El modelo de financiamiento y gasto de las Universidades Públicas Estatales (UPES) es insostenible, pues el crecimiento en la matrícula y personal docente, el incremento en los salarios y prestaciones, el desorden en el sistema de pensiones, aunados a la escasez de recursos, hacen que sus finanzas estén colapsadas.
Así lo determinó Integralia en su estudio Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados y Retos, mismo que fue patrocinado por la Secretaría de Educación Pública, y en el que también observa que la negociación del presupuesto 2020 es una oportunidad para trazar una ruta de solución a esta problemática en las UPES.
“La dinámica de negociación presupuestaria que ha imperado en los últimos años, además de discrecional y opaca, ha sido ineficaz para combatir el problema financiero de las universidades”, indica.
Para resolverlo delinea la necesidad de definir reglas claras para la asignación de recursos públicos; comprometer a las UPES a incrementar sus ingresos propios; frenar el incremento desordenado de salarios y prestaciones (en algunas hasta 90 días de aguinaldo y 32 días de prima vacacional), así como reformar el esquema de pensiones (la edad de jubilación oscila entre 53 y 65 años).
Señala que el próximo 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregará la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en donde se inscriben, por un lado, las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha declarado que “el gobierno se apretará el cinturón”, lo cual podría agravar la crisis financiera de las UPES; y por el otro la garantía que ha asegurado de que no faltarán recursos para la operación de las universidades.
En este sentido, Integralia recomendó al gobierno federal tomar en cuenta: reglas claras para la asignación de recursos públicos para las UPES, con base en indicadores de desempeño, transparencia y eficacia en el uso de los recursos; fomentar la mayor recaudación de ingresos propios en las mismas instituciones; así como definir una ruta de acción para incrementar las aportaciones de los estados hasta alcanzar el objetivo de 50-50 por ciento.
Además, empezar por condicionar las transferencias federales a la entrega de las aportaciones estatales pactadas en los convenios; limitar el pago de prestaciones por encima de la ley con fondos de recursos ordinarios; establecer que el pago de prestaciones adicionales deberá cubrirse con ingresos propios de las UPES.
También sugiere rediseñar el esquema de pensiones y jubilaciones que evite duplicidades; aumentar la edad y años de servicio para acceder a la jubilación; fomentar la aportación de los trabajadores y de la universidad al fondo de pensiones; eliminar las pensiones dinámicas; limitar la creación de nuevas UPES en tanto no se resuelvan los problemas estructurales de las actuales.
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