/ lunes 11 de enero de 2016

Situación jurídica de infanta Cristina será resuelta antes del 9 de febrero

Madrid, España.- El Tribunal encargado de juzgar a la infantaCristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, y otros 17 acusadospor el llamado “caso Nóos”, resolverá antes del 9 de febrerosi ésta sigue presente en las sesiones de vista oral deljuicio.

En la primera jornada del juicio que inició este lunes, elTribunal desahogó las cuestiones previas, trámites,procedimientos y solicitudes de las partes, como la petición deque a la infanta le sea aplicada una jurisprudencia que le permitano volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

Además, en el arranque del juicio, el Tribunal rechazó queacudan a declarar como testigos el actual rey Felipe VI, su padre yrey emérito Juan Carlos de Borbón, como pedía el abogado de unode los principales acusados, Diego Torres.

La presidenta del Tribunal, la magistrada Samantha Romero,anunció que tratará de atender primero la cuestión vinculada ala petición sobre la infanta, por lo que volvió a convocar a lasiguiente sesión el 9 de febrero.

A los 18 enjuiciados se les acusa de malversación de fondospúblicos, fraude a la administración pública, falsedaddocumental, prevaricación y fraude fiscal.

En este caso, el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin y suexsocio Diego Torres son los principales acusados, al encabezar elInstituto Nóos, dedicado a la organización de actividadesdeportivas y a través de las que se realizaron operaciones quedieron lugar a esos delitos.

En concreto se trata de actividades con los gobiernos de IslasBaleares, la Comunidad Valenciana y otros, a través de los que setransferían fondos públicos.

La hermana de Felipe VI está acusada como “cooperadoranecesaria” de dos delitos fiscales cometidos presuntamente poresposo en los años 2007 y 2008.

En el juicio realizado en la Escuela Balear de AdministraciónPública en Palma de Mallorca (en el Mediterráneo español),situada dentro del polígono industrial Son Rossinyol, la defensade la infanta, la fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron noenjuiciarla.

Por ello, el Tribunal admitió un informe de la AgenciaTributaria que presentó el fiscal Pedro Horrach, que la exonera delos delitos fiscales, y en su defensa alegó que “la únicarespuesta judicial posible” a la infanta es archivar laacusación en su contra.

Asimismo, el abogado defensor de la hermana del rey, JesúsMaría Silva, presentó otro informe que también fue admitido porel tribunal que rebaja en 50 mil euros la fianza de responsabilidadcivil de más de medio millón de euros que ya había depositado enel juzgado.

La defensa de la infanta también pidió le sea aplicada lallamada “doctrina Botín”, una jurisprudencia de 2007 a favordel entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, acusadojunto a otros directivos de la entidad de operaciones irregularesde crédito por una asociación de defensa de usuarios de labanca.

En ese caso, la Audiencia Nacional y después el TribunalSupremo avalaron que Botín no podía ser llevado a juicio si solola llamada acusación popular sostiene los cargos, pero no así nila Fiscalía ni la parte afectada (en ese caso Hacienda).

Para el caso de la infanta Cristina, ni la Fiscalía, niHacienda, ni la Abogacía del Estado la acusan de nada, y sólo laacusación popular del sindicato de extrema derecha Manos Limpiasle sostiene los cargos, por lo que en ese sentido su defensa pidese beneficie de esa jurisprudencia. ||Notimex||

Más información:

/parg

Madrid, España.- El Tribunal encargado de juzgar a la infantaCristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, y otros 17 acusadospor el llamado “caso Nóos”, resolverá antes del 9 de febrerosi ésta sigue presente en las sesiones de vista oral deljuicio.

En la primera jornada del juicio que inició este lunes, elTribunal desahogó las cuestiones previas, trámites,procedimientos y solicitudes de las partes, como la petición deque a la infanta le sea aplicada una jurisprudencia que le permitano volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

Además, en el arranque del juicio, el Tribunal rechazó queacudan a declarar como testigos el actual rey Felipe VI, su padre yrey emérito Juan Carlos de Borbón, como pedía el abogado de unode los principales acusados, Diego Torres.

La presidenta del Tribunal, la magistrada Samantha Romero,anunció que tratará de atender primero la cuestión vinculada ala petición sobre la infanta, por lo que volvió a convocar a lasiguiente sesión el 9 de febrero.

A los 18 enjuiciados se les acusa de malversación de fondospúblicos, fraude a la administración pública, falsedaddocumental, prevaricación y fraude fiscal.

En este caso, el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin y suexsocio Diego Torres son los principales acusados, al encabezar elInstituto Nóos, dedicado a la organización de actividadesdeportivas y a través de las que se realizaron operaciones quedieron lugar a esos delitos.

En concreto se trata de actividades con los gobiernos de IslasBaleares, la Comunidad Valenciana y otros, a través de los que setransferían fondos públicos.

La hermana de Felipe VI está acusada como “cooperadoranecesaria” de dos delitos fiscales cometidos presuntamente poresposo en los años 2007 y 2008.

En el juicio realizado en la Escuela Balear de AdministraciónPública en Palma de Mallorca (en el Mediterráneo español),situada dentro del polígono industrial Son Rossinyol, la defensade la infanta, la fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron noenjuiciarla.

Por ello, el Tribunal admitió un informe de la AgenciaTributaria que presentó el fiscal Pedro Horrach, que la exonera delos delitos fiscales, y en su defensa alegó que “la únicarespuesta judicial posible” a la infanta es archivar laacusación en su contra.

Asimismo, el abogado defensor de la hermana del rey, JesúsMaría Silva, presentó otro informe que también fue admitido porel tribunal que rebaja en 50 mil euros la fianza de responsabilidadcivil de más de medio millón de euros que ya había depositado enel juzgado.

La defensa de la infanta también pidió le sea aplicada lallamada “doctrina Botín”, una jurisprudencia de 2007 a favordel entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, acusadojunto a otros directivos de la entidad de operaciones irregularesde crédito por una asociación de defensa de usuarios de labanca.

En ese caso, la Audiencia Nacional y después el TribunalSupremo avalaron que Botín no podía ser llevado a juicio si solola llamada acusación popular sostiene los cargos, pero no así nila Fiscalía ni la parte afectada (en ese caso Hacienda).

Para el caso de la infanta Cristina, ni la Fiscalía, niHacienda, ni la Abogacía del Estado la acusan de nada, y sólo laacusación popular del sindicato de extrema derecha Manos Limpiasle sostiene los cargos, por lo que en ese sentido su defensa pidese beneficie de esa jurisprudencia. ||Notimex||

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