/ lunes 20 de enero de 2020

Activismo climático enfrenta un año crítico

Ante las acciones contra el cambio climático, varios países optaron por el enfoque policiaco; en GB, Extinction Rebellion ya es situado junto al Estado Islámico

LONDRES. A la hora de lidiar con el aumento de las protestas pacíficas que pretenden llamar a la acción para abordar el cambio climático, la policía londinense se enfrenta a un dilema, según los expertos en derechos humanos.

Con las protestas violentas, “si alguien trata de golpearte por ser agente de policía, usas la fuerza para defenderte y el publico te apoya”, dijo Tobias Garnett, experto legal del movimiento de acción climática Extinction Rebellion.

Pero aunque las protestas multitudinarias del año pasado por el grupo activista en Londres causaron inconvenientes, fueron mayormente pacíficas.

Además, sus miembros no se dejaron disuadir por los arrestos en gran escala o por la prohibición de las concentraciones en octubre, que fue revocada más tarde en los tribunales. “Extinction Rebellion es un desafío sin precedentes para la policía”, dijo Garnett, diciendo que se trata de un gran número de personas “dedicadas a un tema, preparadas para que las arresten y, sobre todo, totalmente no violentas”.

Esa inquietud puede ser una de las razones por las que el grupo apareció en una guía elaborada por la policía antiterrorista británica sobre cómo detectar a los seguidores de ideologías extremistas.

El documento sitúa a Extinction Rebellion junto a organizaciones que van desde Estado Islámico hasta grupos neonazis.

Rob Cooper, jefe de policía jubilado de Devon que ahora participa en Extinction Rebellion, calificó la categorización como “absolutamente desproporcionada”.

“Extinction Rebellion no es un riesgo para el público. Pero la inacción del gobierno en materia de cambio climático es un gran riesgo para el público”, dijo. “Si se tomaran el tiempo de reflexionar sobre por qué está protestando Extinction Rebellion, de qué trata esta emergencia climática, verían que lo que estamos tratando de hacer es totalmente apropiado”.

Dirigentes de la policía de Londres y otros, como el exjefe del programa antirradicalización Prevent, desautorizaron rápidamente la inclusión del grupo en la guía señalando que era un error.

Sara Khan, que dirige la Comisión de Lucha contra el Extremismo del gobierno, dijo en un comunicado que la guía sería retirada. Sin embargo, la secretaria de Interior británica, Priti Patel, insistió en que era importante que el gobierno evaluara “una serie de riesgos de seguridad”.

A pesar del giro de 180 grados, esto sugiere que “la mentalidad policial sigue siendo la de tratar de encontrar maneras de prevenir, suprimir y castigar a cualquiera que se enfrente al cambio climático mediante una protesta pública seria”, dice Philip Alston, presidente del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York.

El incidente también plantea interrogantes sobre el tipo de reacción al que los grupos de protesta contra el cambio climático, incluyendo los huelguistas escolares inspirados por la adolescente sueca Greta Thunberg, tendrán que enfrentarse.

Alston dijo que el año 2020 será “un año decisivo” para el movimiento.

Los incendios incontrolados en Australia y otras pruebas de las crecientes amenazas climáticas significan que existe una “profunda conciencia de que es ahora o nunca” en los esfuerzos por convencer a los líderes mundiales de que pongan freno al cambio climático.

Sin embargo, en vista de la negativa a actuar de países emisores clave como Estados Unidos y Australia, “la única opción que parece seguir sobre la mesa son las protestas públicas”, que probablemente aumenten este año, según Alston.

En respuesta, los gobiernos, desconcertados por el tamaño de las protestas o ante las presiones para minimizar las molestias a la ciudadanía, están buscando maneras de limitar o controlar las manifestaciones, según dijeron los expertos en derechos humanos.

El estado australiano de Queensland aprobó en octubre pasado una nueva ley para ampliar las facultades de la policía en materia de registro de activistas, un “camino peligroso” a ojos de los sindicatos, que consideran que se puede extender este sistema a todo tipo de huelgas.

Los parlamentarios discutieron, pero rechazaron, las enmiendas que exigen penas de prisión para los reincidentes en las protestas y prohíben las reuniones destinadas a bloquear el flujo de tráfico.

Además, varios estados de Estados Unidos aprobaron leyes que criminalizan las protestas contra oleoductos y gasoductos de combustibles fósiles.

En Reino Unido, la policía presentó cargos contra más del 95% de los mil 100 activistas de Extinction Rebellion arrestados durante las protestas de abril, una tasa inusualmente alta, dijo el abogado del grupo, Garnett. Extinction Rebellion pide que Reino Unido reduzca sus emisiones de dióxido de carbono a un nivel cero en términos netos para el año 2025. Acusa al gobierno de invertir grandes sumas de dinero en proyectos de combustibles fósiles que son inconsistentes con sus objetivos medioambientales.

