/ domingo 15 de enero de 2017

Urge consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, afirman Morera y Wallace

Los hechos de violencia y de impunidad crecerán el próximoaño si el Gobierno federal y el Congreso de la Unión no secomprometen a destinar más recursos para la prevención deldelito, principalmente en zonas que ya habían mejorado suscondiciones de seguridad, alertaron Causa en Común y Alto alSecuestro.

Además, dijeron que los gobernadores son los causantes de lacrecida en las cifras de los delitos y la inseguridad, ya que noestán comprometidos con los ciudadanos, dejando todo su trabajo alas Fuerzas Federales, siendo cínicos al no tener resultadosconcretos.

En este sentido, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallacemanifestaron su preocupación por el Nuevo Sistema de JusticiaPenal. Dijeron que éste podría entrar en crisis si no hay quienvigile su consolidación y su implementación, así como lacapacitación de todos los que están involucrados, iniciando desdelos policías hasta los importadores de justicia.

La situación del país en materia de inseguridad y deincremento en los delitos se ha disparado, por lo menos así loreflejan datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).En el país existen 50 municipios violentos y en donde la autoridadno ha podido mantener el control sobre todo en los homicidiosdolosos.

A pesar de los esfuerzos emprendidos por la administración delpresidente Enrique Peña Nieto de implementar una estrategia paracontener este aumento de la violencia, los esfuerzos han sido envano al grado de reconocer que este asunto pudiera salirse decontrol.

En entrevista con El Sol de México, Isabel Miranda de Wallace,presidenta de Alto al Secuestro, señala que existen avances en lacontención de algunos delitos, pero en otros como el homicidio hantenido un repunto a pesar de los esfuerzos de las institucionesencargadas de seguridad.

Dijo que ante esta realidad se tiene que calificar la manera deactuar del Gobierno de los estados, ya que entre 9 y 11 entidadesestán “envueltos en sangría y una inseguridad bárbara, entreellos, indudablemente está Guerrero, Tabasco, Tamaulipas,Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, que también hatenido incrementos en algunas áreas”.

Ofrece cifras. “Me parece que el panorama no es nada halagadoren lo que estamos viviendo. Los esfuerzos no han sido suficientes,por ejemplo: el robo con violencia sí disminuyó 15.7 por ciento,en el secuestró también hubo una disminución, entre el 2012desde que llegó el presidente Peña Nieto al 2016, del 19.3 porciento.

Pero si nos vamos a los homicidios dolosos tenemos un incrementodel 41.7 por ciento, aunado a la violencia en general. Ahora, si seobserva en el delito de extorsión hubo un incremento del 50.9 porciento. Además, tampoco vamos también en el tema de percepción;ahí estamos viendo qué hay justicieros y tanta gente que se hacejusticia con su propia mano. Anudado a la percepción que tenemoslos mexicanos de nuestra policíaP, sostuvo Miranda de Wallace.

Consultada sobre el tema, María Elena Morera Mitre, presidentade Causa en Común, enfatizó que la situación económicadisparará los índices de delincuencia, por lo que urgió aatender las causas sociales evitando recortes presupuestales en laprevención.

Refiere que su organización aún no ha visto la estrategia deseguridad implementada por la actual administración. “Si nosfijamos en la estrategia que ellos han marcado desde la Secretaríade Gobernación ha sido una estrategia de coordinación con losgobiernos locales, con los cuales se dio muy bien al principio, enlos primeros años de Gobierno; sin embargo, al no tener un marcode referencia, no podemos saber cuál es esta estrategia que hanpromovido”.

