/ sábado 14 de diciembre de 2019

Vigilarán redes sociales para cuidar a periodistas

El gobierno elaborará mapas de riesgo en estados con mayores agresiones hacia los comunicadores

El gobierno federal alista ajustes en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para alinearlo a las exigencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los que destacan el monitoreo de redes sociales y datos de organizaciones de la sociedad civil para identificar amenazas, el mapeo de zonas geográficas de riesgo y el cambio de escoltas privadas a la utilización del Servicio de Protección Federal, a cargo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

En un documento de trabajo, al que tuvo acceso El Sol de México, se establece que para el monitoreo en redes se tomarán en cuenta palabras claves como narcotraficante, Ejército, Marina, militar, policías, alcalde, cártel, pandilla, extorsionador, entre otras.

Urgen aprobar Ley de Protección a Periodistas en Edomex

En una primera etapa, el mapa de riesgo para los periodistas se levantará en Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México y Quintana Roo.

Para el caso los defensores de derechos humanos esta cartografía se elaborará en la capital, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. El mapa es la representación cartográfica o georreferenciación de las agresiones cometidas.

Estas medidas serán instrumentadas de manera paralela a la discusión de la reforma en la materia que se discutirá en el Congreso el próximo periodo ordinario de sesiones.

Desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, 452 personas solicitaron estar en el programa, pero sólo 183 han sido incorporadas. Lo anterior representa un incremento de 66 por ciento respecto a finales de 2018, cuando se acogieron 110. En total, el mecanismo protege a mil 86 personas, de los cuales 721 son defensores de derechos humanos, y 365 periodistas.

Además, se establece que uno de los focos rojos para la aplicación de este modelo de seguridad para periodistas y activistas es que sólo en 12 estados hay Unidades Estatales de Protección, y la mayoría de ellas no tienen el personal y los recursos necesarios para poder operar de manera adecuada.

En 2012 fue aprobada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a partir de la cual se delineó el funcionamiento de este modelo de protección, integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.

El diagnóstico muestra que cada año aumentan las solicitudes de ingreso al mecanismo. Mientras en 2012 hubo 35 solicitudes para 2018 esta cifra se elevó a 235.

El gobierno federal busca poner bajo la lupa los protocolos de coordinación nacional, como la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona, chalecos antibalas, detector de metales y autos blindados. Por otra parte, se revisarán el status de las 104 recomendaciones que hizo en agosto pasado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien señala que el Mecanismo no cuenta con un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Adicionalmente, se señala que el Mecanismo mantiene su enfoque principal en evitar la consumación del daño – elemento muy importante –, sin priorizar la atención a las causas que generan el riesgo, que deben ser atendidas a través de acciones políticas y de prevención que permitan anular el origen del riesgo.

El gobierno federal alista ajustes en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para alinearlo a las exigencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los que destacan el monitoreo de redes sociales y datos de organizaciones de la sociedad civil para identificar amenazas, el mapeo de zonas geográficas de riesgo y el cambio de escoltas privadas a la utilización del Servicio de Protección Federal, a cargo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

En un documento de trabajo, al que tuvo acceso El Sol de México, se establece que para el monitoreo en redes se tomarán en cuenta palabras claves como narcotraficante, Ejército, Marina, militar, policías, alcalde, cártel, pandilla, extorsionador, entre otras.

Urgen aprobar Ley de Protección a Periodistas en Edomex

En una primera etapa, el mapa de riesgo para los periodistas se levantará en Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México y Quintana Roo.

Para el caso los defensores de derechos humanos esta cartografía se elaborará en la capital, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. El mapa es la representación cartográfica o georreferenciación de las agresiones cometidas.

Estas medidas serán instrumentadas de manera paralela a la discusión de la reforma en la materia que se discutirá en el Congreso el próximo periodo ordinario de sesiones.

Desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, 452 personas solicitaron estar en el programa, pero sólo 183 han sido incorporadas. Lo anterior representa un incremento de 66 por ciento respecto a finales de 2018, cuando se acogieron 110. En total, el mecanismo protege a mil 86 personas, de los cuales 721 son defensores de derechos humanos, y 365 periodistas.

Además, se establece que uno de los focos rojos para la aplicación de este modelo de seguridad para periodistas y activistas es que sólo en 12 estados hay Unidades Estatales de Protección, y la mayoría de ellas no tienen el personal y los recursos necesarios para poder operar de manera adecuada.

En 2012 fue aprobada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a partir de la cual se delineó el funcionamiento de este modelo de protección, integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.

El diagnóstico muestra que cada año aumentan las solicitudes de ingreso al mecanismo. Mientras en 2012 hubo 35 solicitudes para 2018 esta cifra se elevó a 235.

El gobierno federal busca poner bajo la lupa los protocolos de coordinación nacional, como la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona, chalecos antibalas, detector de metales y autos blindados. Por otra parte, se revisarán el status de las 104 recomendaciones que hizo en agosto pasado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien señala que el Mecanismo no cuenta con un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Adicionalmente, se señala que el Mecanismo mantiene su enfoque principal en evitar la consumación del daño – elemento muy importante –, sin priorizar la atención a las causas que generan el riesgo, que deben ser atendidas a través de acciones políticas y de prevención que permitan anular el origen del riesgo.

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