba a las operaciones financieras de la Fundación Jenkins.

El conflicto familiar escaló este año hasta el terreno penal cuando la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió una orden de aprehensión en contra de Roberto Jenkins de Landa, sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos y su madre Sofía de Landa Irizar de Jenkins, por presunto lavado de dinero.

De igual forma, este mismo año se emitió una orden de aprehensión contra varios de los integrantes de la familia Jenkins, así como a sus representantes legales por el presunto desfalco de más de 14 mil millones de pesos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.


Con información de Víctor Hugo Juárez/ El Sol de Puebla

PUEBLA. Policías estatales tomaron ayer las instalaciones de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP) en cumplimiento de una orden judicial que le quita el control de la institución a la Fundación Mary Mary Street Jenkins y se lo otorga a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, que preside Horacio Magaña Martínez.

La Fundación Mary Mary Street Jenkins fue la encargada de donar fondos en 1966 para establecer el campus de la UDLAP en Cholula, el cual inició actividades en 1970. Desde entonces, esta fundación, cuyo patrimonio asciende a 720 millones de dólares, se ha encargado del control jurídico y administrativo de la institución.

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El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, calificó esta intervención como ilegal y como un mensaje peligroso para México, pues se utilizó la fuerza pública armada “como en el 68” para cometer un acto de humillación y de intimidación a la comunidad universitaria.

En una conferencia de prensa virtual, Derbez refirió que hace dos meses la Junta para el Cuidado de las Instituciones Privadas del estado de Puebla, organismo desconcentrado del gobierno local, nombró a Horacio Magaña Martínez como el titular de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, situación que generó la inconformidad de las autoridades de la UDLAP y de la Fundación Mary Street Jenkins ante la justicia federal, lo que derivó en un amparo en contra de ese nombramiento.

El rector de la UDLAP dijo desconocer quién es Horacio Magaña Martínez, de quien no pudo obtener su trayectoria e incluso cuestionó que fuera originario de Puebla.

Adalberto Ramos, quien se ostentó como integrante del nuevo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, aseguró que un juez dictó como medida cautelar el aseguramiento y devolución de las instalaciones de la universidad para así recuperar parte del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.

Con lo anterior, afirmó, se avanza en un proceso legal en el que incluso ya se han girado órdenes de aprehensión contra algunos integrantes de la familia Jenkins, salvaguardando parte del patrimonio de la fundación.

Sin embargo, Virgilio Rincón Salas, abogado de la Fundación Mary Street Jenkins aseguró que la toma del campus ubicado en Cholula fue un atropello grave al estado de derecho, ya que un juez federal ordenó que no se integrará un nuevo patronato para la Universidad de las Américas Puebla.

Dijo que la orden de suspensión concedida a nivel federal garantiza que Margarita Jenkins de Landa sigue siendo la presidenta del patronato de la , por lo que procederán a interponer un amparo ante un juez federal.

"Reina una confusión, nosotros tenemos resoluciones judiciales federales que dicen que nuestros patronos no deben ser retirados de su cargo y para nosotros esa es la verdad, porque es una verdad federal".

Por su parte, la defensa legal de Guillermo Jenkins de Landa, a quien en un inicio se le atribuyen las acciones que motivaron la toma de la UDLAP, deslindó a su cliente de los hechos.

Carlos Serna, el abogado del hijo primogénito de la familia Jenkins, señaló que los hechos ocurridos en Cholula nada tienen que ver con las demandas que su representado presentó en contra de los integrantes de la familia que auspician la fundación Jenkins.

PLEITO FAMILIAR

La familia Jenkins lleva casi 10 años en un pleito interno por el control del patronato de la fundación Mary Street Jenkins, que controlaba hasta ayer la UDLAP, los cuales van desde embargos y restricciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hasta órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de varios integrantes de la familia.

La fundación fue creada en 1954 por el empresario multimillonario William Oscar Jenkins Biddle, estadounidense que hizo su fortuna en México a través de empresas textiles, azucareras, de alcohol y de salas de cine. La gran mayoría de sus obras benéficas las realizó en el estado de Puebla.

En 2013, Guillermo Jenkins de Landa, nieto de William Oscar Jenkins y primogénito de la actual familia, fue expulsado del patronato de la fundación. Un año después interpuso una demanda ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, en la que, además de buscar su restitución, denunció que dicha fundación donó el 30 de abril de 2014, todo su patrimonio –valuado en 720 millones de dólares– a la beneficencia Bienestar de Filantropía, con sede en la isla Barbados.

El SAT revocó en 2015 el permiso a la Fundación Jenkins como donataria autorizada que le permitía deducir impuestos y en 2017 embargó el campus de la UDLAP, derivado de la investigación que se realizaba a las operaciones financieras de la Fundación Jenkins.

El conflicto familiar escaló este año hasta el terreno penal cuando la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió una orden de aprehensión en contra de Roberto Jenkins de Landa, sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos y su madre Sofía de Landa Irizar de Jenkins, por presunto lavado de dinero.

De igual forma, este mismo año se emitió una orden de aprehensión contra varios de los integrantes de la familia Jenkins, así como a sus representantes legales por el presunto desfalco de más de 14 mil millones de pesos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.


Con información de Víctor Hugo Juárez/ El Sol de Puebla

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