“Al principio (la estrategia) estaba basada en temas deprevención, y estamos viendo que el próximo año los diputados lepusieron cero pesos a la prevención del delito y de la violencia;entonces no hay una política clara en este tema”, acotó enentrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Morera Mitre asegura que es indispensable que el ComisionadoNacional de Seguridad sea quien marque y detalle una estrategia deseguridad, pero “no tiene recursos ni el poder político quedebería tener para estar diciendo cuáles son las políticas deacción”. GOBERNADORES Y POLICÍAS, EL PRINCIPAL DOLOR DECABEZA

“Los gobernadores en su gran mayoría son unos cínicos”,arremetió María Elena Morera Mitre. La activista social dejaclaro que cuando los mandatarios estatales solicitan la presenciade las Fuerzas Federales para contener los actos delictivos dejanque sean ellos los que combatan, ya que “no se comprometen conacciones concretas que puedan hacer que sus policías avancen, y nolo hacen porque no hay consecuencias para no hacerlo”.

“Ellos están en el mejor de los mundos. Entonces cuando pidenayuda a las Fuerzas federales llegan y hacen su trabajo, perocuando hay un problema con éstas, y cuando hay más homicidios enel Estado o hay más violencia, dicen que ahí están las Fuerzasfederales y que ellos respondan”.

La presidenta de Causa en Común remarca que cuando hay menosviolencia, “los gobernadores se ponen la medalla, pero en todosestos supuestos no cargan con las consecuencias de tener unapolicía preparada”.

En este sentido, Isabel Miranda de Wallace interviene diciendoque el tema de la inseguridad es un tema multifactorial, pero a losgobernadores se les debe pedir que asuman su responsabilidad.“Ahí vemos estados donde al gobernador no se interesa por laseguridad y tenemos casos en donde sí la recuperan y luego lapierden, como se ve en Baja California, Chihuahua, San LuisPotosí, Guanajuato, que eran entidades seguras y que ahora padeceninseguridad”.

“El tema es que muchos gobernantes simulan que hacen yaparecen en la foto, pero no están actuando de manera adecuada. Nisiquiera les interesa el tema”, expresó Miranda de Wallace.

Las organizaciones Alto al Secuestro y Causa en Común coincidenen que es lamentable que durante 10 años no se hayan construidopolicías con buenas capacidades. Pero también afirman que elEjército tiene que estar en sus cuarteles, pero también sonindispensables para garantizar la seguridad de millones deciudadanos que son rehenes de la delincuencia.

“Es indudable que los militares tienen que estar en loscuarteles; pero la pregunta es ¿quién está de acuerdo ahorita enlos estados donde ellos están prestado auxilio? No se puedenreiterar los militares cuando no alcanzan las capacidades quetienen en los estados”, afirmó Isabel Miranda.

En contraparte, María Elena Morera aseguró que estando elpaís cómo está, no se puede hablar si es bueno o malo que lasFuerzas Armadas estén en la calle. “Sino que es indispensable ynecesario su presencia en los estados en donde no se cuenta con unapolicía confiable”.

Por lo anterior, Isabel Miranda detalla: “Recordemos elmensaje que mandó el secretario de la Defensa Nacional, él dice:mis elementos prefieren ser procesados por desacato, que serllevados a un juicio por haber violado a los derechos humanos.¿Por qué? Porque desgraciadamente como están las reglas deljuego, derechos humanos le está quitando capacidades a lapolicía, a veces para actuar y en este caso, la Secretaria de laDefensa no tiene una normatividad.

“Entonces, ellos lo que están diciendo es: tú quieres que yosiga en la calle, adecúa esta normatividad en el plazo que túquieras construir tu policía para que siga en las calles, de otramanera no reglamentada con una situación ambivalente”, subrayó.EN RIESGO EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Morera Mitre y Miranda de Wallace dicen que el Nuevo Sistema deJusticia Penal, que puso en marcha del presidente Enrique PeñaNieto en junio pasado, está en riesgo no consolidarse ya no estádando resultados esperados. La activista por Alto al Secuestroenfatiza que no está dando resultados este nuevo sistema porque“lo que está fallando son los insumos humanos y económicos paraque crezca este cambio”. Abunda que si se quieren resultados esnecesario vigilar su correcta aplicación, pero “desde quequitaron la CETEG no hay quién esté vigilando la consolidación yla implementación del nuevo sistema”.

