/ viernes 12 de julio de 2019

Universidades reforzarán protocolos de seguridad

Delitos como homicidio, narcomenudeo y portación de armas en el entorno universitario obligaron a replantearlos

Capacitación, elaboración de reglamentos y protocolos en casos de emergencia, y coordinación con las autoridades de seguridad ciudadana son los lineamientos básicos que propone la actualización del Manual de Seguridad para Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Angélica Garnica Sosa, responsable del manual, aseveró que delitos como homicidio, narcomenudeo y portación de armas en el entorno universitario obligaron al replanteamiento de los protocolos.

“Era necesario actualizar el Manual porque había que hacer recomendaciones por narcomenudeo e incluso delitos como el homicidio, presencia de armas, violencia en el noviazgo, y una serie de incidentes más graves que incluso ponen en riesgo a la comunidad estudiantil”, dijo Garnica Sosa.

La especialista informó que el documento será presentado a los rectores y directores de diversas instituciones educativas u organizaciones como la ANUIES, ante la realidad por la que están pasando universidades ante el crecimiento de delitos de alto impacto. Casos recientes como el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo al salir de la Universidad Pedregal, o el asesinato de Nayeli Nohemí, alumna de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien fue baleada en las instalaciones de la casa de estudios.

Es en estos últimos casos donde se requiere de la coordinación con las autoridades de seguridad pública o de emergencias, ya que sobrepasan las capacidades de cualquier universidad.

“Muchas de las problemáticas que viven las instituciones rebasan a las escuelas, las instituciones, las maestras, los estudiantes y padres. Estoy hablando de secuestro, de extorsión, narcomenudeo, presencia de armas, tema de amenazas de bomba, una serie de amenazas donde los únicos actores con capacidad para atenderlas es el sistema de seguridad del país”, dijo la investigadora.

En su investigación para la actualización, Angélica Garnica Sosa encontró que solamente la mitad de las instituciones de educación superior en el país cuentan con un reglamento de seguridad o ha elaborado un programa de seguridad universitaria. Además, el 37 por ciento carece de programas de capacitación en temas de seguridad.

Ante este panorama, las primeras recomendaciones del Manual son: realizar un diagnóstico interno de la institución, capacitación del personal de seguridad y comunidad universitaria y la tercera recomendación es catalogar los incidentes desde aquellos que se pueden considerar faltas administrativas que, pasando por un Código rojo que ponga en riesgo la integridad física de alumnos, o el Código Negro que es un riesgo inminente a la vida de un integrante de la comunidad.

Se aborda la coordinación con las autoridades gubernamentales, tanto de seguridad como servicios urbanos como alumbrado o de transporte público, para crear ambientes de prevención.

Capacitación, elaboración de reglamentos y protocolos en casos de emergencia, y coordinación con las autoridades de seguridad ciudadana son los lineamientos básicos que propone la actualización del Manual de Seguridad para Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Angélica Garnica Sosa, responsable del manual, aseveró que delitos como homicidio, narcomenudeo y portación de armas en el entorno universitario obligaron al replanteamiento de los protocolos.

“Era necesario actualizar el Manual porque había que hacer recomendaciones por narcomenudeo e incluso delitos como el homicidio, presencia de armas, violencia en el noviazgo, y una serie de incidentes más graves que incluso ponen en riesgo a la comunidad estudiantil”, dijo Garnica Sosa.

La especialista informó que el documento será presentado a los rectores y directores de diversas instituciones educativas u organizaciones como la ANUIES, ante la realidad por la que están pasando universidades ante el crecimiento de delitos de alto impacto. Casos recientes como el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo al salir de la Universidad Pedregal, o el asesinato de Nayeli Nohemí, alumna de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien fue baleada en las instalaciones de la casa de estudios.

Es en estos últimos casos donde se requiere de la coordinación con las autoridades de seguridad pública o de emergencias, ya que sobrepasan las capacidades de cualquier universidad.

“Muchas de las problemáticas que viven las instituciones rebasan a las escuelas, las instituciones, las maestras, los estudiantes y padres. Estoy hablando de secuestro, de extorsión, narcomenudeo, presencia de armas, tema de amenazas de bomba, una serie de amenazas donde los únicos actores con capacidad para atenderlas es el sistema de seguridad del país”, dijo la investigadora.

En su investigación para la actualización, Angélica Garnica Sosa encontró que solamente la mitad de las instituciones de educación superior en el país cuentan con un reglamento de seguridad o ha elaborado un programa de seguridad universitaria. Además, el 37 por ciento carece de programas de capacitación en temas de seguridad.

Ante este panorama, las primeras recomendaciones del Manual son: realizar un diagnóstico interno de la institución, capacitación del personal de seguridad y comunidad universitaria y la tercera recomendación es catalogar los incidentes desde aquellos que se pueden considerar faltas administrativas que, pasando por un Código rojo que ponga en riesgo la integridad física de alumnos, o el Código Negro que es un riesgo inminente a la vida de un integrante de la comunidad.

Se aborda la coordinación con las autoridades gubernamentales, tanto de seguridad como servicios urbanos como alumbrado o de transporte público, para crear ambientes de prevención.

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