El Estado chileno asumirá por primera vez la búsqueda de mil 469 detenidos desaparecidos durante la dictadura, anunció el presidente Gabriel Boric, para saldar una de las principales deudas de justicia a 50 años del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet.
Durante décadas, la búsqueda de los desaparecidos corrió a cargo de las familias, apenas hallando los restos de 307.
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“Esta cifra nos debe doler y hacer arder la sangre, porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad”, dijo el presidente, al lanzar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera iniciativa oficial de este tipo, y una de sus principales promesas de gobierno.
Boric firmó el decreto que oficializa este plan durante una ceremonia en las afueras del palacio presidencial de La Moneda, a la que asistieron ministros y familiares de las víctimas pero no las fuerzas opositoras de derecha.
A días de que se cumplan cinco décadas del golpe de Estado que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende y estableció los 17 años de dictadura de Pinochet, que encarceló, torturó y asesinó a miles de opositores, el oficialismo y la oposición se muestran divididos sobre cómo abordar este aniversario.
Con financiamiento estatal, el plan de búsqueda tiene como objetivo reconstruir el recorrido de las víctimas tras su detención y desaparición, garantizar el acceso a la información que aún pueda estar disponible o sin clasificar en archivos, causas judiciales y otras instancias, e implementar medidas de reparación.
La búsqueda ahora será un deber del Estado y no sólo de las familias, aseguró Boric, que emocionado reconoció que “la justicia ha tardado demasiado”.
En la elaboración del plan participaron los familiares de las víctimas, que después de años de denunciar abandono del Estado agradecieron el esfuerzo de Boric.
“Ningún otro gobierno tuvo esta voluntad política que era necesaria para que este calvario no sea solamente de los familiares, sino que de la sociedad completa y del Estado que hizo desaparecer a nuestros familiares”, dijo en la ceremonia Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La mayoría de los desaparecidos eran obreros y campesinos con una edad promedio de 29 años. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el alzamiento militar, el 11 de septiembre de 1973.
El principal obstáculo para encontrar hasta ahora a los desaparecidos ha sido la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que los familiares atribuyen a un “pacto de silencio”.
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A fines de los 90, los militares aportaron datos de unos 200 detenidos cuyos cadáveres, aseguraron, habían sido lanzados al mar. Sin embargo, algunos de esos restos fueron hallados en fosas comunes.
En 1990, cuando retornó la democracia, se instauró una Comisión de la Verdad que reconoció a las más de 3 mil 200 víctimas, entre muertos y desaparecidos. En 2003, se abrió otra Comisión oficial sobre prisión política y tortura, que reconoció a cerca de 38 mil torturados.
