/ miércoles 13 de mayo de 2020

WOLA urge a México desarrollar estrategias para frenar violencia contra periodistas

La organización dijo que los asesinatos han continuado aun después de que México empezó a intensificar el distanciamiento social por Covid-19

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para personas que se dedican a exponer la corrupción y las actividades del crimen organizado, exigir justicia por los abusos de los derechos humanos y defender los derechos ambientales, territoriales y sociales, por lo que urge desarrollar políticas públicas integrales que vayan más allá de proporcionar medidas de protección, advirtió la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

En un nuevo reporte, la organización destacó que en 2019, más periodistas fueron asesinados en relación con su trabajo en México que en cualquier otro país aparte de Siria, representando la mitad de los comunicadores asesinados en todo el mundo.

Además, México ocupó el cuarto lugar en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial. "Los activistas ambientales enfrentan riesgos elevados: las personas que se dedican a oponerse a proyectos de desarrollo y la explotación ilegal de los recursos naturales constituían más de la mitad de las personas defensoras asesinadas en México el año pasado", destaca Wola.

El documento también subraya que si bien 161 personas defensoras de derechos humanos y 40 periodistas fueron asesinados durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho poco para abordar el problema.

"Al menos 12 periodistas y 26 personas defensoras han sido asesinados desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. Los asesinatos han continuado aun después de que México empezó a intensificar el distanciamiento social y las medidas de salud pública en respuesta a la pandemia de Covid-19", afirma Wola.

La influyente organización estadounidense atribuye el problema a que el gobierno de López Obrador aún no ha dedicado los recursos necesarios para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas—la agencia federal responsable de proporcionar medidas de protección como cámaras de seguridad, chalecos antibalas y guardaespaldas a periodistas y personas defensoras en riesgo.

"Si bien el mecanismo ha salvado vidas, no se le ha otorgado los recursos humanos y financieros que necesita para hacer su trabajo adecuadamente", afirma.

También destaca que la hostilidad del presidente López Obrador hacia las críticas solo ha exacerbado el entorno peligroso que enfrentan los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en México.

"En varias ocasiones, el presidente ha utilizado sus conferencias de prensa matutinas para señalar y criticar a periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado públicamente sus políticas. Esto incluye a personas que han cuestionado la eficacia de la estrategia de seguridad del gobierno y que han criticado la creciente tasa de homicidios del país y la impunidad por las violaciones de los derechos humanos. También incluye periodistas que han cuestionado la respuesta del gobierno a la pandemia de Covid-19", afirma el documento.


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México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para personas que se dedican a exponer la corrupción y las actividades del crimen organizado, exigir justicia por los abusos de los derechos humanos y defender los derechos ambientales, territoriales y sociales, por lo que urge desarrollar políticas públicas integrales que vayan más allá de proporcionar medidas de protección, advirtió la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

En un nuevo reporte, la organización destacó que en 2019, más periodistas fueron asesinados en relación con su trabajo en México que en cualquier otro país aparte de Siria, representando la mitad de los comunicadores asesinados en todo el mundo.

Además, México ocupó el cuarto lugar en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial. "Los activistas ambientales enfrentan riesgos elevados: las personas que se dedican a oponerse a proyectos de desarrollo y la explotación ilegal de los recursos naturales constituían más de la mitad de las personas defensoras asesinadas en México el año pasado", destaca Wola.

El documento también subraya que si bien 161 personas defensoras de derechos humanos y 40 periodistas fueron asesinados durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho poco para abordar el problema.

"Al menos 12 periodistas y 26 personas defensoras han sido asesinados desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. Los asesinatos han continuado aun después de que México empezó a intensificar el distanciamiento social y las medidas de salud pública en respuesta a la pandemia de Covid-19", afirma Wola.

La influyente organización estadounidense atribuye el problema a que el gobierno de López Obrador aún no ha dedicado los recursos necesarios para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas—la agencia federal responsable de proporcionar medidas de protección como cámaras de seguridad, chalecos antibalas y guardaespaldas a periodistas y personas defensoras en riesgo.

"Si bien el mecanismo ha salvado vidas, no se le ha otorgado los recursos humanos y financieros que necesita para hacer su trabajo adecuadamente", afirma.

También destaca que la hostilidad del presidente López Obrador hacia las críticas solo ha exacerbado el entorno peligroso que enfrentan los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en México.

"En varias ocasiones, el presidente ha utilizado sus conferencias de prensa matutinas para señalar y criticar a periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado públicamente sus políticas. Esto incluye a personas que han cuestionado la eficacia de la estrategia de seguridad del gobierno y que han criticado la creciente tasa de homicidios del país y la impunidad por las violaciones de los derechos humanos. También incluye periodistas que han cuestionado la respuesta del gobierno a la pandemia de Covid-19", afirma el documento.


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