/ domingo 15 de enero de 2017

Urge consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, afirman Morera y Wallace

Los hechos de violencia y de impunidad crecerán el próximo año si el Gobierno federal y el Congreso de la Unión no se comprometen a destinar más recursos para la prevención del delito, principalmente en zonas que ya habían mejorado sus condiciones de seguridad, alertaron Causa en Común y Alto al Secuestro.

Además, dijeron que los gobernadores son los causantes de la crecida en las cifras de los delitos y la inseguridad, ya que no están comprometidos con los ciudadanos, dejando todo su trabajo a las Fuerzas Federales, siendo cínicos al no tener resultados concretos.

En este sentido, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace manifestaron su preocupación por el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Dijeron que éste podría entrar en crisis si no hay quien vigile su consolidación y su implementación, así como la capacitación de todos los que están involucrados, iniciando desde los policías hasta los importadores de justicia.

La situación del país en materia de inseguridad y de incremento en los delitos se ha disparado, por lo menos así lo reflejan datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). En el país existen 50 municipios violentos y en donde la autoridad no ha podido mantener el control sobre todo en los homicidios dolosos.

A pesar de los esfuerzos emprendidos por la administración del presidente Enrique Peña Nieto de implementar una estrategia para contener este aumento de la violencia, los esfuerzos han sido en vano al grado de reconocer que este asunto pudiera salirse de control.

En entrevista con El Sol de México, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, señala que existen avances en la contención de algunos delitos, pero en otros como el homicidio han tenido un repunto a pesar de los esfuerzos de las instituciones encargadas de seguridad.

Dijo que ante esta realidad se tiene que calificar la manera de actuar del Gobierno de los estados, ya que entre 9 y 11 entidades están “envueltos en sangría y una inseguridad bárbara, entre ellos, indudablemente está Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, que también ha tenido incrementos en algunas áreas”.

Ofrece cifras. “Me parece que el panorama no es nada halagador en lo que estamos viviendo. Los esfuerzos no han sido suficientes, por ejemplo: el robo con violencia sí disminuyó 15.7 por ciento, en el secuestró también hubo una disminución, entre el 2012 desde que llegó el presidente Peña Nieto al 2016, del 19.3 por ciento.

Pero si nos vamos a los homicidios dolosos tenemos un incremento del 41.7 por ciento, aunado a la violencia en general. Ahora, si se observa en el delito de extorsión hubo un incremento del 50.9 por ciento. Además, tampoco vamos también en el tema de percepción; ahí estamos viendo qué hay justicieros y tanta gente que se hace justicia con su propia mano. Anudado a la percepción que tenemos los mexicanos de nuestra policíaP, sostuvo Miranda de Wallace.

Consultada sobre el tema, María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, enfatizó que la situación económica disparará los índices de delincuencia, por lo que urgió a atender las causas sociales evitando recortes presupuestales en la prevención.

Refiere que su organización aún no ha visto la estrategia de seguridad implementada por la actual administración. “Si nos fijamos en la estrategia que ellos han marcado desde la Secretaría de Gobernación ha sido una estrategia de coordinación con los gobiernos locales, con los cuales se dio muy bien al principio, en los primeros años de Gobierno; sin embargo, al no tener un marco de referencia, no podemos saber cuál es esta estrategia que han promovido”.

“Al principio (la estrategia) estaba basada en temas de prevención, y estamos viendo que el próximo año los diputados le pusieron cero pesos a la prevención del delito y de la violencia; entonces no hay una política clara en este tema”, acotó en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Morera Mitre asegura que es indispensable que el Comisionado Nacional de Seguridad sea quien marque y detalle una estrategia de seguridad, pero “no tiene recursos ni el poder político que debería tener para estar diciendo cuáles son las políticas de acción”. GOBERNADORES Y POLICÍAS, EL PRINCIPAL DOLOR DE CABEZA

“Los gobernadores en su gran mayoría son unos cínicos”, arremetió María Elena Morera Mitre. La activista social deja claro que cuando los mandatarios estatales solicitan la presencia de las Fuerzas Federales para contener los actos delictivos dejan que sean ellos los que combatan, ya que “no se comprometen con acciones concretas que puedan hacer que sus policías avancen, y no lo hacen porque no hay consecuencias para no hacerlo”.

“Ellos están en el mejor de los mundos. Entonces cuando piden ayuda a las Fuerzas federales llegan y hacen su trabajo, pero cuando hay un problema con éstas, y cuando hay más homicidios en el Estado o hay más violencia, dicen que ahí están las Fuerzas federales y que ellos respondan”.

