/ miércoles 24 de julio de 2019

Alertan riesgos si Guatemala se convierte en tercer país para migrantes

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo que Guatemala no puede garantizar condiciones mínimas ni para su propia población

Guatemala "no reúne las garantías mínimas" para albergar a los migrantes en espera de respuesta a su pedido de asilo a Estados Unidos, por lo que firmar un acuerdo en ese sentido sería "catastrófico" para un país marcado por la pobreza y la exclusión, dijo este miércoles a Efe una directiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La directora de Cejil para Centroamérica y México, la ex fiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz, argumentó que "el Estado de Guatemala no puede garantizar condiciones mínimas a su propia población", menos aún al "flujo de poblaciones" migrantes que buscan establecerse en Estados Unidos.

Guatemala "no tiene un sistema para el trámite de las solicitudes de asilo que podría contener o gestionar las decenas de miles de casos que llegarían", precisó Paz y Paz, una experta en derecho penal que fue la primera mujer en ejercer como fiscal general (2010-2014) del país centroamericano.

Tampoco reúne "las condiciones mínimas de seguridad, pues desafortunadamente operan en Guatemala redes dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, y las poblaciones que están solicitando asilo serían muy vulnerables", añadió.

Elementos de la Marina arribaron a las inmediaciones del río Suchiate, para vigilar y contener el paso irregular de migrantes desde el sur / Foto: AFP

En ese escenario, el establecimiento en Guatemala de los migrantes mientras esperan la respuesta de Estados Unidos a su pedido de asilo "agravaría la situación de exclusión y de pobreza" en el país centroamericano, lo que sería "catastrófico", dijo Paz y Paz.

La posibilidad de que Guatemala y Estados Unidos acuerden convertir al territorio guatemalteco en un llamado "tercer país seguro", es decir, que albergue a migrantes mientras las autoridades estadounidense procesan sus pedidos de asilo, ha generado un choque entre la Corte de Constitucionalidad y el gobierno del presidente, Jimmy Morales.

En respuesta a un amparo, el Constitucional emitió una resolución el pasado 14 de julio en la que previene a Morales de que para asumir la decisión en nombre del Estado de constituir a Guatemala en un tercer país seguro debe cumplir con la Constitución, que señala que es el Congreso el que aprueba y ratifica convenios.

Morales atacó esa resolución el martes al presentar un recurso para revertirla, y en un mensaje a la Nación dijo que lo actuado por la máxima corte atentaba "contra de la Constitución y el mandato presidencial" y ponía "en riesgo" la relación de Guatemala con Estados Unidos.

LA GN se ha posicionado en las márgenes del río Suchiate / Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

El mismo martes el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Guatemala con imponerle "aranceles, impuestos a las remesas, o todas esas opciones juntas" tras lamentar que decidiera "romper el acuerdo" para "la firma del necesario" convenido "de tercer (país) seguro".

A juicio de la directiva de Cejil, una organización no gubernamental consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ni Morales ni Trump están tomando en consideración "las condiciones de Guatemala, que no daría garantías para los refugiados a la espera del trámite de la solicitud de asilo".

"Definitivamente no están considerando ni la situación actual de los migrantes ni las consecuencias catastróficas que tendría para el país la suscripción de un acuerdo de esta naturaleza", sostuvo Paz y Paz.

La directiva de Cejil, un ente que también es consultor ante la ONU y la Comisión Africana de Derechos Humanos, tildó de "imperativo que todos los poderes en Guatemala respeten las condiciones básicas del Estado de Derecho", y recuerden que "las decisiones de los jueces, de las cortes, se respetan, o de lo contrario se estaría en un desacato".

"La Corte (de Constitucionalidad) le ha señalado al Ejecutivo el camino que debería de seguir si persiste en su intención de suscribir este tipo de acuerdo, que ya he mencionado tendría consecuencias gravísimas para el país. Lo que debería de hacer es seguir esa ruta y no intentar desafiar una decisión de la Corte", añadió la ex fiscal general de Guatemala.

