A un año de la puesta en marcha del Programa Piloto para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar, 19 mil 648 se han afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un promedio salarial de cinco mil 176 pesos.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil exhortan al gobierno mexicano y a las personas empleadoras a tomar medidas encaminadas a garantizar y proteger los derechos de las trabajadoras del hogar, quienes frente a la pandemia Covid-19, se encuentran en una situación crítica: se enfrentan a despidos injustificados y recortes en sus ingresos por las medidas de distanciamiento social.
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En medio de la epidemia ocho organizaciones como el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), el Fondo Semillas, la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH), Nosotrxs y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) exhortaron a los empleadores de personas trabajadoras del hogar a pagar de forma íntegra su salario durante la cuarentena, pese a que éstas no estén laborando.
Señalaron que el gobierno Federal y los gobiernos estatales deben destinar recursos económicos a las personas trabajadoras del hogar que perdieron sus ingresos y se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Además de impulsar medidas y protocolos orientados a reducir la vulneración de derechos de éstas frente a la pandemia.
Indicaron que la mejor ayuda es inscribirlas al programa piloto para garantizar su acceso a la seguridad social y en caso de que continúen trabajando, asegurar las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias del país.
“Exhortamos a quienes emplean personas mayores de 65 años, con enfermedades o padecimientos crónicos y mujeres embarazadas o en periodo lactancia, garanticen las medidas de aislamiento correspondientes por decreto federal”.
Aquellas que no logran dejar de trabajar por la necesidad de generar un ingreso cotidiano, se están exponiendo más al virus por el desplazamiento a sus lugares de trabajo y por la labor de cuidados que realizan diariamente.
Los despidos o “descansos” sin apoyo económico crecen de forma exponencial. Una de cada tres personas trabajadoras del hogar es jefa de familia, por lo que la pérdida o reducción de sus ingresos en este contexto las coloca a ellas y a sus familias en una situación de riesgo que condiciona su seguridad patrimonial y alimentaria. “Como organizaciones hacemos un llamado al Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto para actuar de forma solidaria con medidas que permitan mitigar los efectos de esta crisis que afecta a quienes menos tienen”, señaló Marcelina Bautista, coordinadora General de Centro de apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH).
Las organizaciones de la sociedad civil afirman que la falta de protección social, la situación de pobreza moderada o extrema de 50.7 por ciento de los hogares de las trabajadoras del hogar y la situación de informalidad en la que laboran (99 por ciento no tienen contrato escrito y 97 por ciento no cuentan con seguridad social), las convierte en uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a esta pandemia.
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