La presidenta de Causa en Común remarca que cuando hay menos violencia, “los gobernadores se ponen la medalla, pero en todos estos supuestos no cargan con las consecuencias de tener una policía preparada”.

En este sentido, Isabel Miranda de Wallace interviene diciendo que el tema de la inseguridad es un tema multifactorial, pero a los gobernadores se les debe pedir que asuman su responsabilidad. “Ahí vemos estados donde al gobernador no se interesa por la seguridad y tenemos casos en donde sí la recuperan y luego la pierden, como se ve en Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, que eran entidades seguras y que ahora padecen inseguridad”.

“El tema es que muchos gobernantes simulan que hacen y aparecen en la foto, pero no están actuando de manera adecuada. Ni siquiera les interesa el tema”, expresó Miranda de Wallace.

Las organizaciones Alto al Secuestro y Causa en Común coinciden en que es lamentable que durante 10 años no se hayan construido policías con buenas capacidades. Pero también afirman que el Ejército tiene que estar en sus cuarteles, pero también son indispensables para garantizar la seguridad de millones de ciudadanos que son rehenes de la delincuencia.

“Es indudable que los militares tienen que estar en los cuarteles; pero la pregunta es ¿quién está de acuerdo ahorita en los estados donde ellos están prestado auxilio? No se pueden reiterar los militares cuando no alcanzan las capacidades que tienen en los estados”, afirmó Isabel Miranda.

En contraparte, María Elena Morera aseguró que estando el país cómo está, no se puede hablar si es bueno o malo que las Fuerzas Armadas estén en la calle. “Sino que es indispensable y necesario su presencia en los estados en donde no se cuenta con una policía confiable”.

Por lo anterior, Isabel Miranda detalla: “Recordemos el mensaje que mandó el secretario de la Defensa Nacional, él dice: mis elementos prefieren ser procesados por desacato, que ser llevados a un juicio por haber violado a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente como están las reglas del juego, derechos humanos le está quitando capacidades a la policía, a veces para actuar y en este caso, la Secretaria de la Defensa no tiene una normatividad.

“Entonces, ellos lo que están diciendo es: tú quieres que yo siga en la calle, adecúa esta normatividad en el plazo que tú quieras construir tu policía para que siga en las calles, de otra manera no reglamentada con una situación ambivalente”, subrayó. EN RIESGO EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Morera Mitre y Miranda de Wallace dicen que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que puso en marcha del presidente Enrique Peña Nieto en junio pasado, está en riesgo no consolidarse ya no está dando resultados esperados. La activista por Alto al Secuestro enfatiza que no está dando resultados este nuevo sistema porque “lo que está fallando son los insumos humanos y económicos para que crezca este cambio”. Abunda que si se quieren resultados es necesario vigilar su correcta aplicación, pero “desde que quitaron la CETEG no hay quién esté vigilando la consolidación y la implementación del nuevo sistema”.

-¿Es una reforma fallida?, se le cuestionó.

“No podemos hablar de que sea una reforma fallida, es muy pronto. Pero sí, de que estamos empezando a tener cuellos de botella importantes y que si no los atienden o no los desahogan, indudablemente se les puede colapsar”, expresó en la charla.

En contraste, María Elena Morera reconoce que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es importante, pero si no se preparan los actores, “tampoco podemos pensar que las cosas van a cambiar pronto”. Y añade: “El nuevo sistema es un cambio cultural de todo el sistema de justicia, muchos de los actores realmente no quieren ese cambio y otros no hacen posible el cambio”.

“Cuando el presidente Peña puso en marcha el SNP en todo el país, hay muchos estados que no tienen preparadas a sus policías como primer respondiente; los Ministerios Públicos (MP) que son los que tiene que armar la parte jurídica, y además de litigar, no lo están haciendo; y luego tenemos un sistema judicial sumamente oscuro, y donde no hay relación con MP y policías para saber la visión del Poder Judicial, muy difícilmente esto podrá avanzar, hay falta de voluntad política”, acotó.

Cabe destacar que en México se han mantenido altos los niveles de inseguridad, a pesar de que desde hace 10 años se implementó una “estrategia” de seguridad que no ha dado resultados. De ahí que las activistas dejaron este mensaje: “Se debe tener una mejor política de Estado en materia de seguridad y justicia, en la que estemos en la mayoría de acuerdo, donde se vea a largo plazo al país, y sea transexenal y transversal, pero mientras esto no es construido, los militares no se van a salir de las calles, y los ciudadanos no vamos a tener más seguridad, y lo único que vamos a seguir teniendo es más dolor por los homicidios, secuestros y desapariciones”.