-¿Es una reforma fallida?, se le cuestionó.

“No podemos hablar de que sea una reforma fallida, es muypronto. Pero sí, de que estamos empezando a tener cuellos debotella importantes y que si no los atienden o no los desahogan,indudablemente se les puede colapsar”, expresó en la charla.

En contraste, María Elena Morera reconoce que el Nuevo Sistemade Justicia Penal es importante, pero si no se preparan losactores, “tampoco podemos pensar que las cosas van a cambiarpronto”. Y añade: “El nuevo sistema es un cambio cultural detodo el sistema de justicia, muchos de los actores realmente noquieren ese cambio y otros no hacen posible el cambio”.

“Cuando el presidente Peña puso en marcha el SNP en todo elpaís, hay muchos estados que no tienen preparadas a sus policíascomo primer respondiente; los Ministerios Públicos (MP) que sonlos que tiene que armar la parte jurídica, y además de litigar,no lo están haciendo; y luego tenemos un sistema judicialsumamente oscuro, y donde no hay relación con MP y policías parasaber la visión del Poder Judicial, muy difícilmente esto podráavanzar, hay falta de voluntad política”, acotó.

Cabe destacar que en México se han mantenido altos los nivelesde inseguridad, a pesar de que desde hace 10 años se implementóuna “estrategia” de seguridad que no ha dado resultados. Deahí que las activistas dejaron este mensaje: “Se debe tener unamejor política de Estado en materia de seguridad y justicia, en laque estemos en la mayoría de acuerdo, donde se vea a largo plazoal país, y sea transexenal y transversal, pero mientras esto no esconstruido, los militares no se van a salir de las calles, y losciudadanos no vamos a tener más seguridad, y lo único que vamos aseguir teniendo es más dolor por los homicidios, secuestros ydesapariciones”.

Los hechos de violencia y de impunidad crecerán el próximoaño si el Gobierno federal y el Congreso de la Unión no secomprometen a destinar más recursos para la prevención deldelito, principalmente en zonas que ya habían mejorado suscondiciones de seguridad, alertaron Causa en Común y Alto alSecuestro.

Además, dijeron que los gobernadores son los causantes de lacrecida en las cifras de los delitos y la inseguridad, ya que noestán comprometidos con los ciudadanos, dejando todo su trabajo alas Fuerzas Federales, siendo cínicos al no tener resultadosconcretos.

En este sentido, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallacemanifestaron su preocupación por el Nuevo Sistema de JusticiaPenal. Dijeron que éste podría entrar en crisis si no hay quienvigile su consolidación y su implementación, así como lacapacitación de todos los que están involucrados, iniciando desdelos policías hasta los importadores de justicia.

La situación del país en materia de inseguridad y deincremento en los delitos se ha disparado, por lo menos así loreflejan datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).En el país existen 50 municipios violentos y en donde la autoridadno ha podido mantener el control sobre todo en los homicidiosdolosos.

A pesar de los esfuerzos emprendidos por la administración delpresidente Enrique Peña Nieto de implementar una estrategia paracontener este aumento de la violencia, los esfuerzos han sido envano al grado de reconocer que este asunto pudiera salirse decontrol.

En entrevista con El Sol de México, Isabel Miranda de Wallace,presidenta de Alto al Secuestro, señala que existen avances en lacontención de algunos delitos, pero en otros como el homicidio hantenido un repunto a pesar de los esfuerzos de las institucionesencargadas de seguridad.

Dijo que ante esta realidad se tiene que calificar la manera deactuar del Gobierno de los estados, ya que entre 9 y 11 entidadesestán “envueltos en sangría y una inseguridad bárbara, entreellos, indudablemente está Guerrero, Tabasco, Tamaulipas,Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, que también hatenido incrementos en algunas áreas”.