Guatemala "no reúne las garantías mínimas" para albergar a los migrantes en espera de respuesta a su pedido de asilo a Estados Unidos, por lo que firmar un acuerdo en ese sentido sería "catastrófico" para un país marcado por la pobreza y la exclusión, dijo este miércoles a Efe una directiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La directora de Cejil para Centroamérica y México, la ex fiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz, argumentó que "el Estado de Guatemala no puede garantizar condiciones mínimas a su propia población", menos aún al "flujo de poblaciones" migrantes que buscan establecerse en Estados Unidos.

Guatemala "no tiene un sistema para el trámite de las solicitudes de asilo que podría contener o gestionar las decenas de miles de casos que llegarían", precisó Paz y Paz, una experta en derecho penal que fue la primera mujer en ejercer como fiscal general (2010-2014) del país centroamericano.

Tampoco reúne "las condiciones mínimas de seguridad, pues desafortunadamente operan en Guatemala redes dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, y las poblaciones que están solicitando asilo serían muy vulnerables", añadió.

Elementos de la Marina arribaron a las inmediaciones del río Suchiate, para vigilar y contener el paso irregular de migrantes desde el sur / Foto: AFP

En ese escenario, el establecimiento en Guatemala de los migrantes mientras esperan la respuesta de Estados Unidos a su pedido de asilo "agravaría la situación de exclusión y de pobreza" en el país centroamericano, lo que sería "catastrófico", dijo Paz y Paz.

La posibilidad de que Guatemala y Estados Unidos acuerden convertir al territorio guatemalteco en un llamado "tercer país seguro", es decir, que albergue a migrantes mientras las autoridades estadounidense procesan sus pedidos de asilo, ha generado un choque entre la Corte de Constitucionalidad y el gobierno del presidente, Jimmy Morales.

En respuesta a un amparo, el Constitucional emitió una resolución el pasado 14 de julio en la que previene a Morales de que para asumir la decisión en nombre del Estado de constituir a Guatemala en un tercer país seguro debe cumplir con la Constitución, que señala que es el Congreso el que aprueba y ratifica convenios.

Morales atacó esa resolución el martes al presentar un recurso para revertirla, y en un mensaje a la Nación dijo que lo actuado por la máxima corte atentaba "contra de la Constitución y el mandato presidencial" y ponía "en riesgo" la relación de Guatemala con Estados Unidos.

LA GN se ha posicionado en las márgenes del río Suchiate / Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

El mismo martes el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Guatemala con imponerle "aranceles, impuestos a las remesas, o todas esas opciones juntas" tras lamentar que decidiera "romper el acuerdo" para "la firma del necesario" convenido "de tercer (país) seguro".

A juicio de la directiva de Cejil, una organización no gubernamental consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ni Morales ni Trump están tomando en consideración "las condiciones de Guatemala, que no daría garantías para los refugiados a la espera del trámite de la solicitud de asilo".

"Definitivamente no están considerando ni la situación actual de los migrantes ni las consecuencias catastróficas que tendría para el país la suscripción de un acuerdo de esta naturaleza", sostuvo Paz y Paz.

La directiva de Cejil, un ente que también es consultor ante la ONU y la Comisión Africana de Derechos Humanos, tildó de "imperativo que todos los poderes en Guatemala respeten las condiciones básicas del Estado de Derecho", y recuerden que "las decisiones de los jueces, de las cortes, se respetan, o de lo contrario se estaría en un desacato".

"La Corte (de Constitucionalidad) le ha señalado al Ejecutivo el camino que debería de seguir si persiste en su intención de suscribir este tipo de acuerdo, que ya he mencionado tendría consecuencias gravísimas para el país. Lo que debería de hacer es seguir esa ruta y no intentar desafiar una decisión de la Corte", añadió la ex fiscal general de Guatemala.

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