/ lunes 10 de abril de 2017

Una de cada cuatro embarazadas tiene menos de 18 años

Abigaíl Cruz

Los partidos PRD y Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados alertaron sobre el alarmante incremento en los casos de matrimonios con niñas menores de edad y embarazos en adolescentes.

El diputado federal del Sol Azteca, Rafael Hernández, recordó que en México, una de cada cuatro mujeres que está esperando un bebé tiene menos de 18 años, y eso genera efectos en muchas ocasiones negativos, en cuanto a su salud, desarrollo emocional, social e incluso económico.

En tanto, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma, afirmó que el 80 por ciento de las jovencitas embarazadas abandonan sus estudios.

Por esa razón, el legislador perredista Rafael Hernández demandó que los estados de la República intervengan directamente para frenar esa problemática, prohibiendo los matrimonios con menores de edad. Además señaló que el Congreso de la Unión analiza reformas en la materia.

El también secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez recalcó que en San Lázaro se han presentado distintos puntos de acuerdo para exhortar a los congresos locales a legislar en la materia, e impedir que niñas, niños y adolescentes menores de 18 años puedan contraer matrimonio.

“Son personas que no tienen la madurez emocional y física para contraer matrimonio y mucho menos para ser madres, y una de cada cuatro mujeres en nuestro país se está embarazando antes de cumplir la mayoría de edad”, dijo.

Hernández Soriano apuntó que de acuerdo a cifras oficiales, en el país más de 100 mil niñas y jóvenes, pero en especial las menores, están expuestas a explotación, abuso y violación sexual, al ser obligadas a casarse antes de tener la mayoría de edad.

Refirió que según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2010 se tenían registrados más de 434 mil menores de edad casados formalmente o conviviendo en unión libre; de los cuales, más 32 mil tenían entre 12 y 14 años; y más de 400 mil tenían entre 15 y 17 años de edad.

“Este tipo de matrimonios expone a las niñas a embarazos prematuros, que además de poner en riesgo su vida, las condena al aislamiento social y a la pobreza, cancelando sus opciones para un mejor futuro, al que tienen derecho”, dijo.

A su vez, el diputado federal ecologista, Jesús Sesma Suárez, manifestó que urge legislar para frenar los embarazos adolescentes e indicó que a diario, en México, se reportan seis mil 260 nacimientos, de los cuales mil 252 corresponden a madres menores de edad.

Explicó que en los estados con mayor número de embarazos de adolescentes son Chiapas, Nayarit, Michoacán, Chihuahua e Hidalgo; y de acuerdo a la Unicef, en México el 55.2 por ciento de los jóvenes son pobres.

Esa situación, dijo Sesma Suárez, dificulta su reinserción en el ámbito escolar, encontrar un trabajo remunerador e incrementa sus condiciones de vulnerabilidad.

Calificó como alarmante esa situación y por ello, manifestó que la legislación en la materia debe contemplar medidas para promover el desarrollo y mayores oportunidades de trabajo y estudio para la población joven; ofrecer información para ejercer libre y responsablemente su sexualidad; acceso a anticonceptivos; y mejorar e incrementar los servicios en salud sexual.

Abigaíl Cruz

Los partidos PRD y Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados alertaron sobre el alarmante incremento en los casos de matrimonios con niñas menores de edad y embarazos en adolescentes.

El diputado federal del Sol Azteca, Rafael Hernández, recordó que en México, una de cada cuatro mujeres que está esperando un bebé tiene menos de 18 años, y eso genera efectos en muchas ocasiones negativos, en cuanto a su salud, desarrollo emocional, social e incluso económico.

En tanto, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma, afirmó que el 80 por ciento de las jovencitas embarazadas abandonan sus estudios.

Por esa razón, el legislador perredista Rafael Hernández demandó que los estados de la República intervengan directamente para frenar esa problemática, prohibiendo los matrimonios con menores de edad. Además señaló que el Congreso de la Unión analiza reformas en la materia.

El también secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez recalcó que en San Lázaro se han presentado distintos puntos de acuerdo para exhortar a los congresos locales a legislar en la materia, e impedir que niñas, niños y adolescentes menores de 18 años puedan contraer matrimonio.

“Son personas que no tienen la madurez emocional y física para contraer matrimonio y mucho menos para ser madres, y una de cada cuatro mujeres en nuestro país se está embarazando antes de cumplir la mayoría de edad”, dijo.

Hernández Soriano apuntó que de acuerdo a cifras oficiales, en el país más de 100 mil niñas y jóvenes, pero en especial las menores, están expuestas a explotación, abuso y violación sexual, al ser obligadas a casarse antes de tener la mayoría de edad.

Refirió que según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2010 se tenían registrados más de 434 mil menores de edad casados formalmente o conviviendo en unión libre; de los cuales, más 32 mil tenían entre 12 y 14 años; y más de 400 mil tenían entre 15 y 17 años de edad.

“Este tipo de matrimonios expone a las niñas a embarazos prematuros, que además de poner en riesgo su vida, las condena al aislamiento social y a la pobreza, cancelando sus opciones para un mejor futuro, al que tienen derecho”, dijo.

A su vez, el diputado federal ecologista, Jesús Sesma Suárez, manifestó que urge legislar para frenar los embarazos adolescentes e indicó que a diario, en México, se reportan seis mil 260 nacimientos, de los cuales mil 252 corresponden a madres menores de edad.

Explicó que en los estados con mayor número de embarazos de adolescentes son Chiapas, Nayarit, Michoacán, Chihuahua e Hidalgo; y de acuerdo a la Unicef, en México el 55.2 por ciento de los jóvenes son pobres.

Esa situación, dijo Sesma Suárez, dificulta su reinserción en el ámbito escolar, encontrar un trabajo remunerador e incrementa sus condiciones de vulnerabilidad.

Calificó como alarmante esa situación y por ello, manifestó que la legislación en la materia debe contemplar medidas para promover el desarrollo y mayores oportunidades de trabajo y estudio para la población joven; ofrecer información para ejercer libre y responsablemente su sexualidad; acceso a anticonceptivos; y mejorar e incrementar los servicios en salud sexual.