/ martes 4 de abril de 2017

Juez procesa a Cristina Fernández de Kirchner por lavado en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- La Justicia de Argentina embargóeconómicamente y prohibió salir del país a la expresidentaCristina Fernández de Kirchner y a sus hijos tras dictar suprocesamiento como presuntos líderes de una asociación ilícitadestinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresariosde la obra pública.

El juez federal Claudio Bonadio procesó además a, entre otros,a los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y a RominaMercado, sobrina de la exmandataria quien fue presidenta desde 2015de la sociedad Los Sauces, y al fallecido ex jefe de Estado NéstorKirchner (2003-2007).

La acusación apunta a que pudo utilizarse esta empresa,dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por elmatrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediantearrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias deBáez y López, que previamente habrían recibido adjudicaciones deobras con sobreprecios.

En una larga resolución, Bonadio acusó a laexpresidenta, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones depesos (8,44 millones de dólares), "penalmente responsablede los delitos de tomar parte en una asociación ilícita encalidad de jefe", el cual concurre "en forma real con el delito delavado de activos de origen ilícito" agravado por ser funcionariopúblico y por "negociaciones incompatibles".

Asimismo, Máximo -actual diputado nacional- y FlorenciaKirchner también fueron embargados con grandes sumas de dinero yacusados por Bonadio de encabezar esa supuesta asociaciónilegal.

La investigación se originó en abril de 2016por una denuncia de la diputada de centro izquierda MargaritaStolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba defalsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dineroen supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.

A estos empresarios se les considera penalmente responsables deldelito de tomar parte de esa asociación ilícita en calidad deorganizadores.

No obstante, Baez, principal adjudicatario en la sureñaprovincia de Santa Cruz, bastión kirchnerista, y cercano a NéstorKirchner desde que fue gobernador de esa provincia (1991-2003) seencuentra en prisión desde hace un año, investigado en otroexpediente, conocido como "Ruta del dinero K (Kirchner) porsupuesto lavado de activos.

El pasado 7 de marzo, Fernández acudió a los juzgadosfederales de Buenos Aires llamada a declarar por Bonadio y trasdeclinar comparecer, presentó un escrito en el que rechazó loscargos, pidió su sobreseimiento y denunció una "maniobrapolítico-judicial" impulsada, según asegura, por el Gobierno desu sucesor, el conservador Mauricio Macri, y que busca presionar alos jueces para que vayan contra ella y su familia.

El actual Ejecutivo insiste en la separación de poderes yasegura que solo le corresponde a la Justicia decidir el destino dela expresidenta, quien en el escrito ante el magistrado expresóque la imputación de lavado de dinero "no sólo resultaabsolutamente falsa", sino que pone "al descubierto el grado detemeridad y malicia con que han procedido la denunciante Stolbizery el juez Bonadio".

"Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamenteconocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de lamisma manera, pagándose los correspondientes impuestos, esjustamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza",argumentó.

Días antes que Fernández declararon también López, quienaseguró ser "ajeno a la supuesta organización delictiva", Báez,que dijo desconocer detalles de operaciones entre Los Sauces y susempresas y Mercado, que aseguró que la empresa "jamás cometiódelito alguno".

Por su parte, Máximo y Florencia apoyaron la hipótesis de lapersecución contra su familia.

La exmandataria está imputada por la Fiscalía en varias causasy procesada judicialmente en otras dos: una que investigaoperaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -tambiéndirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita yadministración fraudulenta en la concesión de obra pública.

Buenos Aires, Argentina.- La Justicia de Argentina embargóeconómicamente y prohibió salir del país a la expresidentaCristina Fernández de Kirchner y a sus hijos tras dictar suprocesamiento como presuntos líderes de una asociación ilícitadestinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresariosde la obra pública.

El juez federal Claudio Bonadio procesó además a, entre otros,a los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y a RominaMercado, sobrina de la exmandataria quien fue presidenta desde 2015de la sociedad Los Sauces, y al fallecido ex jefe de Estado NéstorKirchner (2003-2007).

La acusación apunta a que pudo utilizarse esta empresa,dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por elmatrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediantearrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias deBáez y López, que previamente habrían recibido adjudicaciones deobras con sobreprecios.

En una larga resolución, Bonadio acusó a laexpresidenta, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones depesos (8,44 millones de dólares), "penalmente responsablede los delitos de tomar parte en una asociación ilícita encalidad de jefe", el cual concurre "en forma real con el delito delavado de activos de origen ilícito" agravado por ser funcionariopúblico y por "negociaciones incompatibles".

Asimismo, Máximo -actual diputado nacional- y FlorenciaKirchner también fueron embargados con grandes sumas de dinero yacusados por Bonadio de encabezar esa supuesta asociaciónilegal.

La investigación se originó en abril de 2016por una denuncia de la diputada de centro izquierda MargaritaStolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba defalsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dineroen supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.

A estos empresarios se les considera penalmente responsables deldelito de tomar parte de esa asociación ilícita en calidad deorganizadores.

No obstante, Baez, principal adjudicatario en la sureñaprovincia de Santa Cruz, bastión kirchnerista, y cercano a NéstorKirchner desde que fue gobernador de esa provincia (1991-2003) seencuentra en prisión desde hace un año, investigado en otroexpediente, conocido como "Ruta del dinero K (Kirchner) porsupuesto lavado de activos.

El pasado 7 de marzo, Fernández acudió a los juzgadosfederales de Buenos Aires llamada a declarar por Bonadio y trasdeclinar comparecer, presentó un escrito en el que rechazó loscargos, pidió su sobreseimiento y denunció una "maniobrapolítico-judicial" impulsada, según asegura, por el Gobierno desu sucesor, el conservador Mauricio Macri, y que busca presionar alos jueces para que vayan contra ella y su familia.

El actual Ejecutivo insiste en la separación de poderes yasegura que solo le corresponde a la Justicia decidir el destino dela expresidenta, quien en el escrito ante el magistrado expresóque la imputación de lavado de dinero "no sólo resultaabsolutamente falsa", sino que pone "al descubierto el grado detemeridad y malicia con que han procedido la denunciante Stolbizery el juez Bonadio".

"Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamenteconocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de lamisma manera, pagándose los correspondientes impuestos, esjustamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza",argumentó.

Días antes que Fernández declararon también López, quienaseguró ser "ajeno a la supuesta organización delictiva", Báez,que dijo desconocer detalles de operaciones entre Los Sauces y susempresas y Mercado, que aseguró que la empresa "jamás cometiódelito alguno".

Por su parte, Máximo y Florencia apoyaron la hipótesis de lapersecución contra su familia.

La exmandataria está imputada por la Fiscalía en varias causasy procesada judicialmente en otras dos: una que investigaoperaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -tambiéndirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita yadministración fraudulenta en la concesión de obra pública.

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