Los hechos de violencia y de impunidad crecerán el próximo año si el Gobierno federal y el Congreso de la Unión no se comprometen a destinar más recursos para la prevención del delito, principalmente en zonas que ya habían mejorado sus condiciones de seguridad, alertaron Causa en Común y Alto al Secuestro.

Además, dijeron que los gobernadores son los causantes de la crecida en las cifras de los delitos y la inseguridad, ya que no están comprometidos con los ciudadanos, dejando todo su trabajo a las Fuerzas Federales, siendo cínicos al no tener resultados concretos.

En este sentido, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace manifestaron su preocupación por el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Dijeron que éste podría entrar en crisis si no hay quien vigile su consolidación y su implementación, así como la capacitación de todos los que están involucrados, iniciando desde los policías hasta los importadores de justicia.

La situación del país en materia de inseguridad y de incremento en los delitos se ha disparado, por lo menos así lo reflejan datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). En el país existen 50 municipios violentos y en donde la autoridad no ha podido mantener el control sobre todo en los homicidios dolosos.

A pesar de los esfuerzos emprendidos por la administración del presidente Enrique Peña Nieto de implementar una estrategia para contener este aumento de la violencia, los esfuerzos han sido en vano al grado de reconocer que este asunto pudiera salirse de control.

En entrevista con El Sol de México, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, señala que existen avances en la contención de algunos delitos, pero en otros como el homicidio han tenido un repunto a pesar de los esfuerzos de las instituciones encargadas de seguridad.

Dijo que ante esta realidad se tiene que calificar la manera de actuar del Gobierno de los estados, ya que entre 9 y 11 entidades están “envueltos en sangría y una inseguridad bárbara, entre ellos, indudablemente está Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, que también ha tenido incrementos en algunas áreas”.

Ofrece cifras. “Me parece que el panorama no es nada halagador en lo que estamos viviendo. Los esfuerzos no han sido suficientes, por ejemplo: el robo con violencia sí disminuyó 15.7 por ciento, en el secuestró también hubo una disminución, entre el 2012 desde que llegó el presidente Peña Nieto al 2016, del 19.3 por ciento.

Pero si nos vamos a los homicidios dolosos tenemos un incremento del 41.7 por ciento, aunado a la violencia en general. Ahora, si se observa en el delito de extorsión hubo un incremento del 50.9 por ciento. Además, tampoco vamos también en el tema de percepción; ahí estamos viendo qué hay justicieros y tanta gente que se hace justicia con su propia mano. Anudado a la percepción que tenemos los mexicanos de nuestra policíaP, sostuvo Miranda de Wallace.

Consultada sobre el tema, María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, enfatizó que la situación económica disparará los índices de delincuencia, por lo que urgió a atender las causas sociales evitando recortes presupuestales en la prevención.

Refiere que su organización aún no ha visto la estrategia de seguridad implementada por la actual administración. “Si nos fijamos en la estrategia que ellos han marcado desde la Secretaría de Gobernación ha sido una estrategia de coordinación con los gobiernos locales, con los cuales se dio muy bien al principio, en los primeros años de Gobierno; sin embargo, al no tener un marco de referencia, no podemos saber cuál es esta estrategia que han promovido”.

“Al principio (la estrategia) estaba basada en temas de prevención, y estamos viendo que el próximo año los diputados le pusieron cero pesos a la prevención del delito y de la violencia; entonces no hay una política clara en este tema”, acotó en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Morera Mitre asegura que es indispensable que el Comisionado Nacional de Seguridad sea quien marque y detalle una estrategia de seguridad, pero “no tiene recursos ni el poder político que debería tener para estar diciendo cuáles son las políticas de acción”. GOBERNADORES Y POLICÍAS, EL PRINCIPAL DOLOR DE CABEZA

“Los gobernadores en su gran mayoría son unos cínicos”, arremetió María Elena Morera Mitre. La activista social deja claro que cuando los mandatarios estatales solicitan la presencia de las Fuerzas Federales para contener los actos delictivos dejan que sean ellos los que combatan, ya que “no se comprometen con acciones concretas que puedan hacer que sus policías avancen, y no lo hacen porque no hay consecuencias para no hacerlo”.

“Ellos están en el mejor de los mundos. Entonces cuando piden ayuda a las Fuerzas federales llegan y hacen su trabajo, pero cuando hay un problema con éstas, y cuando hay más homicidios en el Estado o hay más violencia, dicen que ahí están las Fuerzas federales y que ellos respondan”.