Garnett dice que los manifestantes londinenses son “extremadamente afortunados de vivir en un país donde, cuando se infringen derechos, hay tribunales independientes capaces de remediarlo”.

LONDRES. A la hora de lidiar con el aumento de las protestas pacíficas que pretenden llamar a la acción para abordar el cambio climático, la policía londinense se enfrenta a un dilema, según los expertos en derechos humanos.

Con las protestas violentas, “si alguien trata de golpearte por ser agente de policía, usas la fuerza para defenderte y el publico te apoya”, dijo Tobias Garnett, experto legal del movimiento de acción climática Extinction Rebellion.

Pero aunque las protestas multitudinarias del año pasado por el grupo activista en Londres causaron inconvenientes, fueron mayormente pacíficas.

Además, sus miembros no se dejaron disuadir por los arrestos en gran escala o por la prohibición de las concentraciones en octubre, que fue revocada más tarde en los tribunales. “Extinction Rebellion es un desafío sin precedentes para la policía”, dijo Garnett, diciendo que se trata de un gran número de personas “dedicadas a un tema, preparadas para que las arresten y, sobre todo, totalmente no violentas”.

Esa inquietud puede ser una de las razones por las que el grupo apareció en una guía elaborada por la policía antiterrorista británica sobre cómo detectar a los seguidores de ideologías extremistas.

El documento sitúa a Extinction Rebellion junto a organizaciones que van desde Estado Islámico hasta grupos neonazis.

Rob Cooper, jefe de policía jubilado de Devon que ahora participa en Extinction Rebellion, calificó la categorización como “absolutamente desproporcionada”.

“Extinction Rebellion no es un riesgo para el público. Pero la inacción del gobierno en materia de cambio climático es un gran riesgo para el público”, dijo. “Si se tomaran el tiempo de reflexionar sobre por qué está protestando Extinction Rebellion, de qué trata esta emergencia climática, verían que lo que estamos tratando de hacer es totalmente apropiado”.

Dirigentes de la policía de Londres y otros, como el exjefe del programa antirradicalización Prevent, desautorizaron rápidamente la inclusión del grupo en la guía señalando que era un error.

Sara Khan, que dirige la Comisión de Lucha contra el Extremismo del gobierno, dijo en un comunicado que la guía sería retirada. Sin embargo, la secretaria de Interior británica, Priti Patel, insistió en que era importante que el gobierno evaluara “una serie de riesgos de seguridad”.

A pesar del giro de 180 grados, esto sugiere que “la mentalidad policial sigue siendo la de tratar de encontrar maneras de prevenir, suprimir y castigar a cualquiera que se enfrente al cambio climático mediante una protesta pública seria”, dice Philip Alston, presidente del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York.

El incidente también plantea interrogantes sobre el tipo de reacción al que los grupos de protesta contra el cambio climático, incluyendo los huelguistas escolares inspirados por la adolescente sueca Greta Thunberg, tendrán que enfrentarse.

Alston dijo que el año 2020 será “un año decisivo” para el movimiento.

Los incendios incontrolados en Australia y otras pruebas de las crecientes amenazas climáticas significan que existe una “profunda conciencia de que es ahora o nunca” en los esfuerzos por convencer a los líderes mundiales de que pongan freno al cambio climático.

Sin embargo, en vista de la negativa a actuar de países emisores clave como Estados Unidos y Australia, “la única opción que parece seguir sobre la mesa son las protestas públicas”, que probablemente aumenten este año, según Alston.

En respuesta, los gobiernos, desconcertados por el tamaño de las protestas o ante las presiones para minimizar las molestias a la ciudadanía, están buscando maneras de limitar o controlar las manifestaciones, según dijeron los expertos en derechos humanos.

El estado australiano de Queensland aprobó en octubre pasado una nueva ley para ampliar las facultades de la policía en materia de registro de activistas, un “camino peligroso” a ojos de los sindicatos, que consideran que se puede extender este sistema a todo tipo de huelgas.

Los parlamentarios discutieron, pero rechazaron, las enmiendas que exigen penas de prisión para los reincidentes en las protestas y prohíben las reuniones destinadas a bloquear el flujo de tráfico.

Además, varios estados de Estados Unidos aprobaron leyes que criminalizan las protestas contra oleoductos y gasoductos de combustibles fósiles.

En Reino Unido, la policía presentó cargos contra más del 95% de los mil 100 activistas de Extinction Rebellion arrestados durante las protestas de abril, una tasa inusualmente alta, dijo el abogado del grupo, Garnett. Extinction Rebellion pide que Reino Unido reduzca sus emisiones de dióxido de carbono a un nivel cero en términos netos para el año 2025. Acusa al gobierno de invertir grandes sumas de dinero en proyectos de combustibles fósiles que son inconsistentes con sus objetivos medioambientales.

Garnett dice que los manifestantes londinenses son “extremadamente afortunados de vivir en un país donde, cuando se infringen derechos, hay tribunales independientes capaces de remediarlo”.

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