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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) aplaudió la voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar respuesta a decenas de miles de familias que tienen un ser querido desaparecido.
Estima que deberá avanzar más allá de localizar cuerpos, incluso mantener el interés cuando la actual administración termine su gestión en 2024 y asegurar los fondos necesarios para dar cabal cumplimiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, aprobada en 2017.
“El progreso probablemente será lento, y no se deben pasar por alto las pequeñas victorias a nivel local. A medida que las iniciativas de la CNB (Comisión Nacional de Búsqueda) avanzan y el Mecanismo Extraordinario toma forma, medir el éxito debe ir más allá de contar la cantidad de fosas encontradas o la cantidad de restos identificados”, apunta WOLA en su análisis.
“El progreso también debe medirse por los esfuerzos para aumentar el personal y los recursos financieros de las fiscalías estatales, las comisiones estatales de búsqueda y otras agencias relevantes, así como asegurar el apoyo y monitoreo internacional”, continúa.
En enero de este año, el gobierno de México registró 60 mil 053 personas desaparecidas entre 2006 y 2019, aunque señala puede ser una subestimación al sólo contar con la información de 20 fiscalías estatales de las 32 con las que se cuentan.
En este sentido, también ubica la importancia de que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales redoblen esfuerzos, no sólo en el apoyo de búsqueda e identificación, sino también en investigar y sancionar responsables de casos de desaparición, “incluyendo a funcionarios públicos involucrados en varios casos”.
“Los esfuerzos de búsqueda y exhumación son solo el primer paso para atender la crisis de desapariciones”, apunta.
WOLA recuerda que el propio gobierno mexicano reconoce la falta de capacidad e infraestructura para enfrentar una crisis de esta magnitud, pues Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), llamó esta situación una "emergencia forense" que requiere asistencia internacional.