Ofrece cifras. “Me parece que el panorama no es nada halagadoren lo que estamos viviendo. Los esfuerzos no han sido suficientes,por ejemplo: el robo con violencia sí disminuyó 15.7 por ciento,en el secuestró también hubo una disminución, entre el 2012desde que llegó el presidente Peña Nieto al 2016, del 19.3 porciento.

Pero si nos vamos a los homicidios dolosos tenemos un incrementodel 41.7 por ciento, aunado a la violencia en general. Ahora, si seobserva en el delito de extorsión hubo un incremento del 50.9 porciento. Además, tampoco vamos también en el tema de percepción;ahí estamos viendo qué hay justicieros y tanta gente que se hacejusticia con su propia mano. Anudado a la percepción que tenemoslos mexicanos de nuestra policíaP, sostuvo Miranda de Wallace.

Consultada sobre el tema, María Elena Morera Mitre, presidentade Causa en Común, enfatizó que la situación económicadisparará los índices de delincuencia, por lo que urgió aatender las causas sociales evitando recortes presupuestales en laprevención.

Refiere que su organización aún no ha visto la estrategia deseguridad implementada por la actual administración. “Si nosfijamos en la estrategia que ellos han marcado desde la Secretaríade Gobernación ha sido una estrategia de coordinación con losgobiernos locales, con los cuales se dio muy bien al principio, enlos primeros años de Gobierno; sin embargo, al no tener un marcode referencia, no podemos saber cuál es esta estrategia que hanpromovido”.

“Al principio (la estrategia) estaba basada en temas deprevención, y estamos viendo que el próximo año los diputados lepusieron cero pesos a la prevención del delito y de la violencia;entonces no hay una política clara en este tema”, acotó enentrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Morera Mitre asegura que es indispensable que el ComisionadoNacional de Seguridad sea quien marque y detalle una estrategia deseguridad, pero “no tiene recursos ni el poder político quedebería tener para estar diciendo cuáles son las políticas deacción”. GOBERNADORES Y POLICÍAS, EL PRINCIPAL DOLOR DECABEZA

“Los gobernadores en su gran mayoría son unos cínicos”,arremetió María Elena Morera Mitre. La activista social dejaclaro que cuando los mandatarios estatales solicitan la presenciade las Fuerzas Federales para contener los actos delictivos dejanque sean ellos los que combatan, ya que “no se comprometen conacciones concretas que puedan hacer que sus policías avancen, y nolo hacen porque no hay consecuencias para no hacerlo”.

“Ellos están en el mejor de los mundos. Entonces cuando pidenayuda a las Fuerzas federales llegan y hacen su trabajo, perocuando hay un problema con éstas, y cuando hay más homicidios enel Estado o hay más violencia, dicen que ahí están las Fuerzasfederales y que ellos respondan”.

La presidenta de Causa en Común remarca que cuando hay menosviolencia, “los gobernadores se ponen la medalla, pero en todosestos supuestos no cargan con las consecuencias de tener unapolicía preparada”.

En este sentido, Isabel Miranda de Wallace interviene diciendoque el tema de la inseguridad es un tema multifactorial, pero a losgobernadores se les debe pedir que asuman su responsabilidad.“Ahí vemos estados donde al gobernador no se interesa por laseguridad y tenemos casos en donde sí la recuperan y luego lapierden, como se ve en Baja California, Chihuahua, San LuisPotosí, Guanajuato, que eran entidades seguras y que ahora padeceninseguridad”.

“El tema es que muchos gobernantes simulan que hacen yaparecen en la foto, pero no están actuando de manera adecuada. Nisiquiera les interesa el tema”, expresó Miranda de Wallace.