La presidenta de Causa en Común remarca que cuando hay menos violencia, “los gobernadores se ponen la medalla, pero en todos estos supuestos no cargan con las consecuencias de tener una policía preparada”.

En este sentido, Isabel Miranda de Wallace interviene diciendo que el tema de la inseguridad es un tema multifactorial, pero a los gobernadores se les debe pedir que asuman su responsabilidad. “Ahí vemos estados donde al gobernador no se interesa por la seguridad y tenemos casos en donde sí la recuperan y luego la pierden, como se ve en Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, que eran entidades seguras y que ahora padecen inseguridad”.

“El tema es que muchos gobernantes simulan que hacen y aparecen en la foto, pero no están actuando de manera adecuada. Ni siquiera les interesa el tema”, expresó Miranda de Wallace.

Las organizaciones Alto al Secuestro y Causa en Común coinciden en que es lamentable que durante 10 años no se hayan construido policías con buenas capacidades. Pero también afirman que el Ejército tiene que estar en sus cuarteles, pero también son indispensables para garantizar la seguridad de millones de ciudadanos que son rehenes de la delincuencia.

“Es indudable que los militares tienen que estar en los cuarteles; pero la pregunta es ¿quién está de acuerdo ahorita en los estados donde ellos están prestado auxilio? No se pueden reiterar los militares cuando no alcanzan las capacidades que tienen en los estados”, afirmó Isabel Miranda.

En contraparte, María Elena Morera aseguró que estando el país cómo está, no se puede hablar si es bueno o malo que las Fuerzas Armadas estén en la calle. “Sino que es indispensable y necesario su presencia en los estados en donde no se cuenta con una policía confiable”.

Por lo anterior, Isabel Miranda detalla: “Recordemos el mensaje que mandó el secretario de la Defensa Nacional, él dice: mis elementos prefieren ser procesados por desacato, que ser llevados a un juicio por haber violado a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente como están las reglas del juego, derechos humanos le está quitando capacidades a la policía, a veces para actuar y en este caso, la Secretaria de la Defensa no tiene una normatividad.

“Entonces, ellos lo que están diciendo es: tú quieres que yo siga en la calle, adecúa esta normatividad en el plazo que tú quieras construir tu policía para que siga en las calles, de otra manera no reglamentada con una situación ambivalente”, subrayó. EN RIESGO EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Morera Mitre y Miranda de Wallace dicen que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que puso en marcha del presidente Enrique Peña Nieto en junio pasado, está en riesgo no consolidarse ya no está dando resultados esperados. La activista por Alto al Secuestro enfatiza que no está dando resultados este nuevo sistema porque “lo que está fallando son los insumos humanos y económicos para que crezca este cambio”. Abunda que si se quieren resultados es necesario vigilar su correcta aplicación, pero “desde que quitaron la CETEG no hay quién esté vigilando la consolidación y la implementación del nuevo sistema”.

-¿Es una reforma fallida?, se le cuestionó.

“No podemos hablar de que sea una reforma fallida, es muy pronto. Pero sí, de que estamos empezando a tener cuellos de botella importantes y que si no los atienden o no los desahogan, indudablemente se les puede colapsar”, expresó en la charla.

En contraste, María Elena Morera reconoce que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es importante, pero si no se preparan los actores, “tampoco podemos pensar que las cosas van a cambiar pronto”. Y añade: “El nuevo sistema es un cambio cultural de todo el sistema de justicia, muchos de los actores realmente no quieren ese cambio y otros no hacen posible el cambio”.

“Cuando el presidente Peña puso en marcha el SNP en todo el país, hay muchos estados que no tienen preparadas a sus policías como primer respondiente; los Ministerios Públicos (MP) que son los que tiene que armar la parte jurídica, y además de litigar, no lo están haciendo; y luego tenemos un sistema judicial sumamente oscuro, y donde no hay relación con MP y policías para saber la visión del Poder Judicial, muy difícilmente esto podrá avanzar, hay falta de voluntad política”, acotó.

Cabe destacar que en México se han mantenido altos los niveles de inseguridad, a pesar de que desde hace 10 años se implementó una “estrategia” de seguridad que no ha dado resultados. De ahí que las activistas dejaron este mensaje: “Se debe tener una mejor política de Estado en materia de seguridad y justicia, en la que estemos en la mayoría de acuerdo, donde se vea a largo plazo al país, y sea transexenal y transversal, pero mientras esto no es construido, los militares no se van a salir de las calles, y los ciudadanos no vamos a tener más seguridad, y lo único que vamos a seguir teniendo es más dolor por los homicidios, secuestros y desapariciones”.