Las organizaciones Alto al Secuestro y Causa en Común coincidenen que es lamentable que durante 10 años no se hayan construidopolicías con buenas capacidades. Pero también afirman que elEjército tiene que estar en sus cuarteles, pero también sonindispensables para garantizar la seguridad de millones deciudadanos que son rehenes de la delincuencia.

“Es indudable que los militares tienen que estar en loscuarteles; pero la pregunta es ¿quién está de acuerdo ahorita enlos estados donde ellos están prestado auxilio? No se puedenreiterar los militares cuando no alcanzan las capacidades quetienen en los estados”, afirmó Isabel Miranda.

En contraparte, María Elena Morera aseguró que estando elpaís cómo está, no se puede hablar si es bueno o malo que lasFuerzas Armadas estén en la calle. “Sino que es indispensable ynecesario su presencia en los estados en donde no se cuenta con unapolicía confiable”.

Por lo anterior, Isabel Miranda detalla: “Recordemos elmensaje que mandó el secretario de la Defensa Nacional, él dice:mis elementos prefieren ser procesados por desacato, que serllevados a un juicio por haber violado a los derechos humanos.¿Por qué? Porque desgraciadamente como están las reglas deljuego, derechos humanos le está quitando capacidades a lapolicía, a veces para actuar y en este caso, la Secretaria de laDefensa no tiene una normatividad.

“Entonces, ellos lo que están diciendo es: tú quieres que yosiga en la calle, adecúa esta normatividad en el plazo que túquieras construir tu policía para que siga en las calles, de otramanera no reglamentada con una situación ambivalente”, subrayó.EN RIESGO EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Morera Mitre y Miranda de Wallace dicen que el Nuevo Sistema deJusticia Penal, que puso en marcha del presidente Enrique PeñaNieto en junio pasado, está en riesgo no consolidarse ya no estádando resultados esperados. La activista por Alto al Secuestroenfatiza que no está dando resultados este nuevo sistema porque“lo que está fallando son los insumos humanos y económicos paraque crezca este cambio”. Abunda que si se quieren resultados esnecesario vigilar su correcta aplicación, pero “desde quequitaron la CETEG no hay quién esté vigilando la consolidación yla implementación del nuevo sistema”.

-¿Es una reforma fallida?, se le cuestionó.

“No podemos hablar de que sea una reforma fallida, es muypronto. Pero sí, de que estamos empezando a tener cuellos debotella importantes y que si no los atienden o no los desahogan,indudablemente se les puede colapsar”, expresó en la charla.

En contraste, María Elena Morera reconoce que el Nuevo Sistemade Justicia Penal es importante, pero si no se preparan losactores, “tampoco podemos pensar que las cosas van a cambiarpronto”. Y añade: “El nuevo sistema es un cambio cultural detodo el sistema de justicia, muchos de los actores realmente noquieren ese cambio y otros no hacen posible el cambio”.

“Cuando el presidente Peña puso en marcha el SNP en todo elpaís, hay muchos estados que no tienen preparadas a sus policíascomo primer respondiente; los Ministerios Públicos (MP) que sonlos que tiene que armar la parte jurídica, y además de litigar,no lo están haciendo; y luego tenemos un sistema judicialsumamente oscuro, y donde no hay relación con MP y policías parasaber la visión del Poder Judicial, muy difícilmente esto podráavanzar, hay falta de voluntad política”, acotó.

Cabe destacar que en México se han mantenido altos los nivelesde inseguridad, a pesar de que desde hace 10 años se implementóuna “estrategia” de seguridad que no ha dado resultados. Deahí que las activistas dejaron este mensaje: “Se debe tener unamejor política de Estado en materia de seguridad y justicia, en laque estemos en la mayoría de acuerdo, donde se vea a largo plazoal país, y sea transexenal y transversal, pero mientras esto no esconstruido, los militares no se van a salir de las calles, y losciudadanos no vamos a tener más seguridad, y lo único que vamos aseguir teniendo es más dolor por los homicidios, secuestros ydesapariciones”.

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